Según el coordinador del OVCS, Marco Ponce, las Raas —conformadas por los mismos vecinos— son las que están suministrando nombres a las FAES y a los colectivos paramilitares, para que hagan allanamientos en residencias donde viven personas que, supuestamente, han participado en manifestaciones.

Caracas. Habitantes de las zonas populares de Caracas que se atrevieron a participar en las protestas sociales y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, viven vigilados, señalados y perseguidos por vecinos que están aliados con la tendencia oficialista.

Esos vecinos son patriotas cooperantes, miembros de las UBCh, otros son de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), jefes de cuadras, los consejos comunales y, ahora, son de las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (Raas), a las que el gobierno de Maduro les asignó tarea de seguridad.

Marco Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), fija su análisis en las RAAS. De acuerdo con lo que ha podido investigar, son estas redes las que pasan información a los grupos de «exterminio».

Se han incorporado al sistema de represión que Maduro está implementando en los barrios, para contener las protestas y el descontento popular, explicó.

Estas organizaciones, conformadas por los mismos vecinos, recalcó Ponce, son las que están suministrando nombres a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y a los colectivos paramilitares, para que hagan allanamientos en residencias donde viven personas que, presuntamente, han participado en las manifestaciones.

En esos allanamientos, hasta la fecha, han resultado asesinadas ocho personas, entre Caracas y Lara, afirma.

Civiles vigilando civiles

En  2017, bajo el panorama de las protestas, en zonas como Antímano, Caricuao, La Vega y El Valle, los oficialistas intentaron amedrentar a los vecinos y los amenazaban con quitarles las cajas del Clap, por haber tocado cacerolas y por  tener presencia en las protestas en contra del Gobierno.

Decían, ‘los que están guarimbeando que se olviden de las cajas’. Hubo reuniones incluso para hacer señalamientos. Fue tan directo que pensábamos que de verdad nos sacarían de la lista. No nos entregaron el beneficio por dos meses, luego una persona del consejo comunal nos incluyó y nos dijo que no nos metiéramos más en problemas, confirma una vecina del barrio El Carmen de Carapita, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a las represalias.

Vecinos de otras zona de Caracas dan cuenta del temor que estos grupos tratan de infundir en sus barrios. Los del Raas son personas que han crecido juntas en la comunidad, han jugado en las mismas canchas que todos, asistieron a las mismas fiestas de 15 años, compartieron meriendas. Sin embargo, debido a su filiación política, ahora «se han dado a la tarea de hacer una caracterización sociopolítica de los habitantes de su misma calle, van casa por casa y tienen datos precisos, incluso de las personas que se han ido del país«, comentaron varias personas a Crónica.Uno de manera anónima.

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Quitar la caja del Clap, como forma de represión civil, se reforzó con otra modalidad. Tras las protestas escenificadas a partir del 21 de enero —fecha cuando se conoció de un alzamiento militar en una guarnición de la Guarda Nacional Bolivariana (GNB)— habitantes de Petare, El Valle, La Vega, Carapita y El Amparo (Catia) se alzaron en manifestaciones simultáneas.

El reclamo no solo era para exigir la salida de Maduro, sino también servicios como agua, gas, luz, transporte, mejoras salariales, medicina y comida. Esta actuación le trajo noches de terror a la gente.

Los cuerpos de seguridad llegaron directamente a las casas de algunos líderes opositores y de vecinos que salieron a participar en las acciones de calle. Llegaron sin pérdida porque la gente del Clap y los militantes del PSUV dieron los nombres y sus direcciones. Esto fue una especie de cacería en contra de quienes expresaron su descontento por la situación actual, narró un testigo directo de los hechos.

La fuente narró a Crónica.Uno que la noche del 23 de enero varios jóvenes del sector salieron a la calle. «Protestaron porque están pasando hambre. Ellos también son víctimas de esta crisis». Al día siguiente, llegó un comando de las FAES a la zona y se llevó a varios detenidos. «Sabemos que fue una señora del consejo comunal quien pasó sus nombres”.

Otra vecina ofreció más detalles: las Fuerzas de Acciones Especiales apuntaron a la gente que se asomaba en sus puertas y ventanas. Los vecinos de la calle 8 y 9 estaban aterrados. «Nos decían que había toque de queda. A los muchachos que paraban en la calle les revisaban los teléfonos. Fueron a casas específicas de los que estaban protestando. Eso es muy malo, somos vecinos, ellos van a vivir toda la vida aquí. No entendemos por qué hacen eso.

Por esa razón no hubo participación masiva de las zonas populares durante la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el pasado miércoles 30 de enero.

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La gente se replegó en La Vega, por ejemplo, a pesar de que su concentración era para demandar agua. Lo hicieron por el despliegue de los funcionarios policiales, incluso en la parte alta de la parroquia, según pudo comprobar el equipo de Crónica.Uno que estuvo en la zona durante la manifestación.

En Coche, dirigentes vecinales que sí acataron la convocatoria fueron grabados y fotografiados por  personas que se trasladaban en motos, pero que igual son residentes de la comunidad, según denunciaron.

Un informe presentado el pasado 5 de diciembre  por la presidenta de la Red Sinergia, Deborah Van Berkel, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indica que desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad —en particular los servicios de inteligencia— han seguido empleando las detenciones arbitrarias e ilegales para intimidar y reprimir a cualquiera que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerado una amenaza para el Gobierno.

Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuran activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los Derechos Humanos, comunicadores sociales, médicos y militares.

Del 1º de agosto de 2017 al 30 de abril de 2018, ese organismo registró al menos 570 personas —incluidos 35 niños— detenidas arbitrariamente.

Durante las dos últimas semanas de enero de 2018, específicamente del 21 al 29, Foro Penal contabilizó 939 arrestos, 175 de ellos en Caracas.

A los que no se llevaron detenidos, aún están en el barrio, de bajo perfil en vista de los señalamientos. “Me tocaron la puerta para decirme que firmara una hoja renunciando a la caja y que si la quería debía dejar las protestas”, revela un habitante de Simón Rodríguez.

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“Me abordaron en la calle y me recomendaron que aconsejara mejor a mis dos sobrinos, que evitaran salir a las manifestaciones. Ahora estoy nerviosa por esos muchachos”, denuncia una vecina de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Sabemos que hay salas situacionales donde están incluso los que se han ido del país y a los que les han quitado las cajas. Tenemos el derecho a la protesta y a la asociación política, uno como líder vecinal lo sabe, pero a esa gente no le importa tocar a la familia. Estos días hemos visto en su máxima expresión la Operación Sapeo, explica un vecino de Antímano.

Nota: Para este trabajo todos los entrevistados accedieron a participar bajo la condición de no revelar sus nombres, pero sí las zonas donde viven.


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