En la sesión ordinaria de este martes se aprobaron los primeros siete artículos de la reforma de la Ley del IVIC, la discusión del resto del instrumento legal continuará en la próxima sesión.

Caracas. Este martes la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión los primeros siete artículos del proyecto de ley de reforma del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en una sesión en la que el parlamento también debatió los hechos de violencia registrados en la Cota 905 y el derrame de combustible en el estado Carabobo. Todo en medio de una sesión en la que se interrumpió el servicio eléctrico en cuatro oportunidades.

Durante la segunda discusión del proyecto fueron aprobados sin objeción los primeros siete artículos del texto de la ley del IVIC, que fue presentada inicialmente en diciembre del 2018. Sin embargo, el diputado Luis Lippa solicitó a la plenaria diferir para la sesión del 6 de agosto la discusión de los artículos restantes.

En relación con la reforma de la ley del IVIC, el diputado Lippa aseguró en un derecho de palabra previo al debate que esperaba que la ley reconociera la importancia de la institución científica en el país, y que mediante el nuevo instrumento legal se pudiera crear un ambiente propicio para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Venezuela.

De igual forma, señaló que tras la ley se espera “contribuir con la mejora de las condiciones de trabajo y de rendimiento dentro de la institución”, algo que además, señaló, espera que vaya de la mano con la entrega de recursos por parte del Estado.

“Parte de lo que se busca con la ley es establecer la obligatoriedad para que el Ejecutivo reconozca su deber presupuestario con el IVIC, pero también reconocer los años de servicio de las personas que ahí trabajan”, expresó.

Lippa también dijo que la Comisión de Ciencia y Tecnología se encontraba evaluando otras propuestas de leyes para reforzar el ejercicio científico en Venezuela y señaló que una de estas es un anteproyecto de ley para la protección de la propiedad intelectual en el país.

Debate sobre hechos de violencia en la Cota 905

Previo a la discusión de la reforma de la Ley del IVIC, en la Asamblea Nacional se discutió sobre los hechos de violencia que se generaron el pasado viernes 26 de julio cuando un grupo de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se vio superado en un enfrentamiento armado por miembros de la banda del Coqui.

En el debate, la primera parlamentaria en intervenir fue la diputada Yajaira Castro, quien criticó las políticas de seguridad empleadas por el gobierno de Maduro, las cuales dijo “han fracasado” y que solo han servido “para anuncios con bombos y platillos, para la compra de equipos nuevos, pero que finalmente no dan resultados”.

Vemos que la estructura delincuencial se ha organizado, están más organizados y equipados que los cuerpos de seguridad, eso es algo que pudimos ver esta última semana, dijo.

Con respecto a la Cota 905, Castro aseguró que esa zona es el reflejo del fracaso de la política de Zonas de Paz del gobierno de Nicolás Maduro, política que se suponía crearía espacios para que las bandas se desmovilizaran, pero que, según la parlamentaria, han permitido más bien que zonas como la Cota 905 sean “guaridas de delincuentes, que quienes cometen delitos usan para resguardarse de los organismos de seguridad”.

Una visión similar fue la que ofreció el diputado Héctor Cordero, quien aseguró en su intervención que el alza de la delincuencia en el país es producto de “una política de destrucción de valores, una política de Estado llevada a cabo por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

“Una vez que el hampa se desborda, toma posición, dejó de financiarse por la extorsión y ahora lo hace por el narcotráfico, y ahora influencia al Estado. Hoy estamos viviendo el sueño de Pablo Escobar. Estamos viviendo un Estado criminal”, señaló.

Como parte del debate que se generó a raíz de los hechos de la Cota 905, los diputados Ismael León y José Pirela solicitaron formalmente que se haga entrevistas a altos funcionarios del Cicpc, como Douglas Rico, director de ese organismo, por su decisión de ordenar el retiro de los funcionarios del lugar mientras enfrentaban a miembros de la banda del Coqui. Estas entrevistas serían realizadas por la Comisión de Política Interior y también incluirían a los efectivos que estuvieron en el lugar y resultaron heridos.

“Necesitamos saber qué pasó ahí. Hay que llamarlos para vengan, así no acudan a la citación”, dijo el diputado Ismael León.

Como complemento al debate, el abogado penalista Luis Izquiel tuvo un derecho de palabra en la plenaria en la que dio su opinión sobre lo ocurrido en el enfrentamiento.

Izquiel criticó la política de las Zonas de Paz, porque, a su juicio, significó “ceder territorio a las bandas criminales”, algo que para él es “un error tremendo”.

“Es imprescindible en el país un plan de desarme nacional, pero creo que no hay voluntad política. Una Revolución armada que dice que quiere una ametralladora en cada barrio no tiene la voluntad política para desarmar al país”, comentó.

Izquiel también dijo que los hechos de la Cota 905 demuestran “el fracaso de las OLP”, ya que el primero de estos operativos se hizo fue precisamente en ese lugar. “Ya cuatro años después de aquel operativo y miles de muertos en todo el país, la pandilla sigue ahí”, comentó en referencia a la banda del Coqui.

Se hará seguimiento al derrame de fuel oil en Carabobo

Otro punto que se tocó en la sesión de ese martes fue el del derrame de combustible fuel oil ocurrido en las costas del estado Carabobo, algo que los parlamentarios consideran una tragedia ecológica que no ha sido atendida por las autoridades de dicha entidad, en particular el gobernador Rafael Lacava.

El diputado Carlos Lozano dijo que el derrame significa la contaminación de “más de 30 kilómetros de costas” de un material “altamente cancerígeno”.

“Las autoridades de Carabobo tratan de ocultar esto. En VTV no han mostrado ni una sola foto de lo que pasa”, criticó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Marco Bozo dijo que el derrame ha sido de tal magnitud que, luego de que las autoridades de Carabobo por fin iniciaron las tareas de limpieza, “solo han logrado cubrir 10 % de toda la zona que ha resultado afectada”.

Las dimensiones de este desastre no se imaginan. Funcionarios nos han dicho que el derrame fue por una falla que tiene más de seis meses una tubería y que no han reparado. Es un ecocidio y los responsables no dan la cara, culminó.

En relación con este tema, la AN se comprometió a hacer seguimiento constante del desastre, así como a documentar y prestar apoyo a las personas afectadas.


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