Mientras el Ejecutivo promueve discursos de conservación y rescate ecológico frente a la crisis climática, la falta de control en las zonas de extracción minera destruye los mismos ecosistemas que alimentan a los principales acueductos del país.
Caracas. A pesar de que a principios de año el Gobierno intentó implementar una política de “sembrar el agua” para recuperar las cuencas hidrográficas y aliviar al sistema Tuy, los grandes embalses del país están tan deteriorados por las actividades mineras que serán necesarias décadas de intervención para revertir el daño ecológico y mejorar su funcionamiento, advierten expertos.
El 23 de marzo pasado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instó a la población y a las instituciones del Estado, a conformar comités para atender la situación de las 151 cuencas hidrográficas del país con el objetivo de “sembrar el agua” y mitigar la crisis hídrica que afecta a millones de hogares.
Pocas semanas después, el 16 de abril, la mandataria firmó la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Minas, un instrumento legal que tiene por finalidad reorganizar el otorgamiento de concesiones, licencias y la fiscalización de la actividad minera en los estados del sur del país, como Bolívar.
Este vuelco normativo, y la entrega de licencias, ocurren mientras organizaciones ambientales denuncian que la profundización de este modelo extractivista podría agravar el impacto ecológico sobre las cuencas hidrográficas de la región.
Expertos consultados por Crónica Uno señalan que la deforestación descontrolada causada por la actividad minera, la falta de protección forestal y el desvío de aguas residuales evidencian las contradicciones de la gestión institucional. Al destruir los ecosistemas que rodean los acueductos, el Estado liquida el hábitat natural donde el agua inicia su proceso de purificación.
Como consecuencia, comunidades de la capital como la parroquia Coche, Sucre y Libertador reportan la llegada de agua con color, sabor inusual y exceso de partículas sólidas. Los expertos alertan que la intervención tan severa de la minería ilegal en los grandes embalses, reduce planes como la “siembra de agua” a estrategias con poco rigor técnico para revertir el daño ambiental.
Ecosistemas en ruinas
Según el informe de seguimiento de la crisis humanitaria compleja en Venezuela, publicado en 2025, de 17,8 millones de personas con severas restricciones de agua, 15,4 millones reportan agua contaminada, una condición que implica presencia de microorganismos, sedimentos o químicos fuera de los estándares de potabilidad establecidos para consumo humano.
Norberto Bausson, exvicepresidente de operaciones de Hidrocapital, explicó que los grandes sistemas nacionales de abastecimiento de agua, como el sistema Tuy, dependen de embalses alimentados por el escurrimiento de las cuencas de los ríos regulados. En la actualidad estas zonas registran una intervención severa que impide tratar adecuadamente la calidad de las fuentes en algunas regiones.
Eso significa que, aunque el daño ambiental posee un carácter reversible, su recuperación requiere de un plan que podría extenderse por décadas. El experto citó como ejemplo el caso del embalse de Camatagua. La contaminación de su cuenca y del propio río Guárico afectó directamente a esta infraestructura que representa la principal fuente de abastecimiento para Caracas y que surte al sistema Tuy III.
Para Bausson, la recuperación ecológica bajo el esquema institucional del Gobierno resulta cuesta arriba porque la solución exige que la empresa u organismo encargado de distribuir el agua asuma a la vez la responsabilidad jurídica de la cuenca.
“El planteamiento actual de una ley comunitaria introduce un conflicto de intereses al otorgar a los pisatarios de la zona la facultad de decidir sobre el manejo ambiental, una propuesta con pocas probabilidades de generar un cambio representativo”.
La corrección de las fallas en las cuencas para garantizar agua apta para el consumo humano y agrícola depende de una protección forestal óptima y de un ecosistema en equilibrio. A juicio del ingeniero, esto involucra la interacción natural de la fauna con el bosque, el control estricto de la minería y la reversión de las deforestaciones a través de planes técnicos de reforestación.
“La recuperación del sistema hídrico nacional es factible en un lapso de tres a cuatro años mediante una inversión estimada en 3000 millones de dólares. Este proceso requiere el cumplimiento estricto de la Ley de Licitaciones y la Ley de Contrataciones Públicas bajo criterios de competencia y transparencia, con la convocatoria de los profesionales más calificados”.
Colapso en las regiones
A finales de los años 90 el país contaba con una producción de 150.000 litros por segundo, mientras que en estos momentos la cifra ronda los 45.000 litros por segundo, detalló el ingeniero. Esta contracción operativa se traduce en crisis prolongadas por falta de agua.
El estado Sucre refleja el mejor ejemplo de la parálisis de los servicios públicos. En esa entidad los ciudadanos ya acumulan más de tres meses sin agua, tras el colapso del túnel trasvase del embalse Turimiquire.
Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, explicó que la reparación del túnel de Guacamán, una estructura por donde circulaban 5000 litros de agua por segundo, tuvo un lento avance, lo que provocó la persistencia de la emergencia hídrica para las familias sucrenses.
Aunque las autoridades asociaron el derrumbe a un movimiento telúrico, la data de Funvisis demuestra que no hubo ningún terremoto en esos días. El activista apuntó que la rehabilitación de esta infraestructura implica tiempo y dinero, pero la respuesta institucional ha sido nula y carente de protocolos de emergencia.
La avería afectó el paso de 5000 litros por segundo, lo que representa cerca de la mitad de la capacidad del sistema Turimiquire. Como consecuencia, el impacto recae entre 40 % y 50 % de los habitantes del estado Sucre. Medios regionales contabilizan más de 300.000 familias afectadas.
Armas precisó que las fallas del sistema hídrico se concentran en tres áreas. La primera corresponde a los sistemas de bombeo del área metropolitana. La segunda se ubica en los acueductos, con casos graves e icónicos en las conexiones con el estado Sucre.
Y la tercera abarca las plantas de tratamiento de agua, estructuras que requieren modernización y actualización. Datos recopilados por Monitor Ciudad han detectado que las fallas de distribución afectan con mayor fuerza a las zonas geográficas altas, como El Junquito, Los Samanes y San José.
Redes paralizadas e inversiones opacas
Armas indicó que el origen del problema radica en el estado operativo de los sistemas: el Tuy I no funciona, el Tuy II opera a menos de 50 % de su capacidad y el Tuy III trabaja casi 100 %, pero de forma intermitente. Para compensar la escasez en toda la ciudad, la hidrológica Hidroven realiza trasvases de agua desde el Tuy III hacia el Tuy II y el Tuy I.
Esta maniobra, según Armas, disminuye la presión en los tres sistemas y obstruye la llegada del recurso a los sectores altos, los cuales requieren mayor fuerza hidráulica debido a su altitud.
“A pesar del deterioro actual, el sector recibió millones de dólares en inversiones, recursos suficientes para construir un sistema más moderno. Sin embargo, el destino de esos fondos es desconocido. El caso más emblemático es el sistema Tuy IV, proyecto que contó con la aprobación de dos créditos adicionales, uno de ellos por más de 400 millones de dólares”.
Los análisis de los especialistas coinciden en que el rescate del sistema nacional exige un plan que cumpla con las leyes de contrataciones públicas. Sin embargo, advierten que este esfuerzo será inútil si el Estado no implementa un modelo descentralizado que acerque las soluciones a los municipios, detenga la destrucción ambiental en las cuencas y reincorpore la planificación con base científica en lugar de planes improvisados.
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