Desde hace más de 40 años los waraos de las comunidades del Delta del Orinoco han migrado hacia Cambalache en búsqueda de mejores condiciones de vida, incluyendo un mejor acceso a la salud, pero lo que encontraron fue que esta posibilidad no difirió en absoluto con lo que dejaron atrás.
Ciudad Guayana. En Cambalache, en Ciudad Guayana, hay tres módulos de salud, los tres permanecen cerrados desde antes de la cuarentena por COVID-19, por lo que los waraos dependen de las esporádicas jornadas de salud del Instituto de Salud Pública (ISP). Su última visita fue hace un mes y es la única que han recibido en el año. El operativo consistió en la entrega de medicinas y un tapabocas desechable por persona. La mayoría de las medicinas no superaban las 200 unidades, en una comunidad con 250 familias.
Entre tanto, dos niñas waraos corren frenéticamente por toda su casa, esquivando los pozos de orine que hay en la sala principal. Laura, la más pequeña, es la única que puede hablar de sus tres hermanas, tiene dos años. El hombre que se mece en su hamaca con un niño entre los brazos es su tío, Chano Morales. Su ojo derecho está casi vacío, y el izquierdo inflamado casi fuera de órbita, amarillento, pero con pupila e iris grisácea que tal vez en otro tiempo pudo ser marrón o negra, pero él no siente dolor. Sus vecinos sospechan de una infección ocular que no le han diagnosticado ni tratado por lo que él no sabe qué medicina necesita ni ofrece mayores detalles. “Estamos bien, gracias a Dios”, insiste.
La familia de Chano viene de San Francisco de Guayo, una comunidad en Delta Amacuro, y viven de la pesca, de lo que consigan en el relleno sanitario, o de cargar agua. Esto último porque no cuentan con sistema de agua potable. De hecho, en 2018 esta misma comunidad protestó porque llevaban seis años a la espera de que terminasen de reparar el sistema de aguas blancas.
Las 250 familias warao de Cambalache provienen de comunidades del Delta del Orinoco. Desde el año 2000 los waraos se han desplazado de sus territorios hacia localidades como Cambalache, o La Rivera en Puerto Ordaz, por mejores condiciones de vida o a la posibilidad de contar con asistencia médica.
El vertedero de basura siempre ha sido una de las principales fuentes de ingresos de los waraos que llegan a Cambalache. Luego de que, en 2014, Francisco Rangel Gómez ordenara el cierre del relleno sanitario de la localidad, los waraos se convirtieron en el último eslabón de una cadena de contrabando de combustible, para ganarse el alimento diario. Luego, cuando arreció el control contra el contrabando de combustible en la zona, se dedicaron nuevamente al botadero, esta vez, al ubicado en Cañaveral, al oeste de la ciudad.
Durante la cuarentena por la COVID-19 aumentó el desplazamiento de los indígenas hacia el vertedero de basura para trabajar y así conseguir alimento.
Sin tratamiento ni diagnóstico
El botadero de basura también ha sido la fuente de contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la comunidad y en sus lugares de procedencia. Médicos del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela han planteado que el ir y venir desde Cambalache hasta las comunidades del Delta del Orinoco puede ser la razón principal de la expansión del VIH en comunidades como San Francisco de Guayo, que hasta ahora sigue sin control epidemiológico estatal.
En 2013, los especialistas se alarmaron porque no solo 55 indígenas tenían el virus, sino que significaba que 9,55 % de los habitantes de ocho comunidades estudiadas en el Delta habían contraído el virus, y eso quiere decir que la zona tiene la tasa de incidencia más alta del país.
En Cambalache no se habla de esta enfermedad, aunque Venancio Narváez, cacique de la comunidad, dijo que es común que incluso los miembros de su comunidad mueran por el virus. “Por demás, pero aquí no se habla de eso, bastantes ha habido, pero no te sabría decir la cantidad”.
Históricamente a los indígenas no solo los ha afectado de forma desproporcionada el VIH, sino también enfermedades infectocontagiosas como la Tuberculosis y la Hepatitis.
Saray Figuera llegó a Cambalache hace 11 años. Ahí edificó su casa hecha de lona, palos de madera y láminas de zinc. En mayo del 2019 le diagnosticaron principios de Tuberculosis; para el momento comenzó a sangrar por la nariz y la boca, vomitaba coágulos de sangre. Un vendedor de tetas (helados en bolsas) que iba esporádicamente a la comunidad se dio cuenta de la afección y la llevó al módulo de Las Manoas, en San Félix, donde le hicieron los exámenes.
Nadie sabe lo que tiene. El médico que la vio le dijo que podría ser principios de Tuberculosis, pero debían realizarle otros exámenes que ella no pudo costear. “Yo no sé por qué viene la fiebre, no entiendo”, manifestó.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es la entidad que debe proporcionar los tratamientos de enfermedades infectocontagiosas como la Tuberculosis, y deberían estar disponibles en todos los centros de salud del IVSS, pero también debe estar al alcance de las comunidades indígenas.
A Saray le suministraron tratamiento para la Tuberculosis en un principio y mejoró, pero el vendedor de helados no volvió a la comunidad y tampoco la posibilidad de seguir cumpliendo el tratamiento, que ella no toma desde diciembre del 2019. Ahora está embarazada de seis meses. “Lo único que le pido a Dios es que todo salga bien, que si viene un bebé nazca bien y esté bien de salud. Yo estoy aguantando es por mis hijos (tiene 6), yo no los quiero dejar solos”.
