12 alcaldes han sido destituidos por las protestas en los últimos 3 años

David Smolansky se suma a la lista de cinco alcaldes condenados a 15 meses de prisión por el TSJ

Caracas. Con la destitución, inhabilitación y condena a 15 meses de prisión del alcalde de El Hatillo, David Smolansky, la persecución política del Gobierno a través de sanciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las principales autoridades municipales de la oposición se elevó a 12 funcionarios, desde que fueron electos en el 2013. Smolansky denunció que en las últimas dos semanas se registran 5 alcaldes destituidos, inhabilitados o presos.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, de un total de 77 alcaldes de oposición —electos en 2013— 34 han sido objeto de alguna arremetida del Gobierno.

Esto quiere decir que 44 % de las autoridades municipales adversas al Ejecutivo han sido destituidas de sus cargos, están en prisión, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país, fueron despojados de sus funciones o inhabilitados.

Los encarcelamientos y medidas del TSJ han generado reacciones de diversos sectores del país a escala nacional e internacional. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se solidarizó con el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, y del municipio El Hatillo, David Smolansky, debido a las sentencias del máximo juzgado que establecen una condena a 15 meses de cárcel para ambos.

Almagro rechazó las decisiones de la Sala Constitucional del máximo tribunal contra las autoridades regionales. “Mientras subsista la ruptura del hilo democrático en Venezuela, las autoridades regionales electas seguirán perseguidas y enjuiciadas”, sentenció.

Dirigentes y diputados de la Unidad, al igual que habitantes y trabajadores de la Alcaldía del municipio El Hatillo, expresaron su solidaridad con el alcalde.

Juan Andrés Mejía, María Corina Machado y Freddy Guevara ofrecieron breves discursos en los que ratificaron el apoyo de la coalición opositora a Smolansky y reiteraron que, pese a las persecuciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes piensen distinto, “no dejarán la lucha” hasta lograr la libertad de Venezuela.

Sostuvieron que el Ejecutivo ha perdido el apoyo popular y por eso la única arma que le queda es la fuerza y la represión. No obstante, están convencidos de que con la presión en las calles y el apoyo de la comunidad internacional, en el país se logrará restablecer el hilo democrático.

Smolansky se suma al grupo de alcaldes opositores en el país a los que la Sala Constitucional había amenazado con cárcel si no impedían los bloqueos de vías durante las protestas que enfrenta, desde hace cuatro meses, el presidente Nicolás Maduro.

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, calificó de “absurda” la condena contra su homólogo de El Hatillo. “Han buscado cualquier camino distinto a los legales para la salida de alcaldes de sus cargos. Ya 23 alcaldes han sido o están por ser destituidos. Se han destituido alcaldes de las ciudades más importantes del país, igual sucederá con los que estamos en esa lista”, agregó.

En menos de 15 días se han presentado destituciones, inhabilitaciones y prisión contra los principales titulares de las circunscripciones municipales que dictaminó el TSJ:

Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, fue sentenciado este martes 8 de agosto a 15 meses de prisión, junto con la destitución e inhabilitación política.

Gustavo Marcano, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería), también fue destituido de su cargo y le dictaron detención el martes 25 de julio.

Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren (Lara), fue sancionado el viernes 28 de julio a 15 meses de prisión más las accesorias de ley por la comisión del delito de “desacato”. A su vez, fue sancionado con el cese de sus funciones e inhabilitación política.

Carlos García Odón, alcalde de Mérida, fue sancionado el miércoles 2 de agosto,  a 15 meses de prisión  y se estableció como sitio de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La  Asociación de Alcaldes por Venezuela alertó que el Gobierno ha empleado “procedimientos inconstitucionales” para terminar, de manera anticipada, los mandatos de los representantes regionales.

Los alcaldes acusaron a la Sala Constitucional del TSJ de “deformar la figura del desacato”, a través de la realización de audiencias orales con imputaciones, alegatos, pruebas y sentencias en un solo acto, sin derecho a que estas puedan ser apeladas o revisadas por ninguna otra instancia.

