El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró que todos los venezolanos tienen derecho a exigirle al Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con sus obligaciones.
Caracas. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prohíbe las manifestaciones que alteren “el orden público” ha generado indignación en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así lo hizo saber su secretario ejecutivo, Jesús “Chúo” Torrealba.
“Emite una sentencia que prácticamente pretende amordazar y amarrar al país. Emite una sentencia que prohíbe la convocatoria, ya no la realización, de protestas ciudadanas, protestas populares”, apuntó este miércoles Torrealba en su programa radial La Fuerza es la Unión, donde también se refirió al caso de empleados públicos que han sido despedidos por el Gobierno luego de firmar a favor del referendo revocatorio presidencial, a quienes llamó “héroes civiles”.
Torrealba manifestó que el referido fallo del TSJ es abiertamente inconstitucional y subrayó que “no hay nada” por encima de la Constitución, la cual garantiza a los venezolanos la manifestación pacífica, el derecho a la libertad de tránsito y a la libre expresión.
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Agregó que el accionante, el procurador general encargado, Reinaldo Muñoz, no reúne los extremos de ley para ocupar ese cargo.
“Eso tiene una sola explicación: miedo. Miedo de la burocracia al pueblo, miedo de la cúpula corrupta al pueblo. A esa práctica, que ya la han venido haciendo, la criminalización de la protesta, la judicialización de la protesta, ahora quieren darle un barniz legal con una sentencia del TSJ”, sostuvo.
Asimismo, expresó que dicha decisión no frenará las protestas de todos los venezolanos: “La verdad verdadera es que esto va mucho más allá de una agresión a la oposición política. Esto va mucho más allá de una agresión a los diputados o a los dirigentes de la oposición. Esto es contra el pueblo, porque aquí lo que viene es candela, es enea. ¿Y a qué me refiero cuando digo que lo que viene va a ser muy duro? Me refiero al desastre económico del Gobierno”.
Calificó como “una actitud absurda, loca, suicida” el intento del Gobierno de “adelantar la Navidad” para aplacar la protesta. “En su inmensa ignorancia de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en los sectores populares, creen que adelantar la Navidad, si eso fuera posible, va a narcotizar la protesta, a tapar la protesta”, señaló, al tiempo que indicó que el efecto es contrario pues la población no podrá sufragar los gastos tradicionales para estas fiestas, lo que va a generar “frustración, rabia y molestia”.
Día de la tolerancia
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, afirmó que el dictamen desconoce los derechos del pueblo. A su vez, señaló que ningún magistrado, tribunal o poder público, está por encima de la Constitución: “Si tuviéramos un poder independiente, ya esos magistrados estuvieran juzgados”.
Aseguró que todos los venezolanos tienen el derecho de exigir que el máximo juzgado cumpla con sus obligaciones: “En el fondo sabemos que el TSJ está desconociendo derechos de los venezolanos. Los venezolanos no tenemos por qué acatar decisiones nulas, yo en lo personal no la acataré, esa sentencia no existe para mí. Es hora de ser firmes. Tenemos el derecho de exigir que el TSJ cumpla con sus obligaciones. Los magistrados son funcionarios que están ahí para cumplir la Constitución”.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Tolerancia, el gobernador estimó que las decisiones del organismo judicial no contribuyen en nada a acabar con la situación de conflictividad en Venezuela.
“En una sociedad en la que no se respeten las normas, se genera la anarquía. Y el TSJ no está respetando la Constitución. El gobierno quiere que Venezuela se convierta en Somalia”, dijo.
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Respeto al diálogo
Los acompañantes del diálogo nacional, Monseñor Claudio Maria Celli y los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) emitieron un comunicado a los integrantes de Gobierno y oposición que conforman la mesa de diálogo para que cesen las campañas de descalificaciones e irrespeto a las negociaciones planteadas el pasado 12 de noviembre.
“Hacemos un llamado a todos los miembros del diálogo para pedirles que cese la campaña de descalificaciones públicas que no contribuyen a la convivencia pacífica. Abogamos porque se imponga el respeto entre los poderes públicos, político y personal como único cauce racional para preservar el diálogo nacional y los compromisos adquiridos, que comprometen a los poderes públicos. Todo esto con el fin de preservar los logros que han construido conjuntamente y avanzar en la senda pacífica y constitucional que reclama la inmensa mayoría de los venezolanos”, reza el texto.
Foto referencial: Cristian Hernández
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