El rechazo judicial a la amnistía mantiene encarcelado a Misael Estrella, el preso político de mayor tiempo en Carabobo. Su madre, Ruth González, denuncia exclusiones discrecionales en la ley y advierte que su salud cardiovascular se deteriora ante la falta de decisiones.

Valencia. La promesa de la Ley de Amnistía se convirtió en otra espera para Ruth González. Tras semanas de gestiones fallidas, la exclusión de su hijo del beneficio la enfrenta de nuevo a un sistema que no ha respondido a sus reclamos.

Su hijo, Misael Estrella González, continúa siendo el preso político con más tiempo detenido en Carabobo, una carga que Ruth arrastra con dolor y que ha intentado revertir por todos los medios posibles. Ya perdió la cuenta de las diligencias realizadas. Ninguna ha dado resultado.

A lo largo de estos años ha escuchado promesas de libertad, pero esta vez creyó que la amnistía marcaría un punto de no retorno. El rechazo se dio en medio de cuestionamientos sobre la aplicación de esta ley, aprobada en febrero pasado por la Asamblea Nacional, para abarcar hechos políticos ocurridos entre 1999 y este año.

Aunque abogados y organizaciones lo consideran un preso político, la justicia venezolana responsabiliza a Estrella por la muerte de un funcionario policial durante el ejercicio de sus funciones.

Como en otros casos derivados de protestas, manifestaciones antigubernamentales en contextos de crisis económica y social, la imputación suele enmarcarse en delitos graves excluidos de la amnistía, como homicidio intencional, lo que limita el acceso a ese beneficio.

El 5 de septiembre de 2024 recibió una condena de 22 años y seis meses de prisión. Hasta la fecha no se ha hecho pública una versión detallada del expediente, el conjunto de documentos judiciales del caso, que permita conocer las pruebas valoradas por el tribunal.

Preso por protestar

La sentencia se originó tras una protesta ocurrida en la urbanización La Pradera, en el municipio San Joaquín, al oriente de Carabobo, una zona industrial con antecedentes de conflictividad social.

Como muchos otros ciudadanos, Misael salió a manifestar en medio de una de las etapas más críticas de la economía venezolana, marcada por hiperinflación, escasez de alimentos y pérdida del poder adquisitivo. Según su madre, no participaba desde la violencia, sino desde el agotamiento social.

“Misael tenía una hija recién nacida y estaba cansado de verla pasar hambre”,

recordó Ruth.

Durante aquellas protestas, una bala mató a un funcionario policial. En casos similares, las autoridades han sostenido que los manifestantes pueden tener responsabilidad directa o indirecta, una interpretación cuestionada por organizaciones de derechos humanos por la forma en que se construyen esas responsabilidades. Después de eso comenzó una persecución que terminó con Misael tras las rejas.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de 2026 excluye a personas procesadas o condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, corrupción, homicidio intencional, lesiones graves, narcotráfico o promoción de acciones armadas extranjeras.

Estas exclusiones, categorías legales que delimitan quién puede beneficiarse, han sido cuestionadas por organizaciones civiles al considerar que dejan fuera a parte de los detenidos por razones políticas.

Cifras versus realidad

Sobre este proceso, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró haber otorgado más de 8000 beneficios, medidas que pueden incluir excarcelaciones o revisiones de causas. Sin embargo, no ha publicado una lista detallada que permita identificar a los beneficiados ni las causas de sus detenciones.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha solicitado reiteradamente esa información. La ausencia de ese registro impide verificar el alcance real de la medida.

Mientras tanto, Foro Penal, organización no gubernamental que asiste a detenidos por motivos políticos, denunció a finales de abril obstáculos judiciales para aplicar la ley. La organización sostiene que actualmente hay 473 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Una parte de estos casos permanece sin sentencia firme, lo que evidencia retrasos procesales y uso prolongado de la prisión preventiva, mecanismo que permite mantener a una persona encarcelada mientras se desarrolla el juicio.

Misael Estrella también enfrentó esas trabas. Ruth González relató que el juez negó la medida de amnistía.

“Pasó igual que con los militares de Paramacay, un caso de detenciones tras un alzamiento militar en 2017. Ahora estamos esperando a ver qué sucede”, dijo.

