Familiares de José Saldivia desmintieron que el joven haya fallecido. Saldivia y Alex González, dos de los 11 jóvenes de la UPEL que fueron imputados por el tribunal militar 5to de control de Maracay, a cargo del cnel. Edgar Volcanes, presentan cuadros febriles, dolores de cabeza y vómitos, que de acuerdo con sus familiares y un chequeo médico, corresponden a síntomas de la malaria o paludismo.

Maracay. Es absolutamente falso que mi hermano, José Saldivia, haya muerto de paludismo dentro de la cárcel de El Dorado, tal y como está circulando en las redes sociales, dijo categóricamente el profesor Abel Bandres, hermano del joven recluido en ese lejano centro penitenciario, luego de que el juez militar del tribunal 5to de control, coronel Edgar Volcanes, imputara a 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) núcleo Maracay en el estado Aragua, por los delitos de instigación a la rebelión, destrucción de fortaleza, violación de zona de seguridad y extracción de armas de la Fuerza Armada Nacional, tras un allanamiento al pedagógico de Maracay por parte de un grupo de encapuchados que ingresaron al recinto universitario la madrugada del 2 de julio.

Durante el fin de semana, los familiares de ambos estudiantes recibieron llamadas telefónicas advirtiendo del delicado estado de salud tanto de Saldivia como de González. Este 15 de agosto, el profesor Bandres confirmó que tanto su hermano como Alex González habrían contraido paludismo dentro de la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, durante su reclusión, que ya alcanza los 45 días.

En una mensaje de voz enviado por Bandres a los diferentes medios de comunicación social de la región, desmiente que José Saldivia haya muerto, sin embargo, corrobora que en efecto, tanto su hermano como el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL Maracay, Alex González, padecen de paludismo tipo vivax y requieren con extrema urgencia tratamiento médico.

Estado de salud de José Saldivia es delicado.

Bandres se trasladó hasta el estado Bolívar para tratar de gestionar el tratamiento médico que requiere su hermano. En medio de las penurias que significa un traslado desde Maracay hasta Tumeremo, el profesor logró gestionar ante un Centro de Diagnóstico Integral de la zona —con el apoyo del alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor— los medicamentos requeridos para el tratamiento del paludismo. En el centro asistencial le comunicaron que el tratamiento sería entregado directamente al médico o a la enfermera del penal, pero en horas de la tarde de este miércoles 16 de agosto, el personal médico de la cárcel no había recibido los medicamentos prometidos.

Luego de solicitarle al director del penal, me permitió hablar telefónicamente con mi hermano. Está muy débil, ha tenido fiebre y ha convuilsionado tantas veces que ya no recuerda cuántas. Sobre Alex, todo es muy confuso porque al parecer los resultados de las pruebas dieron negativo, pero mi hermano me asegura que ha tenido los mismos síntomas, dijo Bandres en un contacto telefónico con Crónica.Uno.

Reportes periodisticos ofrecidos por el diario Correo del Caroní, señalan que en el caso de González, los síntomas los viene padeciendo desde hace casi tres semanas aproximadamente, mientras que Saldivia presenta desde el jueves pasado un cuadro de vómito, dolor en los huesos y fiebre alta, al punto de haber llegado a convulsionar, sin que a la fecha hayan recibido la debida atención médica para su tratamiento, por lo que sus familiares exigen el urgente traslado a un centro hospitalario.

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González tendría los síntomas de paludismo desde hace tres semanas.

De acuerdo con la Organizacion Mundial de la Salud, hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, dos de ellas, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, las más peligrosas y cuyos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y escalofríos suelen aparecer entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito infectivo.

Es necesario resaltar que según el Boletín Epidemiológico No. 44 de 2014 del Ministerio para la Salud, para noviembre de ese año, 81 % de los 73.572 casos de malaria del país estaban concentrados en el estado Bolívar, 60 % en su municipio Sifontes, precisamente en donde está ubicada la cárcel de El Dorado.

Foro Penal Aragua solicita urgente traslado

Ante lo comprometida que está la salud de ambos estudiantes, el Foro Penal (FP) capítulo Aragua, solicitó por escrito ante el Juzgado de primera Instancia en funciones 5to de Control del Circuito Judicial de Maracay, a cargo del juez Edgar Volcanes, la realización de una evaluación médica de los dos jóvenes y el traslado inmediato hasta el Hospital Militar de la ciudad, con la finalidad de suministrarles el tratamiento médico necesario.

El abogado Daniel Merchán, miembro del FP en la región y uno de los defensores de los 27 jóvenes de la UPEL, ratificó a las afueras de los tribunales militares de Maracay, las solicitudes que ante esos despachos judiciales han formulado sobre el urgente traslado de los jóvenes José Saldivia y Alex González.

También hemos solicitado una vez más, que las causas que se le siguen a estos jóvenes sean unificadas de tal manera que sea un solo centro de reclusión, particularmente el ’26 de Julio’ en San Juan de los Morros, en donde permanezcan los 27 jóvenes, hasta que definitivamente se declinen las causas militares a la jurisdicción civil y tanto estos estudiantes como el dirigente de Tonny Real, sean liberados definitivamente.

Cabe recordar que en el estado Aragua, el tribunal militar 5to de Control lleva dos casos emblemáticos para la región: la imputación y reclusión de 27 estudiantes del Pedagógico de Maracay y del dirigente de Voluntad Popular Tonny Real, preso en la cárcel de San Juan de los Morros, estado Guárico.

Recientemente, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, anunció que el Ministerio Público revisará las 72 causas que están siendo llevadas por tribunales militares y solicitará que se declinen sobre justicia ordinaria.

Esto no es ninguna conquista de lo que significa el Estado de Derecho en Venezuela, cuando lo que establece el estamento jurídico vigente es que los civiles sean juzgados por tribunales ordinarios y no militares. Así que este anuncio no es ninguna hazaña ni conquista alguna, explicó Merchán.

Igualmente, rechaza la pretensión de elevar la pena máxima a 50 años de cárcel, cuando el propio Código Penal establece solo 30 años. Para el abogado, este anuncio es una nueva violación a los Derechos Humanos, a las leyes vigentes y un desafuero de la ANC, a la que califica de inconstitucional.

Incorporar los delitos de odio e intolerancia para seguir persiguiendo a ciudadanos, es difuso y carecen de bases claras para determinarlos. Solo se pretende castigar a tantos venezolanos que hoy sufren tras las rejas, producto de una sistemática y descarada violación de los derechos humanos en el país, concluyó Merchán.

Fotos: Cortesía



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