Los gobiernos que han tomado medidas contra los miembros del TSJ acusan a dichos funcionarios de cercenar la democracia con sus fallos y, por ello, esas acciones en la práctica los convierten en parias.
Caracas. Para 13 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es decir, para 40 % de los miembros del organismo, el mundo se les ha vuelto más pequeño en los últimos meses. ¿La razón? Las sanciones que una treintena de países de América y Estados Unidos han impuesto contra ellos en respuesta a los fallos con los que prácticamente liquidaron a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 y de paso le han permitido al Gobierno gobernar sin control.
Hasta ahora los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, de los 28 estados que conforman la Unión Europea, de Suiza y Panamá han adoptado medidas contra el presidente del máximo juzgado, Maikel Moreno, los siete integrantes de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Gladys Gutiérrez, Luis Damiani, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, y de los cinco de la Sala Electoral: Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhannett Madriz, Fanny Cordero y Christian Zerpa, de acuerdo con una investigación realizada por Transparencia Venezuela. Entre las sanciones figuran la anulación de las visas para visitar sus territorios o la prohibición de obtenerlas a futuro, así como la congelación de los fondos y bienes que pudieran poseer en esos países.
Las acciones contra los magistrados comenzaron a aplicarse paulatinamente. En octubre de 2016, el gobierno estadounidense notificó a los miembros de la Sala Constitucional, Arcadio Delgado y Carmen Zuleta, que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), los incorporó a su lista de funcionarios venezolanos castigados por atentar contra la democracia y los Derechos Humanos.
Para ese momento, el máximo juzgado, a través de sus salas Constitucional y Electoral, había dictado más de una veintena de sentencias contra la AN, con las cuales no solo anuló decisiones que había tomado —aprobación de leyes, rechazo a los decretos de Estado de Excepción o censura de ministros— sino que la había despojado de su mayoría calificada de dos terceras partes, bajo la excusa de que había sospechas de que en la elección de los cuatro diputados que representan al estado Amazonas se habían cometido irregularidades.
La negativa del Parlamento a acatar esta decisión, bajo el argumento de que los legisladores habían sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que solo la Cámara es la competente para “calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia” (numeral 20 del artículo 186 de la Constitución), ha sido la excusa esgrimida por el TSJ para despojar al organismo de casi todas sus funciones, alegando que se encuentra en desacato.
Pisando el acelerador
Sin embargo, fue en 2017 cuando Washington, el cual estrenaba gobierno, decidió engrosar la lista de sancionados. Así, en mayo de ese año el Departamento del Tesoro anunció los restantes cinco miembros de la Sala Constitucional y el presidente del TSJ también serían sancionados por “usurpar funciones” del Legislativo.
El pueblo venezolano está sufriendo de una economía colapsada causada por la mala administración y corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia del país han exacerbado la situación al interferir constantemente en la autoridad del Poder Legislativo”, justificó en su momento el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Meses después la Unión Europea (UE) y el gobierno suizo tomaron medidas contra Moreno también por las mismas razones y posteriormente lo hizo Panamá.
En mayo pasado Canadá fue el último estado en anunciar que prohibiría el ingreso de funcionarios judiciales venezolanos a su territorio y que les congelaría los bienes y cuentas bancarias que pudieran tener allí. En esa ocasión reveló que los cinco miembros de la Sala Electoral eran los últimos en ser incorporado a su lista negra.
A finales de diciembre de 2015, a días de celebrados los comicios en los que la oposición arrebató al chavismo la AN, la Sala Electoral interrumpió sus vacaciones por las fiestas navideñas y comenzó a recibir impugnaciones de candidatos oficialistas. El 30 de diciembre admitió una de esas demandas, la relacionada con el estado Amazonas; y ordenó a los diputados electos por ese estado no tomar posesión, pese a ya haber sido proclamados por el CNE.
Impacto mundial
Aunque, ciertamente, no conllevan al riesgo de terminar tras las rejas, las sanciones afectan seriamente a quienes son objeto de las mismas.
“Esta medida supone la muerte financiera de los magistrados”, afirmó el magistrado del TSJ en el exilio y experto en temas de narcotráfico, Alejandro Rebolledo, quien agregó:
“La lista OFAC se creó para evitar que personas sospechosas de actividades delictivas pudieran legitimar sus actividades en el sistema financiero de EE. UU., es decir, busca que personas que se cree tienen vínculos con el narcotráfico, terrorismo, la delincuencia organizada y las violaciones a los Derechos Humanos hagan negocios y tengan relaciones con bancos estadounidenses. Esta medida repercute en el resto del sistema financiero internacional, porque ningún banco en el mundo va a preferir tener negocios con una individualidad sospechosa que con los bancos de EE. UU. ni con sus familiares o cercanos”.
En similares términos se pronunció el penalista Fernando Fernández, quien declaró: “Toda empresa de EE. UU. o extranjera que opere en EE. UU. deberá informarle al Departamento del Tesoro de los vínculos comerciales o contractuales que pueda tener con estos funcionarios, pues los mismos podrían ser de interés en las investigaciones que se siguen contra ellos y de no hacerlo se expone a sanciones”.
Los oficiales, directores y agentes de instituciones financieras que participen en la violación de la lista OFAC pueden recibir penas de prisión hasta por 30 años y multas hasta por 5 millones de dólares, de acuerdo con la legislación estadounidense.
Foto referencial:AVN
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