12 alcaldes destituidos en tres años:

2017

1. David Smolansky, municipio El Hatillo, (Miranda)
2. Ramon Muchacho, municipio Chacao, (Miranda)
3. Gustavo Marcano, municipio Diego Bautista Urbaneja, (Anzoátegui)
4. Alfredo Ramos, municipio Iribarren, (Lara)
5. Carlos García Odón, municipio Libertador, (Mérida)

2014-2016

1. Enzo Sacarano, municipio San Diego (Carabobo), fue destituido en el 2014, referido a cumplir 10 meses y 15 días de prisión, el cese en el ejercicio de sus funciones y su trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde.
2. Daniel Ceballos, municipio San Cristóbal (Táchira), fue declarado culpable de “desacato” en el 2014 y se le condenó a pasar 12 meses tras las rejas, destitución e inhabilitación política.
3. Antonio Ledezma, Distrito Metropolitano, fue detenido en 2015 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El Ministerio Público (MP) lo acusó delitos de: conspiración y asociación para delinquir y se le asignó como sitio de reclusión Ramo Verde.
4. Lumay Barreto, municipio Paéz (Apure), fue destituida de su cargo en el 2015, tras la decisión del Concejo Municipal local, cuya mayoría oficialista declaró la falta absoluta de Barreto al “asegurar” que estuvo 15 días fuera de la jurisdicción.
5. Delson Guárate, municipio Mario Briceño Iragorry (Aragua), resultó destituido de sus funciones en el 2016, luego de que la Cámara Municipal solicitará al TSJ su inhabilitación por una “presunta incapacidad” para solventar las fallas de insalubridad en la jurisdicción.
6. Warner Jiménez, municipio Maturín (Monagas), fue relevado de su cargo el año anterior tras una orden de captura en su contra, la cual fue emitida por la Fiscalía General de la República, actualmente el funcionario se encuentra exiliado.
7. Antonio Goncalves del municipio Maturín (Monagas), quien asumiera el cargo de alcalde suplente, fue destituido en 2016 a solo tres meses después de su incorporación a la Alcaldía. La Cámara Municipal juramentó al concejal Wilfredo Ordaz por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Alcaldes que fueron demandados ante la Fiscalía General

• José Luís Machin, municipio Barinas.
• Ronald Aguilar, municipio  Antonio José de Sucre (Barinas).
• Ramón Rodríguez, municipio Bejuma (Carabobo).
• Alejandro Feo La Cruz municipio Naguanagua (Carabobo).
• Yovanny Salazar, municipio Chaguaramos (Guárico).
• Gerardo Blyde, municipio Baruta (Miranda).
• Juan Peña, municipio Alberto Adriani (Miranda).
• Omar Lares, municipio Campo Elías (Mérida).

Admisión de demandas por el TSJ

24 de mayo. La Sala Constitucional del TSJ admitió demandas contra 8 alcaldes opositores sobre intereses colectivos y acordó amparos constitucionales cautelares para que los burgomaestres “velen por la seguridad de sus municipios y el ambiente, los habitantes de estas áreas y cumplan con su labor”.

La sentencia N° 400 señala que además de los amparos cautelares solicitados, se ordenó a los alcaldes evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito. De ocurrir esta situación, la instrucción es proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a estas libres de barricadas.

En el texto se indicó que se impartan las pautas necesarias a sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y, en ese sentido, ordenen que se desplieguen las acciones preventivas y de control del delito.

El documentó recalca que, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el amparo cautelar debe ser acatado por los referidos alcaldes, “so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem”. Estas decisiones judiciales estaban dirigidas específicamente a cinco alcaldes mirandinos y tres merideños.

En Miranda las acciones involucran a Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta; José Luis Rodríguez Fernández, alcalde del municipio Carrizal; José Fernández López, del municipio Los Salias; Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo.

En Mérida los mandatarios son Juan Peña, alcalde del municipio Alberto Adriani; Carlos García, alcalde del municipio Libertador y Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías.

Smolansky en rueda de prensa rechazó las medidas “arbitrarias” por parte del ente rector de justicia.  “Hoy vemos como los alcaldes somos asediados, pues la descentralización le resulta incómoda a la dictadura, no hemos terminado nuestro primer período cuando ya al menos 8 alcaldes han sido destituidos, están en la cárcel o se encuentran en el exilio”.

31 Mayo. El órgano judicial admitió ante la Sala Constitucional la acción por “intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos” contra el alcalde del municipio Barinas del estado Barinas, José Luis Machín Macín.

1 Junio. El máximo juzgado aplicó el mismo procedimiento contra dos alcaldes del estado Lara. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta de los magistrados, admitió las demandas contra los alcaldes del municipio Iribarren, Alfredo Antonio Ramos Acosta y municipio Palavecino, José Antonio Barreras Blanco, ambos del estado Lara. Estos se unieron a la lista de 11 alcaldes opositores que actualmente enfrentan un proceso judicial.

La organización Transparencia Venezuela destacó en un comunicado las arremetidas en contra de los mandatarios regionales por parte del TSJ. La Sala Constitucional ha dictado 39 decisiones entre mayo y julio de este año, en las que amenaza a 14 alcaldes de la oposición con destitución y prisión.

Foto: Luis Miguel Cáceres