Familiares de los militares presos por razones políticas ejercieron derecho de palabra en plenaria. Denunciaron torturas y vejámenes a los que son sometidos ellos y los detenidos. Plenaria pidió a la Cruz Roja constatar la salud de todos los presos políticos venezolanos.
Caracas. El capitán de corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, recibió este martes el ascenso al grado de capitán de fragata, por decreto presidencial dictado por el presidente de la Asamblea Nacional y (E) de la República, Juan Guaidó.
Acosta Arévalo falleció este 29 de junio en el Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salías Sanoja (Hospitalito), cuando se encontraba en custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar al servicio de Nicolás Maduro. Su muerte se produjo presuntamente como resultado de las torturas a las que fue sometido desde su detención el 21 de junio, de acuerdo con la denuncia pública de su familia.
Este martes, Guaidó y la plenaria de la AN concedieron un derecho de palabra a los familiares de los militares presos políticos, quienes denunciaron las torturas físicas, vejámenes psicológicos y violaciones al debido proceso a los que son sometidos los oficiales desde el momento de la detención.
Los diputados, por su parte, reclamaron saber dónde están y cómo están los otros seis funcionarios detenidos entre el 21 y 22 de junio, señalados en la misma causa de un supuesto plan magnicida, junto con Acosta Arévalo.
Además, cuestionaron la imputación del cargo de homicidio preintencionado contra los dos soldados detenidos por el caso. Advirtieron que con esa imputación, la pena máxima de prisión sería hasta 5 años, de los cuales podrían terminar cumpliendo apenas 14 meses luego de las reducciones de ley.
Los diputados señalaron que los dos GNB detenidos no pueden ser los únicos señalados por el sistema de justicia ordinario por el crimen: deben incluirse todos los que vieron al capitán Acosta malherido y no hicieron nada, a quienes dieron la orden de torturarlo, al juez y al fiscal del caso por no haber escuchado su denuncia de haber sido torturado y a quienes lo secuestraron.
El acuerdo aprobado en plenaria sobre este punto responsabiliza a Maduro de dirigir cuerpos de seguridad que cometen violaciones de los Derechos Humanos; piden al Consejo de DD. HH. de la ONU designar una comisión especial que investigue las denuncias de tortura en Venezuela y la muerte de Acosta Arévalo; y que se aplique el Protocolo de Estambul para determinar si el resto de los detenidos con este funcionario hoy muerto, también han sido torturados.
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