2.935 niños, niñas y adolescentes no han podido cumplir con algún tratamiento, debido a que no se consigue el medicamento y el Ministerio para la Salud tampoco se los garantiza. Los administradores dicen que están excluidos de los Clap.
Caracas. 86 casas hogares que garantizan la crianza de 4.077 niños, niñas y adolescentes denunciaron que enfrentan dificultades para mantener los programas de salud y alimentación.
Leonardo Rodríguez, director de la Red de Casas Don Bosco, explicó que los encargados de casas hogares se han dirigido a los consejos comunales de sus zonas para incorporarse a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), pero la respuesta ha sido negativa, pues esta figura no contempla a este tipo de instituciones.
Estos hogares conformaron la Asamblea de Entidades de Atención y Programas de Protección a la niñez y adolescencia, creada a finales de febrero de este año para diseñar estrategias que permitan sortear la crisis actual.
Según este ente, 66,66 % de las casas hogares (53 centros) declararon que ha disminuido en cantidad y calidad el suministro de medicinas necesarias para garantizar la salud a los menores institucionalizados; mientras que 72 % de esta población (2.935 muchachos) no ha podido cumplir con alguna prescripción médica, debido a las escasez de fármacos.
De los niños y jóvenes que viven en casas hogares, 80 % (3.261) son atendidos en instituciones del sector privado que comparten los mismos problemas, y que no han recibido del Ministerio para la Salud garantía de acceso a los medicamentos.
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Las casas de hogares, según dijeron sus administradores, pidieron la realización de una mesa técnica para valorar el nivel de afectación de la infancia institucionalizada por la falta de tratamientos.
De hecho, Rodríguez precisó que en marzo y junio de este año se enviaron oficios al Ministerio de Alimentación, Salud, Defensoría del Pueblo y Viceministerio de la Suprema Felicidad, pero no se han obtenido respuestas.
Sin comida
No solo es la salud la que se ha visto vulnerada. 72,22 % (59 casas) de las entidades ha disminuido —en cantidad y calidad—, el suministro de comida necesario para garantizar un nivel de vida adecuado a la población atendida.
Además, se informó que el personal de estas instituciones ha descuidado su labor pedagógica para dedicarse a conseguir insumos.
Debido a la escasez, se ven obligados a acudir al mercado paralelo de alimentos, lo que ha descuadrado sus presupuestos y dificulta el trabajo contable y de rendición de cuentas por la ausencia de facturas.
Ante las quejas, William Gil, presidente de la Comisión de Familia de la AN, explicó que en dos semanas se tiene previsto presentar en plenaria el informe con la situación detallada.
El documento plantea la necesidad de crear un órgano rector que se encargue de la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Gil especificó que actualmente el Viceministerio para la Suprema Felicidad es el organismo encargado del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero hasta la fecha no ha planteado políticas ni programas dirigidos a resguardar esta población ni ha destinado recursos para disminuir los efectos de la actual coyuntura económica y social.
En el informe, que se discutirá en la plenaria del Poder Legislativo está previsto solicitar la interpelación de los ministros de Salud, Alimentación y de la viceministra de la Suprema Felicidad.
La exclusión de los Clap
La diputada Karin Salanova, presidenta de la subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, por su parte, denunció que el sistema de distribución de alimentos (Clap) excluyó a las casas hogares, internados y ancianatos.
“Al idear este mecanismo se les pasó por alto que en una institución donde viven 15, 20 o 60 niños no pueden abastecerse con una bolsa de comida”, dijo.
Salanova recordó que en el año 2015, cuando la situación aún no era tan crítica, el defensor del Pueblo se comprometió a garantizar alimentos y medicinas a estas dependencias: “Casi un año después, todavía no hay ninguna solución”.
Actualmente, la Asamblea de Entidades de Atención, junto con organismos multilaterales de protección a la infancia, está elaborando un estudio para analizar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados y sobre la forma cómo se está garantizando en estas entidades el acceso a medicamentos y alimentos.
Foto referencial: Cheché Díaz
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