Situaciones como esta han sido señaladas por ONG como ejemplos de aplicación restrictiva del beneficio. El irregular manejo del caso también ha golpeado severamente la salud de Ruth. En 2023 sufrió dos infartos graves y logró sobrevivir.

Los médicos le recomendaron llevar una vida tranquila y evitar sobresaltos. Pero ser la madre de un preso político ha resultado incompatible con cualquier recomendación médica.

Aunque visitar a Misael forma parte de su rutina, cada traslado implica un desgaste físico considerable.

Un dolor en el pecho

Hace poco sufrió además una angina de pecho, dolor torácico asociado a problemas de circulación en el corazón, recordatorio de que su salud sigue siendo frágil. Aun así, insistió en que continará “guapeando”, aunque sin abandonar tratamientos ni reposos.

Su voz transmite agotamiento. Ella misma reconoce que desde la detención de su hijo también se siente presa.

Todavía recuerda el día en que los funcionarios llegaron a su casa, capturaron a Misael y le colocaron una bolsa en la cabeza, práctica denunciada como trato degradante por organizaciones de derechos humanos. A pesar de su condición de salud, enfrentó a los policías y les dijo que estaba dispuesta a dar la vida por salvar a su hijo.

Además de Misael, los funcionarios detuvieron a sus otros dos hijos y los golpearon durante el operativo como mecanismo de presión. Ruth describe aquel procedimiento como una redada masiva en la que las autoridades necesitaban encontrar responsables sin importar las pruebas, operativos que suelen implicar detenciones múltiples en una misma zona tras hechos violentos.

Aunque la salud física de Ruth se ha deteriorado, la salud mental de Misael también muestra señales de desgaste. Su madre explica que se encuentra irritable y profundamente afectado por lo que considera otra demostración de las injusticias que sufren quienes se oponen al gobierno.

Sin amnistía

En medio de la frustración, Ruth continúa viajando a Caracas, capital del país y sede de los principales poderes públicos, para intentar conseguir respuestas. Ha acudido a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Asamblea Nacional, instituciones encargadas de protección de derechos, investigación penal y legislación, respectivamente. En todas ha recibido promesas, pero ninguna respuesta concreta.

Depositó gran parte de sus esperanzas en la comisión parlamentaria encargada de la ley, aunque ahora siente que jugaron con las expectativas de muchas familias.

Todo esto ha generado un desgaste evidente. Su voz se mantiene en un tono neutro, similar al de muchas madres que pasan años entre protestas, tribunales y oficinas públicas esperando la liberación de sus hijos.

Misael estuvo recluido inicialmente en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Mariara, y posteriormente fue trasladado a Güigüe. En un momento incluso recibió una boleta de libertad, orden judicial de excarcelación, pero horas después una apelación revocó la medida y destruyó nuevamente las expectativas de la familia.

El caso de Misael Estrella forma parte de los expedientes vinculados a las protestas antigubernamentales de 2017, ciclo de manifestaciones que dejó decenas de fallecidos y miles de detenidos, una etapa marcada por protestas, represión y numerosas detenciones en Carabobo. Organizaciones como Foro Penal han documentado la permanencia de presos políticos de larga data en la región.

Alivio a medias

Para Ruth, cada liberación representa sentimientos contradictorios. Siente alivio cuando otros recuperan la libertad, pero también dolor, porque cada excarcelación le recuerda la permanencia de su hijo en prisión y las desigualdades del sistema.

Aun así, continúa aferrada a la posibilidad de un cambio, especialmente después de los acontecimientos políticos ocurridos el 3 de enero que, según dice, reavivaron su esperanza.

A pesar de los anuncios oficiales sobre liberaciones, organizaciones independientes sostienen que la amnistía ha tenido un alcance limitado en casos asociados a delitos graves, lo que refuerza las críticas sobre su aplicación.

Mientras familias como la de Ruth atraviesan años de incertidumbre, el embajador venezolano Félix Plasencia calificó como “tonterías” las denuncias sobre arrestos arbitrarios y violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país. Estas declaraciones contrastan con reportes de organizaciones civiles y organismos internacionales que documentan detenciones por motivos políticos en Venezuela.

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