La tasa de incidencia estimada de la Tuberculosis llegó a su mínima expresión en el 2005, 10 años después, en 2015 hubo un aumento exponencial, la incidencia, ese año alcanzó una cifra de 32,4 por 100.000 habitantes en el país. El epidemiólogo venezolano y exministro de salud, José Félix Oletta, explicó en su informe La pobreza inducida y la reaparición de la tuberculosis, que este aumento significó un retroceso de 40 años, a cifras notificadas antes de 1980. Ahora, la censura epidemiológica que sostiene el Gobierno impide tomarle pulso al avance de la epidemia en la actualidad, incluso en las poblaciones indígenas.
El esposo de Saray murió hace tres años, de Osteomielitis. Eso fue lo que le diagnosticaron, aunque el cacique de la comunidad sospecha que la enfermedad de base fue, precisamente, el VIH. “Es que, de tenerlo, no te lo van a decir”, lamentó. No hay diagnóstico médico que lo confirme.
Tanto indígenas como criollos siguen a la espera de la ejecución del Plan Maestro contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria. Planteado desde el 2018.
Hierbas, para curar todas las afecciones
También hay otras enfermedades crónicas sin atención en esta comunidad, como la hipertensión arterial, y para esto los pacientes acuden a la fregosa y la citronela, dos hierbas.
“Si pudiera devolverme a los Caños lo hiciera”, expresó Carlota Días, una mujer warao de 60 años que lleva más de 20 años viviendo en esa comunidad, viene de Barrancas, Delta Amacuro. Sufre de hipertensión arterial, también se la diagnosticaron en uno de los operativos de salud. Contó que la noche anterior casi se muere de un infarto, se le disparó la tensión, pero, “¿a quién acudir?, todo eso está cerrado”, y como hace semanas que se le terminó el captopril, se controla la afección con un diente de ajo en la mañana y té de Citronela.
Carlota dice que a la mayoría de los indígenas que llegan a Cambalache les roban sus curiaras, por lo que de querer devolverse, quedan varados.
La citronela también la usa María Andrade, una de las jefas de calle que coordina la entrega de las cajas de alimentación, y a veces, las medicinas que llegan a la comunidad. Ella también sufre de hipertensión arterial y de cataratas en los ojos. Esto último lo sabe porque unos médicos cubanos que llegaron a la comunidad hace más de cinco años se lo diagnosticaron. Esta mujer de 64 años llegó Cambalache hace 48 años, también provienen de la comunidad de San Francisco de Guayo. Pensó que en Cambalache la vida era mejor, pero no fue así. “Es duro, pero luchando me quedé aquí, ¿para qué devolverme?”.
Es una de las que más se queja las pocas veces que llega una comisión del Instituto de Salud Pública (ISP) porque están a “merced de esas visitas inconstantes”. Es común que los niños se enfermen de vómito, diarrea y fiebre, en enero de este año murieron tres.
Los indígenas comprobaron que la citronela no sirve para la piel. “Yo quiero un tratamiento, o una sangre nueva no sé, digo yo”, dijo el cacique de la comunidad, mientras se rascaba. Tiene una afección en la piel, pero desconoce el origen, de lo único que está seguro es que la picazón lo hace querer arrancarse la piel de cuajo. Se alivia acercándose un tizón ardiente cerca de la zona que le pica, tolera el ardor porque dice que cualquier cosa es mejor que la picazón. Necesita un ungüento y un diagnóstico que ya se cansó de pedir al ISP, Venancio también lleva más de 20 años en Cambalache.
La movilización de los waraos inició en la década de los años 60, con el cierre del Caño Manamo, del Delta del Orinoco, ejecutado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La idea del proyecto era convertir la zona en “el granero de Guayana”. Pero el cierre significó una tragedia para el ecosistema: la salinidad del agua y acidificación del suelo, lo que alteró las formas de vida tradicionales de los waraos y de las comunidades de la ribera, eso los hizo emprender la búsqueda de alternativas a la pesca y horticultura, de ahí que llegaran a centros urbanos como Cambalache, donde son más propensos a contagiarse de enfermedades como la COVID-19.
¿A quién acudir?
Ahí las madres waraos viven con la angustia de no contar con asistencia médica para sus hijos. “Bueno, yo lo pude nebulizar tres veces con un poquito de Budecort, pero no se le baja la fiebre, no tengo nada que darle”, dijo Yudelina, una warao de 34 años, mientras tocaba la frente de su hijo de nueve meses. “Le di Atamel de mata, pero no siempre funciona”, ella misma lo sembró en su casa.
El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (WATANIBA) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (IWGIA) en Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010) han propuesto la educación a miembros de la comunidad sobre, al menos, asistencia médica primaria, y un mejor sistema de atención para enfermedades infectocontagiosas y crónicas. Pero esto no se ha implementado en Cambalache.
María Andrade evita angustiarse, pero le indigna esperar una ayuda que nunca llega a tiempo y la estremece pensar que la comunidad no tiene cómo defenderse de la COVID-19 ni de las otras enfermedades que tradicionalmente los aquejan y de las cuales no hay registro epidemiológico desde el 2015: Tuberculosis, VIH, Sarampión y Hepatitis. La letalidad por sarampión es 67 veces más alta en poblaciones indígenas, por ejemplo.
La emergencia humanitaria compleja cada vez más ha obligado a los waraos no solo a movilizarse hasta las urbes de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar o a las urbes de Delta Amacuro, como Tucupita, sino también a cruzar la frontera con Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades. Hay cerca de 400 waraos en la frontera, en Pacaraima, cuando los refugios alcanzan su nivel máximo, muchos permanecen en las calles del país vecino. Para el 12 de mayo se confirmó el contagio por COVID-19 de 40 indígenas waraos en João Pessoa.
En Cambalache, en caso de que llegue, esperan combatirlo con citronela y Atamel de mata mientras esperan las visitas del ISP.
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