La Corporación Venezolana de Minería (CVM) impuso un cobro de 15 gramos de oro mensuales a comercios dedicados a la compra de mineral aurífero y casas de análisis.
Ciudad Guayana. Una cuota de sostenimiento de 15 gramos de oro mensuales fue lo que recientemente impuso la Corporación Venezolana de Minería (CVM) a comercios dedicados a la compra del mineral aurífero casas de análisis en el sur del estado Bolívar. Una medida que rechaza el sector minero y sobre la que advierten traerá un quiebre comercial y mayor informalidad.
El alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, cuestionó que la medida se impuso sin consulta previa con el sector minero ni con la autoridad municipal.
“Esa ley la discutieron en cuatro paredes con algunas alianzas; no la discutieron con los mineros, ni con los involucrados y mucho menos con el alcalde como primera autoridad del municipio”, denunció.
Asimismo, advirtió sobre el impacto económico y una mayor anarquía. “Yo tengo 300 compras en todo el municipio y 50 casas de análisis. Hay compras demasiado pequeñas que pagan un alquiler de 500 dólares mensuales y apenas recogen 10 o 20 gramos semanales. Esto va a quebrar al comerciante, va a hacer que cierren sus puertas”.
El documento de la CVM indica que esta cuota forma parte de un proceso de regularización y control de la actividad minera, y es un requisito para la certificación de los establecimientos. Sin embargo, el sector minero local denuncia que se trata de una doble carga tributaria, al sumarse a los impuestos municipales ya existentes.
“Tenemos 20 años desde la creación del Arco Minero, donde todo ha sido una anarquía, todo ha sido realmente un descontrol irregular de la minería. Esto se puede convertir en algo ilegal en las compras en estos municipios. Tiene que existir un centro de acopio donde los mineros puedan vender el oro al precio internacional, al precio como está, para que ese oro no se vaya por los caminos verdes”, advirtió.
Impacto social de la minería
Lugo aprovechó para cuestionar igualmente la recién aprobada Ley de Minas, de la que afirma no responde a la realidad local.
“Esto es más control que va a tener el Estado, pero aquí sigue la situación de zozobra. Entendemos que las reservas naturales son competencia del Estado, lo que está en el subsuelo, pero no hay que desconocer que el impacto social de esta minería lo pagan las alcaldías”.
Detalló que en El Callao, que de 25.000 pasó a tener 100.000 habitantes, colapsaron todos los servicios por el impacto del auge de la actividad minera, y no se da respuesta por parte del Ejecutivo regional y nacional.
“Lamentablemente aquí solamente se piensa es en el oro. El caso de ahorita es cuánto vas a pagar el minero, pero ¿qué dejas en el municipio? ¿Cuál es la ganancia que dejas para el municipio para mejorar los servicios? Ninguno”,
cuestionó el alcalde.
Comentó que aunque se habla de un fondo de 1 %, sigue la discrecionalidad del mismo.
“El impacto social es alarmante. Tenemos un hospital tipo I con una sola ambulancia, sin banco de sangre, con Rayos X dañado y quirófanos sin aire acondicionado”, denunció. En tema de vialidad, detalló que casi 500 camiones transitan diariamente por el municipio, deteriorando las vías, por lo que requiere 120.000 toneladas de asfalto.
Distorsión de la actividad minera
Para el ingeniero geólogo y dirigente social del municipio Roscio, Darío Graffe, la medida de la CVM solo generará informalidad y afectaciones a la economía local.
“En Guasipati, la CVM impone cobros en oro para comercializar. Más que regular, distorsiona la actividad y golpea la formalidad”.
Graffe planteó que la solución es institucional, “que Minerven compre a precio justo y con reglas claras”. Sin embargo, esta estatal también pasó a manos de la CVM.
El alcalde Coromoto Lugo reiteró que “más allá del control que debe tener el Estado, que estoy de acuerdo con que el Estado debe tener un control sobre los recursos naturales porque son recursos para el bienestar y allí es donde está la reserva del país, también debe existir un marco legal para favorecer a los municipios: la descentralización de servicios y la descentralización de recursos para estos municipios”.
Recordó también lo califica como un maltrato a los municipios del sur del estado Bolívar en lo que se refiere a programas de desarrollo minero: “Plan Caura, reconversión minera, siembra de oro, el arco minero. Todo eso ha sido sin una planificación de Estado para estos municipios”.
Lea también:
“Si en Tumeremo llegara el dólar en sencillo, desaparece el bolívar”