Trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal se disputan los servicios, pues tienen convenios con funerarias. Es obligatorio enterrar a toda persona que fallezca por la COVID-19 en el cementerio municipal. Costos en funerarias para estas víctimas alcanzan hasta los 242 dólares cuando se elige enterrar a la persona.
San Cristóbal. La muerte en Venezuela también se ha convertido en un negocio del cual sacar provecho. En San Cristóbal, estado Táchira, los gestores pululan en el Hospital Central y en la morgue.
No falta quien vea en las tragedias un negocio. Un trabajador del Hospital Central de San Cristóbal, HCSC, que pidió mantenerse bajo anonimato, denunció que sus propios compañeros se pelean por los fallecidos, incluyendo los de COVID-19, pues tienen convenios con funerarias que les pagan una comisión de 50.000 pesos colombianos por cada venta de servicio que hagan, lo que equivale a 15 dólares.
Explicó que estos trabajadores fúnebres se la pasan en la emergencia del HCSC y en la morgue. “Ofrecen precios fantasmas, porque después empiezan a cobrarle de más a la familia, cuando ya tienen el cadáver en su poder”.
Comentó que hay una red completa de gestores, conocidos como “zamuros”, quienes hacen los trámites en todos lados. “Están en el hospital del Seguro, la morgue, incluso en el registro se oye de los famosos zamuros”.
Los servicios tienen su tarifa. El trabajador detalló que la oferta inicial es de 400.000 pesos (121 dólares, aproximadamente) y con ese precio se llevan el cadáver. Luego les dicen a los deudos que el papeleo sale en unos 80.000 pesos, 24 dólares, la preparación la cobran aparte y si es un paciente con COVID-19 les cobran otro precio por los trajes de bioseguridad. Todo esto lo dicen después de negociar con los parientes, no al momento del primer contacto. “A la larga vienen pagando de más, casi el doble”.
Este trabajador del HCSC hace un llamado a los organismos competentes para que investiguen la situación, pues vulneran los derechos de los familiares de los fallecidos. En medio del dolor, estas personas se aprovechan para sacarle el mayor provecho a la muerte de su ser querido.
De igual forma, pide que se verifique el método de protección de estas funerarias, pues al parecer no usan la debida seguridad para evitar ser focos de propagación de la COVID-19.
Difuntos de coronavirus tiene espacio en cementerio
En el cementerio municipal de San Cristóbal, ubicado en el sector de La Ermita, están inhumando los pacientes que fallecen a causa de la COVID-19. Por órdenes del “protector político” del estado, Freddy Bernal, los muertos por coronavirus deben ser enterrados en el municipio donde ocurrió el deceso.
Este camposanto de la capital del Táchira data de hace 164 años. Es el único cementerio público con el que cuenta la población y el habilitado para entierros COVID-19, es decir, quienes fallezcan por el virus y tengan parcelas en cementerios privados como el Metropolitano o el de Tucapé, no podrán ser trasladados hasta esas fosas, sino que son dispuestos en la parcela “de reserva” del cementerio municipal.
René Pérez, administrador del camposanto, perteneciente a la administración de la alcaldía capitalina, indicó que hay suficiente espacio para los fallecidos por COVID-19, mientras el alcalde, Gustavo Delgado, finiquita la compra de un terreno, el cual será dispuesto para los fallecidos por el virus.
Por ahora contamos con el espacio suficiente para solventar la situación. No hay ningún tipo de problema”, dijo Pérez.
Explicó cuál es el protocolo que se sigue cuando ingresa un fallecido por coronavirus. No se utiliza la puerta principal, pues el lugar donde son enterrados las víctimas del virus queda al lado de las parcelas comerciadas del camposanto, específicamente en la zona conocida como “reserva”.
Allí entierran en fosas de medio metro de profundidad al fallecido, bien sea en una urna sellada o en la bolsa biológica en la que son introducidos los cadáveres al salir de la sala de aislamiento.
Hasta el presente, Pérez contabiliza 15 entierros de pacientes COVID-19. Cuatro de ellos pertenecen a mujeres y once a hombres fallecidos en diferentes centros hospitalarios.
Indica que aquellos cuerpos enterrados en bolsas para cadáveres vienen así porque no tienen familiares o bien estos no quieren hacerse cargo de los gastos funerarios.
Los que vienen en ataúd es porque la familia los quiere enterrar así sea en espacios municipales, pero que vayan en un cajón. La familia hace el contrato con la funeraria y se encargan del papeleo”.
Destaca que cuando no tienen familiares, el Servicio de Medicatura Forense se encarga del papeleo del fallecido. Es decir, el médico en el área de aislamiento emite el certificado de defunción y va al registro para tramitar el acta de defunción y el permiso de inhumación.
Luego se les pide el apoyo a las funerarias para el traslado del cuerpo al cementerio y proceder a su sepultura. Tras dos años, los familiares del fallecido pueden solicitar la exhumación de los restos y trasladarlos al cementerio de su preferencia.
Costos
Romer Cañas, presidente de la Cámara de Funerarios del estado Táchira, explica que las funerarias deben hacer su estructura de costos antes de prestar un servicio en casos de fallecidos por COVID-19, pues no solo es el traslado del cuerpo, sino todo el protocolo al que deben someterse antes, durante y después de tener contacto con el cadáver.
Un muerto COVID con cremación debe estar por el margen de los 550.000 pesos (167 dólares) y el entierro en unos 800.000 pesos (242 dólares). Esto sería con una buena estructura de costos con el que no se arriesgue a nadie y para que las cosas salgan bien”.
Cañas comenta que una bolsa para cadáver y un biotraje tienen un costo de 20 dólares cada uno. Señala que, hasta ahora, los hospitales o clínicas ponen la bolsa, mas no el biotraje de seguridad, el cual corre por cuenta de la funeraria que va a prestar ese servicio.
Añade que no solo es el biotraje. Sobre este va una bata quirúrgica, la cual se descarta al saber que no se tendrá más contacto con el cadáver. Posterior a ello, se realiza un proceso de desinfección del traje y del vehículo usado para el traslado. “Ese traje se puede usar cuatro veces como máximo”.
Explica que la urna es la misma que para cualquier fallecido, pero dentro del ataúd va el cuerpo dentro de la bolsa biológica. “Se baja la tapa y no se abre más”.
Indica que es difícil para los familiares no volver a ver a su difunto. Narra que algunos se molestan con los trabajadores de las funerarias, puesto que tienen la orden expresa de no abrir la bolsa o el ataúd. “También entienden, porque es una cuestión de seguridad, pero no es nada fácil, porque están perdiendo un ser querido. Hay que ponerse en los zapatos de ellos”.