Los parientes de las personas privadas de libertad se movilizaron desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde introdujeron un documento para, entre varias peticiones, solicitan que se investigue a Julio García Zerpa, titular de la cartera.
Caracas. Desde Plaza Venezuela hasta El Rosal marcharon los familiares de los presos políticos. Con un tirro negro en sus labios simbolizaron el silencio que producen las muertes de privados de libertad bajo custodia del Estado.
Delante de la movilización llevaban un féretro hecho de cartón y pintado de negro, al cual le pusieron los nombres de los detenidos que murieron en los centros de detención de Venezuela.
Así caminaron por lo largo del bulevar de Sabana Grande, mientras algunos ciudadanos veían asombrados las pancartas, como si no conocieran las denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos de los familiares de los presos políticos. Pero, por otro lado, hubo ciudadanos que expresaron su apoyo a la movilización, desde los comercios que tenían música a todo volumen.
La manifestación simbólica estuvo acompañada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes a la altura del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, trataron de impedir que los parientes hicieran una parada bajo el argumento de que se trataba de zona de seguridad.
Sin embargo, los familiares insistieron y frente al Sebin, donde fue asesinado el exconcejal Fernando Albán, en octubre de 2018, por funcionarios de este cuerpo del Estado, hicieron un minuto de silencio.
Esta movilización ocurre un día después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informara que entre el 19 y 22 de mayo, “300 personas serían puestas en libertad”. Entre ellas los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, presos luego de los hechos del 11 de abril de 2002.
Ante lo dicho por el diputado, los parientes de los presos políticos exigieron la liberación de todos, bajo la consigna “no son 300, que sean todos”. La organización Justicia, Encuentro y Perdón aseguró que en el país hay, al menos 654 presos políticos.
El Foro Penal venezolano informó que desde el 18 de mayo hasta la mañana de este miércoles se confirmaron 24 excarcelaciones. Entre ellas se registra la libertad bajo medidas cautelares de la adolescente, de 16 años, Samantha Hernández, y la de Merys Torres de Sequea, una mujer de la tercera edad, madre del capitán Antonio Sequea, quien está preso en Rodeo I.
#ATENCIÓN | No son 300. Nuestra organización mantiene un registro de 654 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Presentar esta medida como un gesto de reconciliación nacional constituye una afrenta para las víctimas y sus familias. La excarcelación… pic.twitter.com/FKpjusVU6R
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 19, 2026
Destitución del ministro
Una vez frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en El Rosal, los familiares entregaron un documento en el cual exigen principalmente la destitución del ministro Julio García Zerpa.
“En dos años de su gestión ha sido manchada de sangre, ha sido cómplice hasta del Dgcim para torturar. Desde octubre de 2024, que estuvimos aquí por primera vez, denunciamos que usan al Sesmas para torturar y delinquir, y el ministro no hizo nada diferente para que eso cambiara, por eso exigimos su destitución inmediata y una investigación independiente, para que él con sus influencias no tenga acceso a la misma”, dijo Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, quien se encuentra privado de libertad en la cárcel del Rodeo I.
Baduel, quien es vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), añadió que García Zerpa es cómplice de la tortura que se comenten en los centros de detención. Familiares y diversas ONG han denunciado sobre abuso sexual, desnudez, electricidad en genitales, asfixia, violencia psicológica, aislamiento, entre otros tratos crueles, de la que son víctimas los presos políticos.
Además, recordó que deben avanzar las investigaciones por la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, a quien su madre, Carmen Teresa Navas, buscó durante 16 meses y las autoridades venezolanas le negaron información sobre el sitio de reclusión y su estado de salud. Hasta que el 7 de mayo pasado el Ministerio para el Servicio Penitenciario confesó, en un comunicado, que estaba muerto desde julio de 2025.
Y 10 días después murió Carmen Teresa Navas. Su nieto Sebastián Quero, contó a Crónica Uno, que hasta este miércoles las autoridades no han ofrecido información sobre la muerte de Víctor Hugo. “Desde el día de la exhumación no hemos sabido”.
El joven, quien acompañó la movilización, confesó que la muerte de su tío fue “muy impactante” para él, por las condiciones “macabras” en las que se desarrolló todo.
Defensoría del Pueblo
Durante la marcha silenciosa, Andreína Baduel dijo que a tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo no les permitieron la entrada en Rodeo I, este miércoles. Asegura que es otra muestra de que el ministro García Zerpa no quiere colaborar con las investigaciones.
En las adyacencias de Rodeo I un grupo de familiares de los privados de libertad se mantiene en pernocta desde el 8 de enero pasado, luego de otro anuncio del diputado Rodríguez sobre excarcelaciones.
Durante cuatro meses en pernocta incrementaron sus denuncias sobre torturas en este centro penitenciario y exigen la presencia de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Cruz Roja Internacional.
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