Pese a que el chavismo ha hecho de estos sucesos una bandera y una justificación para las intentonas golpistas de 1992, poco o nada ha hecho para castigar a los responsables de una de las peores masacres ocurridas en el país.
Caracas. 27 de febrero. Tal día como hoy tres décadas atrás, los venezolanos, pero en particular los caraqueños y los vecinos de ciudades satélites como Guarenas, se lanzaron a las calles en rechazo a las medidas de ajuste económico que el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez comenzó a aplicar, con la bendición del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las manifestaciones devinieron saqueos a comercios que se extendieron rápidamente y a las autoridades no se les ocurrió otra idea que recurrir al Ejército para restablecer el orden público.
Pese a que el chavismo ha hecho de estos sucesos una bandera y ha asegurado que los mismos fueron el catalizador para las dos intentonas golpistas que el fallecido Hugo Chávez encabezó en 1992, lo cierto es que más allá de declarar este como el “Día Nacional por el Respeto de los Derechos Humanos y del Poder Popular” poco o nada ha hecho no solo para castigar a los responsables de las muertes y desapariciones forzadas ocurridas entre finales de febrero y principios de marzo, sino para evitar que estos sucesos se repitan.
“Casi todos los casos están en fase preliminar y los que están en fase de juicio solo los reactivan cuando se acerca el aniversario, pero los juicios no terminan de arrancar”, se quejó Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), quien acusó a las autoridades de utilizar los hechos como una “bandera” política.
Solo uno de los más de 300 expedientes que reposan en el Ministerio Público está en fase de juicio, pero ese juicio, en el cual deberían sentarse al banquillo de los acusados el exministro de la Defensa de la época, general (r) Italo Del Valle Alliegro; o el exgobernador del extinto Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas; entre otros, tiene seis años esperando por comenzar.
Del caso del asesinato de Crisanto Mederos, el cual en 2007 fue declarado prescrito por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y siete años después fue reabierto por la misma instancia, tampoco se sabe nada y ello a pesar de que quien ocupa hoy la silla de fiscal general de la República, Tarek William Saab, fue antes defensor del Pueblo y comenzó su carrera pública como defensor de Derechos Humanos.
Hasta el momento, solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido el único juzgado en emitir un fallo en relación con los hechos y lo hizo en 2002, cuando, entre otras cosas, ordenó a las autoridades a indemnizar a unas 44 víctimas y sus familiares.
A la espera de justicia
Hoy, como todos los años, los familiares de los fallecidos y desaparecidos del llamado “sacudón” se congregarán en la iglesia de La Candelaria, en Caracas, donde se oficiará una misa en recuerdo a lo sucedido. Sin embargo, luego del acto, las víctimas agrupadas en Cofavic continuarán con la batalla que vienen librando desde hace tres décadas contra un Estado que al parecer pretende sepultar estos crímenes.
“Es muy triste que después de 30 años nuestros casos sigan en etapa de investigación y que ni siquiera tengamos una copia del expediente”, afirmó Aura Lizcano, cuyo hermano, José Miguel, salió el 28 de febrero de 1989 a jugar basketball con unos amigos en una cancha de La Cota 905 y más nunca volvió.
Pese al dolor y decepción que le deja ver que este y otros casos por estos hechos permanecen engavetados, Lizcano aseguró que seguirá con sus compañeros de Cofavic luchando no solo porque se sepa lo ocurrido en El Caracazo y se sancione a sus responsables, sino para evitar que otros sufran el mismo dolor que ella.
“El aprendizaje en Derechos Humanos que he tenido estos años y la posibilidad de llevarlo a las zonas populares es una gran satisfacción y motivación para mí”, remató.
Efectos al día de hoy
“El Caracazo pudo haber sido un aprendizaje para el Estado venezolano, pero no ha sido así”, afirmó Ortega, quien aseveró que el país habría podido ahorrarse en estos años mucha sangre y sufrimiento si las autoridades hubieran seguido las instrucciones que la Corte Interamericana le giró.
“La Corte estableció un camino para evitar que hechos así se repitieran, pero el Estado no le prestó atención, en especial en lo que tiene que ver con la conformación de policías civiles y retirar a los militares de las funciones de control de manifestaciones”, afirmó la activista, quien achacó a este incumplimiento el que en los últimos cinco años casi 300 venezolanos hayan perdido la vida durante la represión a las protestas.
Pero si los desacatos al juzgado con sede en San José (Costa Rica) han permitido que en el país se sigan viendo imágenes policías y militares usando armas de fuego para dispersar manifestaciones o empleando fuerza excesiva, la falta de castigo que rodea a todos los casos de El Caracazo ha sido el caldo de cultivo para la violencia que azota al país, de acuerdo con la directora de Cofavic.
“La impunidad ha tenido un impacto en las fuerzas policiales y militares, pues envía el mensaje de que se puede matar, desaparecer o torturar a una persona porque no va a pasar nada. La impunidad es un multiplicador de la violencia”, agregó Ortega.
Las estadísticas dan la razón a la activista, pues a comienzos de los años 80 el número de homicidios en Venezuela rondaba los 1300 al año, pero 20 años después, pasó a 13.000 y el año pasado cerró en casi 24.000, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Asimismo, el país registra un promedio de unos 1000 ajusticiamientos anuales cometidos por policías desde el año 2000, de acuerdo con los números que manejaba el Ministerio Público.
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