Especialistas abogan por acompañar flexibilización de sanciones con mecanismos de contraloría

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Marianella Herrera pidió a los tomadores de decisiones del sector público y privado discutir y acordar formas para que el ingreso y distribución de recursos sea transparente. Luis Pacheco pronosticó que si se levantaran las sanciones hoy, Venezuela podría elevar su producción en 200.000 barriles en año y medio.

Caracas. Los académicos Marianella Herrera, José Ignacio Hernández y Francisco Rodríguez coincidieron en plantear la necesidad de que cualquier acuerdo para la flexibilización de sanciones, impuestas en contra de Pdvsa por el departamento del Tesoro de EE. UU., venga acompañado de mecanismos de contraloría que garanticen que los recursos que entrarán al país, aliviarán las necesidades de la gente.

Durante un foro virtual organizado por el portal de noticias La Gran Aldea, titulado Venezuela se pregunta ¿Hay que levantar las sanciones? Herrera, Hernández y Rodríguez, junto al exdirectivo de Pdvsa Luis Pacheco, compartieron sus expectativas sobre el inminente otorgamiento de licencias a la empresa estadounidense Chevron para que pueda iniciar los contactos con el gobierno de Nicolás Maduro con miras a reiniciar algunas de sus operaciones en el país.

Los panelistas coincidieron también en afirmar que si bien el origen de la crisis humanitaria venezolana no es atribuible exclusivamente a las sanciones, los indicadores económicos y las encuestas que miden la situación social de los venezolanos muestran claramente una caída abrupta de los ingresos nacionales por venta de crudo y un deterioro en las condiciones de vida de la gente a partir del año 2017.

En este sentido, Herrera quien es médico, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, miembro de la Fundación Bengoa e investigadora del Cendes, citó parte de una investigación que está desarrollando actualmente, en la cual recopiló los 45 artículos arbitrados publicados a nivel global (disponibles en Google Scholar y MedLine) antes de 1960 y entre 2017 y 2022 relacionados con el impacto de las sanciones en el bienestar de la gente en países como Siria, Irán, Afganistán, Sudán del Sur y Chad, entre otros.

La académica concluye que si bien las sanciones no persiguen afectar negativamente la salud o el bienestar de la población, puede haber consecuencias directas o indirectas que deben ser consideradas: “La mayoría de los artículos concluye que hay un empeoramiento en aspectos de salud, seguridad alimentaria, hambre y sistemas de salud”, dijo.

Herrera consideró que para dar un debate sobre la conveniencia de levantar, flexibilizar o mantener las sanciones es necesario “revisar sin sesgo la evidencia científica” que, en el caso venezolano, señala que “tenemos un deterioro de la seguridad alimentaria de la población donde 91 % de las personas tiene problemas para comprar alimentos”, luego de la aplicación de estas medidas coercitivas.

En ese sentido llamó a abrir la discusión sobre este asunto en todos los sectores, tanto de la sociedad civil como entre los tomadores de decisiones públicos y privados, con miras a que si existe la posibilidad de la flexibilización de algunas sanciones esto se haga de acuerdo con una metodología que garantice que la población va a recibir de manera directa un alivio a su situación:

“Que haya mecanismos transparentes para que lo que pueda venir de beneficio llegue a la gente, estableciendo contraloría social. Porque de lo contrario, vamos a seguir en un circulo vicioso discutiendo mientras se mueren más niños, más madres, más adultos mayores”.

Un pronóstico a 18 meses

Por su parte, el ingeniero Luis Pacheco, exdirectivo de Petróleos de Venezuela S. A. y miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice enfatizó que el deterioro de la industria y la producción petrolera no puede atribuirse a la imposición de sanciones internacionales: “La mayor sanción contra la industria petrolera y por tanto económica ha sido la política petrolera del régimen de Chávez y de Maduro”.

Una política, dijo, basada en cambio arbitrario del marco legal, expropiaciones de compañías nacionales y extranjeras y un proceso de desinversión que inició entre 2003 y 2004, y cuyos efectos quedaron en evidencia a partir de 2013, coincidiendo con la llegada de Maduro al poder.

“Las sanciones fueron como un esguince en una pierna que ya no existe porque la amputación de las piernas de la industria petrolera había ocurrido en la década previa. El efecto de las sanciones fue exponenciado por el mal estado de la industria petrolera para el momento de su imposición”, aseguró.

A su juicio, si mañana se flexibilizaran las sanciones, el impacto sería muy pequeño. Dijo que si todo este proceso, incipiente porque la licencia aún no ha sido emitida, avanza sin tropiezos “podríamos hablar de 200.000 barriles diarios adicionales en año y medio, que es poco en comparación con el potencial de Venezuela, pero es técnicamente posible”.

Finalmente, Pacheco llamó la atención sobre los intereses que hay en juego y las ganancias que podría sacar cada actor: “A Estados Unidos le interesaría tener acceso a la producción, al régimen de Maduro le interesaría poder vender en Estados Unidos. En mi opinión es un arma de negociación importante, porque la ganancia que puede tener el régimen es un incentivo para sacar concesiones importantes”.

Las sanciones impidieron remontar la crisis de los precios

El economista y exasesor de la Asamblea Nacional, Francisco Rodríguez, coincidió con Herrera al señalar que en todo caso, lo más recomendable en un marco de flexibilización de sanciones sería que esta se “dé dentro de un marco normativo y regulatorio de supervisión en el ingreso y uso de los recursos para asegurar que sean utilizados para atender la crisis social”.

Consideró que aun en un “escenario conservador como el presentado por Luis Pacheco”, de llegar a producir 200.000 barriles más, con el barril de petróleo en 90 dólares, el gobierno de Nicolás Maduro recibiría 7 millardos de dólares adicionales solo por petróleo. Y comparó esa cifra con los 8 millardos de dólares que reportaron las exportaciones venezolanas en 2021.

Rodríguez compartió una serie de gráficas que muestran una relación directa entre el inicio de las sanciones, la caída de la producción y la caída de los ingresos: “Venezuela era un país que le vendía al resto del mundo 100 mil millones dólares al año, era un país que generaba riqueza aunque con muchos problemas. ¿Por qué la economía se contrajo 72 %? Porque las exportaciones de petrolero cayeron en 90 %”, señaló.

La restricción de fondo

El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, exprocurador especial del gobierno encargado de Juan Guaidó y miembro visitante del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, coincidió también con sus predecesores en el planteamiento de que un alivio de sanciones no se traduce de inmediato en alivio de las penurias de la gente si no hay un mecanismo de control sobre los recursos.

Puso como ejemplo lo ocurrido con la licencia otorgada en 2021 para permitir operaciones con gas licuado, pensando que ello aliviaría a la población que no tenía acceso a las bombonas de gas y tenía que cocinar con leña: ¿El acceso a la bombona de gas es mejor hoy o la gente sigue cocinando en leña? La evidencia solo dice que el ingreso petrolero va a seguir siendo usado para corrupción, para violar derechos humanos, etcétera. Ahí está el ejemplo de los Clap, alertó.

Por eso instó a los panelistas y a los venezolanos en general a preguntarse cuáles son las restricciones que impiden que en Venezuela haya crecimiento económico.

“Aquí hay una trampa porque se ha querido hacer ver que otorgando esas licencias se va a recuperar la economía. Las sanciones no son las restricciones más vinculantes al crecimiento de la economía. Las restricciones más vinculantes son la destrucción de los mecanismos del mercado, el déficit de divisas por el colapso de la producción, y que Venezuela es un estado fallido con instituciones cooptadas por una autocracia”, sentenció.


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