El abogado Leonardo Rodríguez Angola expresó que al Estado venezolano le importó poco la integridad de los niños, niñas y adolescentes luego del “traslado irresponsable” de reclusos a una unidad educativa.
Caracas. El Gobierno no puede ejecutar una actuación policial o militar al margen de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y pasar por encima del Interés Superior del Niño, criterio ya previsto en la legislación venezolana. Con este argumento, el abogado Leonardo Rodríguez Angola rechazó el traslado de un grupo de personas bajo prisión preventiva a las instalaciones del Colegio San Agustín de El Marqués, en el este de la ciudad.
En ese mismo sentido, Rodríguez Angola, quien es integrante de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (REDHNNA), resaltó que la decisión de tomar las instalaciones de un centro educativo, en el cual niños, niñas y adolescentes ejercen su derecho a la educación, para llevar a personas detenidas, constituye una falta a los propios principios de actuación de los funcionarios públicos.
Los artículos 9 y 14 de la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, exige a los funcionarios públicos respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas en el marco de sus actuaciones.
También los obliga a poner por encima de cualquier acto administrativo la protección de los derechos humanos de las personas administradas. Esto incluye el Interés Superior del Niño, contemplado en el artículo 8 de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).
Privados de libertad en el Colegio San Agustín
Padres, madres y representantes alumnos del Colegio San Agustín El Marqués, en el municipio Sucre, denunciaron que la madrugada de este martes, 28 de noviembre, trasladaron a esta institución a una serie de reclusos del centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que queda justo detrás del colegio. Los denunciantes insistieron en que no fueron notificados con antelación, ni les avisaron del traslado luego de haber llevado a sus hijos al recinto esa mañana.
Por una foto en un grupo de WhatsApp que compartió una vecina de El Marqués, fue que conocieron que en el Colegio San Agustín El Marqués había decenas de privados de libertad esposados y acompañados por funcionarios de la PNB y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) armados en la cancha de fútbol del plantel.
Inmediatamente, esto generó alarma entre los representantes, quienes acudieron después de las 7:15 a.m hasta el colegio para retirar a los estudiantes, pero este no fue el caso de todos. Cerca del mediodía todavía se acercaban muchos padres para buscar a sus hijos porque se enteraron tarde o porque su sitio de trabajo queda lejos del centro educativo.
Tal como le pasó a Susana*, que se enteró dos horas después de la ola de mensajes que se difundían por WhatsApp, y regresó aterrada y lo más rápido que pudo para buscar a su hija.
Se desconoce el motivo real del traslado para actividades con los reclusos, y tampoco ninguna autoridad del Estado ha dado información oficial acerca del alcance y duración del procedimiento.
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Derechos vulnerados
A juicio de Rodríguez Angola, con el traslado al Colegio San Agustín El Marqués se vulneraron al menos cuatro derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese centro educativo asisten más de 1000 estudiantes, desde preescolar y quinto año de bachillerato.
Entre los derechos vulnerados están el derecho de protección; a la educación –porque éste se vio interrumpido– y el derecho a la integridad, ya que había reclusos y custodios armados en un espacio que debería considerarse seguro para las infancias. Destacó que hasta donde se conoce, en el colegio se llevó a cabo una actividad administrativa de tipo penitenciaria, –que ni siquiera es un operativo de seguridad–, por lo que es un “traslado irresponsable”.
“Al Estado venezolano le importa poco la integridad de los estudiantes que están allí porque, por supuesto, estos presos estaban acompañados de los custodios”.
Varias madres que conversaron con Crónica.Uno temían que dentro del recinto pudiera ocurrir una balacera con los niños presentes, o que uno de los menores de edad fuera tomado como rehén producto de alguna situación irregular.
Rodríguez Angola añadió que este tipo de acciones también puede dar paso a la estigmatización de los niños que estudian en esa institución, porque se puede crear una idea falsa de están en un colegio donde no hay seguridad para sus estudiantes, o se genere la idea falsa de que la población penitenciaria se puede mezclar con estudiantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos contra cualquier forma de estigmatización, según el artículo 65 de la Lopnna.
Intentos por sacar “ Zona 7”
Zona 7, como antes se le conocía a los calabozos de la PNB en Boleíta, ha sido un motivo de angustia por muchos años tanto para los residentes de El Marqués, como para los padres y madres que tienen a sus hijos en el Colegio San Agustín.
Graciela Contreras, vecina del sector, contó que desde hace al menos siete años han tratado sacar Zona 7 de la comunidad porque representa un riesgo para todos, por lo que espera que las autoridades puedan finalmente trasladar a los reclusos de la PNB hacia otro lugar lejos de allí.
“Hasta que no suceda una desgracia en El Marqués, no van a cerrar ese centro”, expresó.
Este año en ese centro de detención se han presentado varios eventos que mantienen en alerta a los habitantes de la zona. El 23 de julio se fugaron siete reclusos y dos días después hubo un intento de motín porque presuntamente los detenidos exigieron ser trasladados a centros penitenciarios. Según ha reseñado la ONG Una Ventana a la Libertad, en ese calabozo, con capacidad para 200 personas, conviven hacinados más de 900 reclusos.
(*) Se modificó el nombre por medidas de protección de la fuente
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