Los conductores acudieron al Ministerio Público por sexta vez, en menos de dos años, para exigir que se pronuncie sobre las 48 unidades que permanecen retenidas desde la campaña electoral de 2024, bajo acusaciones de terrorismo que consideran desproporcionadas.
Caracas. Edgar Jiménez ha ido seis veces, en menos de dos años, al Ministerio Público desde que su unidad de transporte fue retenida el 4 de julio de 2024, en el marco de la campaña electoral. Este miércoles, 25 de febrero, acudió nuevamente sin ser atendido.
Al igual que él otros 47 conductores más tienen retenidos sus vehículos, luego de trasladar a ciudadanos a las concentraciones opositoras. Lo que para ellos fue un contrato de su servicio se transformó en una confiscación de bienes, que inició bajo la figura de sanciones administrativas.
De 48 camioneticas al menos 12 permanecen en estacionamientos policiales de Caracas.
Este miércoles los afectados se concentraron frente a la Fiscalía, en Parque Carabobo, para presentar una denuncia y exigir la devolución de las unidades de transporte.
Sin embargo, las autoridades se negaron a recibir el documento porque “no están recibiendo correspondencia” por el momento. Y les dijeron que “quizás” lo hagan la próxima semana.
En octubre de 2024 introdujeron su reclamo por primera vez, sin recibir respuesta, y en mayo de 2025 acudieron nuevamente a la Fiscalía, tras cumplirse el plazo de 90 días de las sanciones iniciales.
“La medida que nos están imputando no tiene base legal. Pedimos que se cumpla la Ley de Amnistía por igual”,
dijo Jiménez.
El transportista relató que ha formulado tres denuncias para exigir la devolución de las unidades. La primera fue en julio de 2024, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide; la segunda en la Defensoría del Pueblo y la otra en el Seniat.
Miedo a la denuncia
Los conductores temen declarar ante los medios de comunicación o firmar un documento. Uno de los choferes confiesa, bajo anonimato, que le da miedo ser detenido. “Prefiero quedarme en la calle y solventar de otro modo”.
A pesar de que algunos afectados cuentan con órdenes de entrega de las unidades, desde agosto de 2024, las unidades siguen bajo custodia del Estado.
Además, aseguran que vieron algunas de las camioneticas retenidas con logotipos de instituciones públicas.
“Yo no había denunciado el secuestro de mi unidad por miedo, pero ya es momento de hacerlo”,
relató otro de los afectados.
Opacidad
Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi en Caricuao, denunció que los documentos que les entregaron las autoridades están incompletos, lo que deja a los propietarios en un vacío procesal porque ni siquiera conocen el número de expediente de las causas.
“Cuando acudimos al Ministerio Público, el caso no existe en expediente; tampoco figuran nuestras denuncias”,
sentencia.
Para Jimenez, se ha vulnerado el debido proceso y el derecho al trabajo de los choferes. Además, critica que la Ley de Amnistía no esté siendo objetiva, al ignorar la confiscación de bienes por parte del Estado. “Necesitamos que se escuchen nuestros casos y que tengamos respuestas”.
Retención indefinida
Lo que inicialmente se planteó como una sanción de tres meses se convirtió en una incautación indefinida. Jiménez detalla que las autoridades nunca han citado a los propietarios ni les han permitido defenderse en las audiencias.
”Nuestros casos fueron asignados al fiscal Luis Ernesto Dueña, quien hasta hoy no nos atiende. Nos remitieron a la Fiscalía 59 (con competencia en terrorismo) con María Gabriela Franco, y seguimos sin respuesta. Somos unos fantasmas”.
Mientras los nombres de los fiscales rotan de una oficina a otra, las unidades de transporte acumulan polvo y deterioro en los estacionamientos judiciales, bajo una etiqueta de “terrorismo” que los conductores rechazan por ser desproporcionada y meramente política.
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