El operativo militar que se desplegó en Las Claritas y el kilómetro 88, sectores mineros del estado Bolívar, mantienen en tensión a la población, mientras persiste el silencio del Estado.
Ciudad Guayana. ¿Qué es lo que realmente ocurre al sur del estado Bolívar? En medio de incertidumbre y desinformaciones que se divulgaron en redes sociales, Crónica Uno confirmó que desde la mañana de este martes, 9 de junio, se dio un despliegue militar en el kilómetro 88 y Las Claritas, en el municipio Sifontes.
El fin sería neutralizar a grupos irregulares de la zona, entre cuyos líderes figuran Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como “negro Juancho”, y Yohan José Romero, apodado “Johan Petrica”.
Los habitantes de sectores cercanos al kilómetro 88 y Las Claritas reportaron la movilización de cuerpos de seguridad y sobrevuelos de helicópteros, al tiempo que mencionaban desalojos en las minas.
La incertidumbre creció por la difusión de videos en redes sociales, algunos verídicos, pero otros que no correspondían a Venezuela o que se publicaron en otras fechas.
Una fuente cuyos hijos laboran en la zona (Km. 88) dijo desconocer si realmente hubo “bombardeo” en alguna mina, como se dijo en redes sociales. “Ellos no están en la mina y no me pudieron confirmar si realmente hubo un tiroteo. Ellos están en resguardo porque la zona está alborotada”.
Por su parte, fuentes ligadas al operativo militar negaron que en estas acciones están involucradas fuerzas militares norteamericanas. Esto, a propósito de una desinformación del día anterior, relacionada con la llegada de inversionistas estadounidenses a la estatal Minerven, en el municipio El Callao. Si bien es cierta la presencia de estos inversores, portales usaron como foto referencial una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba la presencia de vehículos militares estadounidenses.
Testimonio desde la zona
Una persona consultada en el área, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, describió un escenario que se vive en la zona.
“La presencia de helicópteros ha sido constante durante gran parte del día. La población permanece atenta a lo que ocurre y existe preocupación por el desarrollo de los procedimientos en sectores cercanos a las comunidades”.
Se conoció que algunas agencias de transporte y viajes en Brasil suspendieron temporalmente las salidas desde y hacia Santa Elena de Uairén. Un operador consultado por Crónica Uno admitió que esta medida obedece a la situación en las zonas mineras.
Asimismo, trascendió que una comisión mixta estaría trasladándose desde Caracas para reforzar el operativo militar.
¿Quiénes son los líderes negativos de la zona?
Juan Gabriel Rivas Núñez, apodado “negro Juancho”, figura como uno de los principales líderes de estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal de oro en Venezuela. Durante años, su nombre se asocia al control de territorios mineros en Las Claritas y el kilómetro 88, en el municipio Sifontes.
De origen colombiano y posteriormente nacionalizado venezolano. Vivía en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, cuando llegó a Bolívar a trabajar como batero en la minería artesanal. Poco a poco cobró fuerza hasta convertirse en líder negativo del Km. 88 y Las Claritas.
Fue detenido en Brasil a finales de 2023, tras una solicitud de extradición de Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo fallo se le acusa la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado y tráfico de materiales estratégicos
En mayo de 2025, medios brasileros reportaron la fuga de Rivas Núñez, al lograr burlar el sistema de monitoreo electrónico de la prisión de Boa Vista con la ayuda de un doble.
“La fuga fue descubierta cuando equipos del Centro de Monitoreo Electrónico (CME) de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía del Estado Roraima (Sejuc) acudieron a la casa de Juancho el 10 de mayo. La vivienda se encuentra en el barrio de Paraviana. una de las zonas más acomodadas de la capital, y la intención era reemplazar el monitor electrónico de tobillo que utilizaba para cumplir su arresto domiciliario. Sin embargo, el dispositivo estaba siendo utilizado por otro hombre con características físicas similares a las de juancho”, reseñó el portal GP1 de Brasil.
También tiene antecedentes por homicidio y ataques a comunidades indígenas.
Otro de los líderes negativos que figuran en el pranato minero es Yohan José Romero, apodado “Johan Petrica”. Autoridades estadounidenses y organismos de investigación lo señalan como uno de los presuntos fundadores y principales dirigentes del Tren de Aragua. Es uno de los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en julio de 2024.
“Uno de los cofundadores y lugarteniente más cercanos de Niño Guerrero, Yohan José Romero (alias “Johan Petrica”), es responsable de las actividades mineras ilegales del grupo en Venezuela. Además, Johan Petrica proporciona al Tren de Aragua armamento militar utilizado para controlar las calles de Venezuela y combatir a la guerrilla colombiana. El 11 de julio de 2024, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena de Johan Petrica”, reseña el Departamento del Tesoro.
Respuesta a presiones políticas
La ONG SOS Orinoco se refirió a los recientes hechos en el sur de Bolívar, afirmando que el conflicto no es un hecho aislado, sino “la expresión de un sistema de gobernanza criminal consolidado en el tiempo y promovido por el propio régimen de Maduro y Delcy Rodríguez, un ecosistema que hemos documentado detalladamente desde la creación del Arco Minero”.
“La presencia de grupos irregulares y sindicatos armados en Bolívar no es espontánea. Responde a una configuración de control territorial y complicidades, con distintos niveles de articulación, promovida y tolerada por el Estado venezolano”,
agregó la ONG.
Destacó, además, que este operativo ocurre en áreas estratégicas (Las Brisas – Las Cristinas) “con enormes reservas minerales y antecedentes de disputas legales internacionales. Esto evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio”.
SOS Orinoco advirtió que el principal riesgo es que se trata de una intervención centrada únicamente en la fuerza militar, sin un enfoque integral. En ese sentido, alertó que ello puede desencadenar en: desplazamientos masivos de población, agudización de la crisis humanitaria y violencia contra civiles inocentes.
La ONG exigió transparencia absoluta sobre el operativo militar en desarrollo, protección efectiva e inmediata a la población civil del sector, y una estrategia integral basada en DDHH y sostenibilidad ambiental.
