Tras 19 días a la espera de respuesta de la Defensoría del Pueblo, los familiares de presos políticos volvieron a esta instancia. Está vez fueron atendidos por un funcionario que aseguró que hay una comisión especial que atenderá sus casos.
Caracas. La exigencia de “más liberaciones” planteada este lunes, 4 de mayo, por los miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (ClippVE) parece haber encontrado un interlocutor dispuesto a escuchar: la Defensoría del Pueblo se comprometió a atender a los familiares y a servir de puente entre ellos y las instituciones del Estado.
El anuncio se produjo tras la protesta de esposas, padres, hermanas, madres e hijos frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, donde reclamaron que esta institución escuchara sus denuncias sobre el maltrato que sufren los presos políticos en cárceles como Yare, El Rodeo, el Fuerte Guaicaipuro y El Helicoide, donde todavía permanecen detenidos por razones políticas.
“Ellos se comprometieron a hacer reuniones por familiares de cada cárcel. Se comprometieron con los miembros del comité y esperamos que cumplan su palabra”, dijo Sairam Rivas, vocera del ClippVE, a la salida del encuentro con Ignacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría, quien bajó a atender a los manifestantes y se llevó a una pequeña comisión a su despacho para establecer este acuerdo.
Rivas precisó que la Defensoría atenderá también a familiares de presos con graves problemas de salud o adultos mayores que permanecen tras las rejas.
El compromiso
El funcionario que recibió a los manifestantes indicó que los casos se abordarán “de forma individualizada” y que se creó una comisión especial para “atender absolutamente todos los casos que están llegando”.
“En dos semanas, tenemos más de 200 casos que estamos atendiendo. Y estamos aquí, de parte de los lineamientos de la defensora Eglée Lobato para atenderlos con todo el cariño y decirles que esta defensoría está de puertas abiertas para todos ustedes”,
añadió.
Da Costa aseguró que buscan que cada caso tenga un defensor delegado asignado, con especialistas en cada materia, y que planean atender a los familiares para revisar las violaciones a los derechos humanos que denuncian.
Aunque los familiares valoraron la disposición mostrada por la Defensoría, recordaron que es la segunda vez en un mes que acuden ante esta instancia para denunciar “los tratos crueles e inhumanos” que, aseguran, sufren los presos políticos, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
Se mantiene el trato cruel
Massiel Cordones, familiar del sargento José Ángel Barreno Cordones, vinculado a la causa Gedeón, se preguntó por qué han pasado 19 días sin respuesta desde que presentaron ante la Defensoría denuncias sobre irregularidades y violencia contra presos políticos en El Rodeo I, Yare I y el Fuerte Guaicaipuro.
“Nos llama la atención que una institución que es la garante de preservar los derechos humanos todavía no se haya pronunciado. No nos han llamado y nosotros aquí dejamos nuestros teléfonos, mientras la arremetida contra los presos políticos continúa y esa fue la cruel realidad que vivimos en el Rodeo, donde el día 8 del mes pasado fueron vilmente golpeados unos extranjeros y los familiares venezolanos fueron acosados con gas pimienta y tuvieron afecciones respiratorias”, expuso.
Cordones recalcó en que la violencia contra los presos políticos persiste, pues son sometidos a abusos policiales que se extienden también a los familiares durante las visitas, quienes los ven a través de un vidrio, como si fueran criminales peligrosos.
“A ellos les prohibieron pasarnos información. La situación actual es que si ellos no cumplen el lineamiento e incumplen el protocolo le suspenden visitas. Aún hay extranjeros sin visitas de sus familiares, tienen prohibido conversar, todavía no tienen llamadas telefónicas y sabemos de ellos el día que nos corresponden la visita a través de un vidrio”, relató la familiar.
Añadió que muchos presos siguen sin defensa privada, con procesos judiciales atrasados e incluso condenas vencidas que no se han ejecutado.
“Nosotros no hemos tenido respuestas, y no las tenemos porque no nos han dicho nada (…)Allí se sigue viviendo trato cruel y trato inhumano, el simple hecho de que no les permitan una llamada, un abrazo, eso es tortura”,
enfatizó.
Más acompañamiento
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, destacó que los familiares continúan resistiendo y esperando respuestas positivas de las autoridades, pese a lo que consideró la “burla” que representó la Ley de Amnistía.
Insistió en que “tener a un familiar detenido en estas condiciones es muy fuerte, es necesario el respeto a los derechos humanos de los nuestros, que haya respuesta y garantías, que nos escuchen”.
En el caso de El Rodeo I, aún 30 familiares mantienen un campamento frente al penal, soportando condiciones hostiles para presionar respuestas, y solicitan apoyo de la sociedad civil para sostenerse.
El grupo lleva 116 días a las afueras del penal y asegura sentirse engañado y manipulado por el Estado. Detalló que esperan donaciones de carpas, toldos, alimentos y artículos de higiene personal para mantener el campamento.
Asimismo, pidieron a ONG y sociedad civil visitar el lugar para mostrar solidaridad y acompañar a quienes luchan por los presos políticos.
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