El órgano legislativo del gobierno de Nicolás Maduro desaplicó el decreto constituyente de diciembre de 2017 que obligaba a las organizaciones políticas a renovar su nómina de militantes ante el Poder Electoral.
Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente, en su sesión de este martes 17 de junio, acordó desaplicar el decreto constituyente de diciembre de 2017 que obligaba a los partidos a validarse ante el Consejo Nacional Electoral. Con esta decisión, la ANC le da vía libre a AD-Gutiérrez –el TSJ designó a Bernabé Gutiérrez integrante de la directiva ad hoc de la tolda blanca– y a Primero Justicia-Brito –José Brito designado en la junta ad hoc de Primero Justicia igualmente por el alto tribunal de la República– para participar en las elecciones parlamentarias de este año, sin pasar por el CNE.
Ese decreto ordenaba la legalización de los partidos políticos ante el CNE mediante la recolección de las firmas de 0,5 % de los inscritos en el registro electoral. Y también exigían el requisito a las organizaciones que no participaron en las elecciones municipales de ese año.
Entre las organizaciones que estaban obligadas a legalizarse estaban: AD, Primero Justicia y Voluntad Popular.
El constituyente Francisco Ameliach hizo la propuesta de derogar los artículos de la Ley de Partidos Políticos que requería que las toldas renovaran sus nóminas ante el Poder Electoral.
La moción fue avalada por el resto del cuerpo y se alegó: “Garantizar la mayor participación de venezolanos que hagamos de esta pandemia una fiesta electoral”, según dijo el presidente de la ANC, Diosdado Cabello.
Cabello afirmó: “Hay sectores de AD que quieren participar por qué le van a negar el derecho al voto”. Justificó las sentencias del TSJ contra las directivas legítimas AD y PJ y señaló que dentro de esas organizaciones hay una rebelión. “Si hicieran lo que hizo Juanito Alimaña (refiriéndose a Juan Guaidó) se autoproclamarían, pero acudieron a las instancias previstas en la Constitución, en este caso el TSJ”.
También manifestó que los partidos que tengan pendiente una denuncia penal no podrán participar en los comicios parlamentarios. Este sería el caso de Voluntad Popular, sobre el cual pesa la acusación de ser una organización terrorista y cuyo futuro decidirá el TSJ.
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