A través de una vocera, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la orden de arresto emitida contra el excandidato presidencial Edmundo González. En la declaración se instó a resolver la crisis poselectoral de forma pacífica.
Caracas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DD. HH.) manifestó su preocupación por la orden de arresto emitida contra Edmundo González Urrutia, candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática en los comicios presidenciales venezolanos de este año.
Durante una rueda de prensa transmitida por los medios oficiales de la ONU este martes, 3 de septiembre, se instó al Gobierno de Nicolás Maduro a garantizar los derechos fundamentales del excandidato. También pidió resolver pacíficamente la controversia poselectoral.
“Hay un clima de miedo en el país en este momento. Instamos al Gobierno a garantizar que se tomen todas las medidas de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos, con transparencia, y a que tome provisiones para resolver esta disputa de forma pacífica”, declaró la vocera Ravina Shamdasani.
Shamdasani señaló que en Venezuela “se está deteniendo a las personas por ejercer su derecho a la participación política, la libertad de expresión y de asamblea”. Aunque sin presencia en el país, la ONU-DD. HH. ha mantenido contactos con las autoridades venezolanas en las que les ha planteado sus preocupaciones.
“Seguimos planteando nuestras preocupaciones; seguimos instando a todas las partes a que resuelvan todas las disputas electorales por medios pacíficos y debe haber un clima de plena protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afiliación política”, enfatizó Shamdasani.
Un asunto de ley
La solicitud de orden de arrestocontra González, formalizada por la Fiscalía el 2 de septiembre pasado, se produjo después de que la PUD publicó en una página web copias fidedignas de 83,5 % de las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Según estos comprobantes electorales, González obtuvo la victoria ante Nicolás Maduro por una diferencia cercana a 30 %.
Esta brecha discrepa de los resultados oficiales en los que se atribuyó el triunfo al oficialismo. La madrugada del lunes, 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nicolás Maduro. Este resultado fue cuestionado por la oposición, que exige que se cumpla lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente y de a conocer el desglose mesa por mesa de los resultados, hasta la fecha inauditables.
Entre los cargos por los que se acusaría al excandidato presidencial figuran la falsificación de documentos, informó el fiscal general, Tarek William Saab, al dar a conocer la primera citación.
ONU al pendiente
El Panel de Expertos de la ONU desplegado durante los comicios destacó que el CNE no publicó resultados que respalden el anuncio del triunfo de Maduro. Tal omisión es contraria a lo que obliga el marco legal. Además, no se ajustó a estándares de transparencia e integridad, denunciaron los observadores internacionales de la ONU.
La Misión de Investigación sobre Venezuela del Consejo de DD.HH. indicó que las protestas electorales fueron reprimidas. Esto contribuyó a instaurar un ambiente de temor. La agencia de la ONU registró 23 muertes, la mayoría por armas de fuego, entre el 28 de julio y el 8 de agosto. Todas ocurrieron en el contexto de protestas poselectorales pacíficas.
El Ministerio Público solicitó a un tribunal especial la captura de González Urrutia. La petición se giró luego de que el opositor no acudió a tres citaciones de la Fiscalía en el marco de una investigación por la publicación de las actas electorales. La solicitud fue aprobada solo minutos después por el juez Edward Briceño del Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control y con competencia en Terrorismo.
La defensa del diplomático en situación de retiro confirmó este martes al medio colombiano WRadio que su defendido estaba a resguardo “de casa en casa”. Esta estrategia se adoptó para evadir una eventual detención, por temor a falta de garantías al debido proceso.
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