Dirigentes como la activista de derechos humanos Richelle Briceño destacaron que se han registrado avances para la comunidad, pero que siguen existiendo retos que no se han podido superar.
Caracas. La comunidad LGBTI ha sido históricamente uno de los grupos más oprimidos dentro de la sociedad venezolana, sobre esta realidad debatieron este miércoles un grupo de dirigentes de esta población.
En un evento en Caracas organizado por la Escuela Feministas del Sur Argelia Laya, que contó con la presencia de la diputada Diberly Rodríguez, la activista por derechos humanos Richelle Briceño y la abogada Yaury Mejías Galarraga, se compartieron visiones sobre los avances que han existido en los derechos de las personas LGBTI.
En el caso de Diberly Rodríguez, mujer trans y diputada a la Asamblea Nacional (AN), esta destacó la importancia del avance que se ha venido realizando en materia de la identidad para las personas trans e intersexuales.
Rodríguez definió el tema de la identidad como uno “que ha servido de mucho aprendizaje” y que ha permitido “desmontar ideas erradas que existen sobre nosotros (personas trans)”.
Precisamente por este motivo, desde la subcomisión LGBTI de la AN se ha impulsado una legislación que ratifique la lucha de las personas trans e intersexuales para cambiar el nombre que se les impuso al momento de nacer.
La identidad es un derecho natural. Tener una ley sobre la identidad garantiza el trato adecuado y legal, y disminuye el tema de la vergüenza que se puede sentir cuando a una persona la llaman por el nombre impuesto”, expresó la parlamentaria.
A pesar de lo afirmado por Diberly Rodríguez, actualmente la Asamblea Nacional no tiene avanzada ni ha presentado un proyecto de ley que atienda esta carencia. De hecho, existen denuncias de que se incumple la ley del Registro Civil al negarles a las personas trans su derecho a cambiarse el nombre.
Más allá del avance en materia legislativa que se pueda dar, la abogada y defensora delegada especial para la protección de las personas LGBTI, Yaury Mejías Galarraga, también destacó que se ha producido un avance en el área institucional.
Mejías Galarraga explicó que desde la Defensoría del Pueblo no solo se creó su despacho para la defensa de las personas LGBTI, sino que además se han producido campañas para asesorar instituciones oficiales sobre los derechos de esta comunidad.
Entre las atribuciones que tiene su oficina, la abogada destacó que también se han producido opiniones legales sobre la acción y la inacción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante recursos que se han introducido para garantizar derechos de las personas LGBTI.
”Creo que tras un año de gestión podemos decir que estamos logrando tener incidencia en la política institucional”, afirmó Mejías Galarraga.
Retos que todavía no han sido superados
Durante su intervención, Richelle Briceño también destacó avances como la atención de los medios a la lucha LGBTI, la visibilidad actual de la comunidad, y hasta la presencia de funcionarios públicos como las que la acompañaron durante el evento.
Pese a esto, Briceño fue tajante en señalar que existen muchos retos que deben ser afrontados, especialmente porque, aunque existan iniciativas jurídicas para validar los derechos de esta población, institucionalmente siguen encontrando obstáculos.
Tenemos que reconocer que las instituciones están plagadas de personas dogmáticas y con valores religiosos que limitan el avance de la población LGTBI. Esto pasa en la Asamblea Nacional, el TSJ y el Ejecutivo”, criticó.
Por ese motivo Briceño aseguró que muchos de los avances que se han registrado han sido una especie de “paños calientes” e insistió que debe existir una mayor presencia de la comunidad en las instituciones para hacer valer sus derechos.
Otro punto de vista
Una versión distinta fue ofrecida a Crónica.Uno por Yendri Velásquez, activista de derechos humanos y LGBTI quien, lejos de la versión que celebró los “avances” de la comunidad, expresó que estos no son verdaderamente trascendentales.
A juicio de Velásquez, la versión de los supuestos avances de la comunidad en el país “se desmonta nada más haciendo una comparación con otras naciones de la región”.
Venezuela es uno de los pocos países sin ley de identidad de género, sin ley de matrimonio igualitario y sin protección especial en caso de ser víctimas”, explicó.
El defensor de derechos LGBTI agregó que a su juicio existe una “ausencia de leyes y políticas públicas y formales que estén orientadas contra la discriminación y los crímenes de odio” en la sociedad venezolana.
Velásquez sí concedió que hay un avance en la creación de instancias como el Consejo Presidencial de la Sexodiversidad, la fiscalía especial y la delegación especial en la Defensoría del Pueblo, pero resaltó que estas terminan ”siendo usadas por el partido de gobierno para propaganda política y no para los derechos de la comunidad LGBTI”.
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