Autoridades colombianas anunciaron altas sumas de dinero para dar con los autores de la ola de violencia en la frontera, entre el 26 y 27 de octubre. Mientras que Cúcuta permanece militarizada, disminuye la movilidad en el paso entre Colombia y Venezuela.
San Cristóbal. Los enfrentamientos entre grupos irregulares por el control del territorio en la zona metropolitana del departamento de Norte de Santander, en la frontera colombo-venezolana, tiene en zozobra a la población por los ataques que ocurrieron entre el 26 y 27 de octubre, que dejaron más de cuatro personas heridas y dos fallecidos.
El experto en seguridad y excomandante de la Policía Nacional de Colombia, coronel retirado Carlos Villadiego, dijo que una de las principales causas del conflicto son más de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo, las cuales generan cuatro cosechas al año producto de las condiciones climáticas.
Desde este lugar, presuntamente “plagado de la pasta de coca”, se procesa el clorhidrato de cocaína que tiene como destino las islas del Caribe y Norteamérica, lo que trae como consecuencia que las bandas criminales luchen por el control del territorio para actividades como extorsión, secuestro o trata de personas.
“Ese control de la zona por parte de grupos al margen de la ley requiere una organización y una logística que en muchos casos se da desde los municipios cercanos como Ocaña, Cúcuta y regiones del territorio venezolano en una lucha que es a muerte”.
Según la Policía Metropolitana de Cúcuta existen más de 400 pasos ilegales que van desde Puerto Santander hasta Villa del Rosario, en la frontera. El control de estos lugares son cerrados, abiertos o cambiados de ubicación por parte de los grupos criminales.
Incrementa la violencia en frontera
Los hechos de violencia aumentaron con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, quien de forma reiterada mencionó no dar tregua a los grupos criminales especialmente en el eje fronterizo. Y en consecuencia la ciudad de Cúcuta se encuentra militarizada desde el jueves 29 de octubre.
El despliegue de las autoridades ocurrió luego del ataque explosivo en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, el 27 de octubre pasado, donde se encontraban al menos cuatro funcionarios policiales que resultaron heridos. Por varias horas el paso vehicular y peatonal estuvo restringido.
Ese mismo día fue asesinado Miguel Castellanos, exsecretario de la alcaldía de Cúcuta, quien tenía aspiraciones de ser alcalde de la capital del Norte de Santander.
A Julieta Tapias el mismo día luego de dejar a su hija en el colegio. La primera hipótesis de la muerte de la mujer fue un posible accidente de tránsito. Sin embargo, el informe forense determinó que habría sufrido tres impactos de bala, antes de estrellarse con su vehículo en el Anillo Vial, en Cúcuta.
Las últimas investigaciones determinaron que una persona, presuntamente en situación de calle, fue quien dejó los explosivos cerca del Comando de Atención Inmediata (CAI), muy cerca del puente, el hecho quedó grabado en una cámara de seguridad de la zona.
En consejo extraordinario de seguridad en la frontera el mandatario municipal ofreció una suma de 100.000.000 de pesos, o $33.000, por información de los autores intelectuales y materiales de ambos hechos de violencia que sacudieron a la colectividad en la frontera colombo-venezolana.
Por otro lado, el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, anunció una recompensa de más de 50.000.000 de pesos, o $16.000, a quien ofrezca información. Los oficiales heridos se encuentran estables.
Disminución de movilidad
Como consecuencia los venezolanos se niegan a viajar a Colombia. La preocupación de la movilidad también ocupa a las personas del interior de Colombia.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió no viajar hacia la frontera, este viernes, 30 de octubre. Sostuvo que en cualquier sitio podría estallar una bomba y recalcó que en la región no se han presentado hechos violentos ni amenazas por parte de grupos irregulares.
“Esto ha influido en el comercio, en las ventas de combustible y otros renglones económicos que tienen a la ciudad al borde de una crisis como nunca la habíamos vivido”, dijo Villadiego.
Por otro lado, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad tipo 4, el 29 de octubre, en la que solicitó a sus ciudadanos no movilizarse hacia el departamento de Norte de Santander y zona limítrofe con Venezuela, ya que podrían ser víctimas de ataques con drones y armamento con armas de largo alcance.
El analista internacional, William Gómez, dijo que producto de la violencia se disminuyó el número de venezolanos que se desplazan hacia Colombia a través de los puentes. Hace tres meses al menos 60.000 personas diarias pasaban por los cuatro puentes, actualmente el número se redujo a la mitad.
“Hay una reducción principalmente en el Simón Bolívar que es por donde pasa más de 70 %. El tachirense ya no quiere cruzar fronteras por el temor de la inseguridad”.
Otros hechos de violencia
El 31 de agosto pasado un taxi cargado de 80 kilos de explosivos estalló frente a la estación de policía en Los Patios. Un venezolano murió y 11 personas resultaron heridas, nueve de ellos eran civiles. Un policía perdió una de sus piernas.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por los organismos de seguridad, el taxi habría ingresado al país proveniente de Venezuela a través de la trocha Primero de Mayo.
La víctima quedó identificada como Jhon Endry Sandoval Sepúlveda, quien residía en el sector El Palotal, en San Antonio. Habría regresado de Chile, donde vivió tres años.
Durante el día Jhon laboraba como carpintero y por las noches prestaba servicio como delivery. Realizaba una encomienda en su motocicleta cuando, al pasar por el puesto policial, estalló el carro bomba. Dejó tres niños huérfanos.
Villadiego consideró necesaria una mayor cooperación con Venezuela, ya que ante la fluidez de los puentes internacionales como Simón Bolívar, Unión, Atanasio Girardot y Francisco de Paula Santander, los delincuentes operan y cruzan hacia lado venezolano para resguardarse.
“Mientras ellos tengan la manera de refugiarse allá, van a seguir planeando sus atentados y ejecutándolos acá y salir corriendo. Es importante aumentar los niveles de cooperación de ambas policías”.
El analista Gómez afirmó que a pesar de las mesas de diálogo con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, policías y otros organismos que se han adelantado, las mismas no han rendido fruto, ya que la violencia continúa y el temor crece en los habitantes.
“Los índices de inseguridad, de terrorismo, de acciones terroristas en la ciudad de Cúcuta no se detienen, lo que ocasiona un impacto en la fluidez y la dinámica fronteriza”.
