Expertos y activistas se muestran preocupados por la enorme cifra que recibirán tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como la Dirección de Contrainteligencia Nacional.

Caracas. “El camino de la Revolución pacífica y democrática está vulnerado, está amenazado”. Frases como estas las ha pronunciado en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro, quien por lo visto está convencido de que su Gobierno enfrenta conspiraciones y complots internos y externos, y para neutralizarlos decidió destinar casi 14 millardos de bolívares no solo a los organismos de inteligencia sino a formar nuevos agentes.

La información figura en el presupuesto nacional de 2017 que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le aprobó al Ejecutivo en diciembre, al arrebatarle esa potestad a la Asamblea Nacional (AN) bajo la excusa del desacato a sus decisiones.

En el decreto-ley figura que la Vicepresidencia Ejecutiva destinará 10,9 millardos de bolívares a “preservar la estabilidad del sistema democrático mediante la obtención y procesamiento de información estratégica en materia de seguridad del Estado”. Aunque no se precisa el organismo que administrará esos recursos, al despacho que dirige Tareck El Aissami está adscrito el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Pero estos no son los únicos recursos que la Vicepresidencia destinará a las labores de seguridad nacional, pues también tiene reservados 1,1 millardos adicionales para la “creación de la Academia de Inteligencia y Contrainteligencia Libertador Simón Bolívar”, la cual se encargará de “la formación de funcionarios en el área de seguridad de la Nación”.

De acuerdo con el documento se formarán este año 400 funcionarios.

Por si esto fuera poco, el Ministerio de la Defensa destinará 1,5 millardos adicionales al “Sistema de Contrainteligencia Militar”, el cual tiene la tarea de realizar 12.749 operaciones. En el presupuesto de 2016, a la Inteligencia Militar se le asignaron originalmente 631,9 millones de bolívares, es decir, el aumento de un año a otro fue de más de 135 %.

El monto junto es casi la mitad de los 29 millardos que el Gobierno le adjudicó este año al Ministerio Público (MP) para adelantar la tarea de investigar cada delito que se comete en el país.

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En alerta

Los montos arriba señalados dispararon las alarmas en el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), desde donde atribuyeron el incremento a dos motivos: disuadir la protesta social y consolidar su control.

“El Gobierno sabe que este año va a ser muy sensible por el malestar social y quiere disuadir cualquier tipo de protesta, en particular la espontánea porque sabe que ella puede extenderse de manera incontrolable”, afirmó el coordinador general de la organización, Rafael Uzcátegui.

Y agregó: “Asimismo creemos que este es el presupuesto de la consolidación de la dictadura que nació el año pasado. El Gobierno sabe que debe llegar a 2018 a como dé lugar y sin elecciones; y para ello debe neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo su estabilidad y en el actual escenario eso es complicado”.

Por su parte, la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y Fuerza Armada, Rocío San Miguel, expresó su preocupación por el destino de los fondos:

“Un presupuesto de estas dimensiones requeriría de una ley que regule al sistema de inteligencia y contrainteligencia para acabar con la enorme discrecionalidad que hay hoy por hoy, la cual permite que la inteligencia no sea para el Estado sino para el Gobierno y muchas veces para una facción del Gobierno”.

Asimismo, cuestionó que se le dé tanto dinero a un organismo con un comportamiento tan cuestionable como el Sebin.

“Se le está dando mucho dinero y poder a Gustavo González López, quien no ha dudado en mantener en prisión a 18 personas, pese a las órdenes judiciales para liberarlo. Este personaje solo es comparable con Vladimiro Montesinos, quien también se puso por encima de los jueces y solo respondía a Alberto Fujimori”, expresó.

“Hemos visto como organismos de inteligencia le dan información al programa que tiene el diputado Diosdado Cabello, algo impensable en otros países”, sostuvo San Miguel.

En los últimos meses, el organismo de inteligencia ha sido señalado de participar en allanamientos y detenciones sin las respectivas autorizaciones de jueces.

De la misma manera ha citado a declarar a alcaldes y concejales, aun cuando esa es potestad del MP; y se habría orquestado con jueces para impedir las excarcelaciones de personas, como Coromoto Rodríguez, el jefe de escoltas del entonces presidente de la AN, a las que los fiscales ni imputaron ni acusaron de nada.

Eso sin contar que el Sebin es uno de los organismos que participa activamente en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales el año pasado habrían sido responsables de la muerte de 900 personas, según el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz.

Foto referencial: Angeliana Escalona


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