Transparencia Venezuela propone al Parlamento designar un contralor especial que haga seguimiento a los recursos manejados por funcionarios designados por Guaidó en el exterior. Piden que este contralor dé a conocer los apoyos económicos que reciba el gobierno interino, informe cuáles representantes diplomáticos son voluntarios y cuáles no, y precise de dónde provienen los recursos para financiar sus gastos.
Caracas. El 4 de junio pasado, diez días antes de la denuncia de presunta corrupción con fondos para atender a militares venezolanos en Cúcuta, la plenaria de la Asamblea Nacional se dio el mandato de “solicitar la construcción de los mecanismos de veeduría y contraloría, sobre la cooperación internacional, a fines de garantizar su transparencia e independencia”.
Al día siguiente, el 5 de junio, la ONG Transparencia Venezuela solicitó formalmente a la Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó, también presidente encargado de la República, (según el Art. 233), proceder con la designación de un Contralor Especial que audite los recursos manejados por los funcionarios designados por Guaidó, con autorización de la plenaria o en uso de sus atribuciones directas, tanto para cargos administrativos como políticos o diplomáticos en el exterior.
El 15 de junio, a raíz del escándalo de Cúcuta, el partido Primero Justicia, cuyo coordinador nacional, Julio Borges, es el representante de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, solicitó designar un contralor general especial “que adelante investigaciones, derrote la opacidad y garantice la transparencia del ejercicio del Poder Público”.
El 18 de junio, cuatro días después de la denuncia de presunto desvío de fondos privados para la atención de los militares venezolanos en Colombia, la plenaria acordó crear una comisión especial encargada de hacer seguimiento a la cooperación internacional en materia de ayuda humanitaria. Ese mismo día se acordó conformar una comisión que deberá presentar un proyecto de procedimiento para la designación de un contralor especial.
Los mecanismos de veeduría sobre la cooperación internacional no han sido construidos, el proceso para designar al contralor especial no ha comenzado, y ninguna de las dos comisiones mencionadas se ha instalado.
Peligros inminentes
Desde que Guaidó asumió como presidente encargado, el pasado 23 de enero, la plenaria de la Asamblea Nacional le ha autorizado para designar a 38 representantes diplomáticos, un procurador general especial, tres directivas ad hoc para empresas del Estado y un presidente para el Centro de Comunicación Nacional. Además, Guaidó designó a dos militantes de VP (Rossana Barrera y Kevin Rojas), para atender a los militares en Cúcuta.
Ninguno de estos nombramientos fue sometido a debate público. En los casos que correspondió, las comisiones parlamentarias aprobaron los nombramientos sin invitar a la prensa y sometieron las listas de nombres o los informes respectivos a la aprobación de la plenaria, sin debate. En el ínterin, por decisión de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, los fondos de las empresas Citgo, Pdvsa Holding y Monómeros Colombo Venezolanos, pasaron a manos del gobierno encargado de Venezuela a través de sus juntas administradoras ad hoc.
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, advirtió sobre la existencia de tres peligros inminentes, como consecuencia de la falta de claridad en los nombramientos y de la falta de información sobre el manejo de los fondos: primero, el riesgo de que se presenten otras denuncias de supuestos desvíos como la de Cúcuta. Segundo, el riesgo de que se normalice la falta de transparencia en las designaciones de funcionarios, contrario a lo que establece la Constitución. Y tercero, el que no quede lo suficientemente claro que tales nombramientos son temporales y cesarán cuando se restituya la democracia y el Estado de Derecho.
A medida que pasan los días y los diferentes funcionarios designados manejan fondos públicos sin que sobre ellos exista ningún tipo de contraloría, en esa misma medida aumenta el riesgo de corrupción.
“Creemos que un contralor especial puede hacerse cargo del seguimiento a la transparencia de las actuaciones de los designados: ¿cómo se sostienen los representantes diplomáticos que no reciben recursos del Estado? ¿En qué sede están operando, quién la presta? ¿Hay conflicto de intereses? En el caso de estas directivas de Citgo o Monómeros, ¿cómo cubren sus gastos? Ellos están manejando fondos públicos, ¿cuáles son los criterios? No sabemos por ejemplo si tienen sueldos. El país tiene que saber si estas personas perciben un salario o si todas son voluntarias. Si se presentó ya el escándalo de Cúcuta, me temo que también puede venir otro escándalo por esta vía”, alertó.
Con respecto a la poca información sobre los criterios para la designación de estos funcionarios, De Freitas pide transparencia: “Aunque no me quiero meter a fondo en los procesos de selección, porque no lo he estudiado, creo que se ha hecho a dedo, que ha habido una negociación entre partidos porque veo personas ligadas a partidos. Se supone que hay una junta de intervención que maneja Monómeros. No sabemos cómo eligieron a esas personas. No sabemos cómo eligieron a las personas que dirigen Citgo. Nosotros decimos que esas personas fueron designadas sin los procesos públicos que se deben aplicar. Los argumentos que puedan existir para ello, por ejemplo el riesgo de persecución o las amenazas, no los exime de rendición de cuentas”.
Y por último, considera imprescindible que se entienda que todas estas designaciones son temporales: “Que esas personas sepan que cuando retomemos la democracia, tendrán que renunciar porque se abrirán concursos para la designación conforme a la Constitución. Se entiende que son voluntarios, pero debe quedar claro que su escogencia en este momento no conlleva la acumulación de privilegios, o que luego estas personas quieran quedarse en los cargos”.
El contralor especial
Mercedes de Freitas explicó que la propuesta de designación de un contralor especial, que ya era necesaria para el momento en que fue presentada por Transparencia Venezuela, se volvió urgente tras la denuncia de Cúcuta.
Necesitamos a una persona que defina las normas, los criterios, los procesos, para el manejo de los fondos que tiene en su mano el gobierno interino. Un contralor especial que sepa cuántos recursos maneja el gobierno interino, cómo los maneja, dónde están los fondos. Uno puede entender que por seguridad, en esta coyuntura, cierta información tenga que permanecer confidencial, pero que por lo menos el contralor sepa y pueda participar o supervisar el manejo probo de esos recursos, apegado a estándares internacionales”, señaló.
Aclara que dado el esquema de persecución política aplicado desde la administración Maduro, este funcionario tendría que radicarse en el exterior y sus competencias estarían restringidas a lo que efectivamente pueda controlar a distancia y haciendo uso de las nuevas tecnologías, porque “ese funcionario no tendrá cómo hacer una investigación o citar a un funcionario o auditar una cuenta en Minerven, en Pdvsa, o en un ministerio”. En cambio, sí puede solicitar información a los demás funcionarios nombrados por el gobierno interino.
Explicó que este contralor especial sería designado con todos los parámetros establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría, por la Asamblea Nacional, y sería autónomo e independiente tanto del Parlamento como del Ejecutivo.
Atribuciones y tareas urgentes
En la comunicación remitida a la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela propone que las atribuciones especiales de este contralor sean:
“Gozar de autonomía funcional para vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos de Venezuela en el exterior. Exigir la publicación de las decisiones y operaciones de los organismos públicos en el exterior, sujetos a su control. Recibir los informes trimestrales de todos los órganos y entes designados en el exterior. Iniciar investigaciones sobre eventuales irregularidades. Dictar medidas y sanciones para la protección de los recursos en el exterior. Velar por la erradicación de los conflictos de interés. Y publicar la información sobre el manejo de los bienes de Venezuela en el exterior cuando se goce de seguridad jurídica y solidez institucional”.
Entre las tareas urgentes, que a juicio de Transparencia Venezuela, debe cumplir este contralor especial, destacan:
“Dar a conocer los datos detallados del personal, bienes y recursos públicos que pasen a custodia del gobierno interino. Dar a conocer los apoyos económicos y facilidades recibidas para el cumplimiento de esas funciones. Informar cuáles representantes del gobierno interino en el exterior actúan en calidad de voluntarios y quiénes no. Informar de dónde provienen los recursos para financiar gastos relacionados con la actividad de cada uno de los representantes. Velar por que los funcionarios nombrados no reciban regalos, apoyos ni facilidades que susciten conflictos de interés. Garantizar que no acepten obsequios sin normas ni registros”.
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