Más de 500.000 educadores pensionados y jubilados del Ministerio de Educación se les niega el derecho hasta de pagarse un funeral. Apenas perciben 140 bolívares por el servicio funerario. Reclaman desde Aragua el pago de los aumentos decretados desde 2018.
Una póliza de salud de apenas 200 bolívares y una póliza de servicio funerario de 140 bolívares es los que reciben los docentes jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
“En este país está prohibido enfermarse y morirse. ¿Qué clínica va a recibirnos con esa miserable cobertura? ¿Qué funeraria puede atender un servicio con apenas 140 bolívares?”, se pregunta el profesor Teodomiro Aguilar, presidente de la asociación civil de profesores pensionados y jubilados del estado Aragua, quien en compañía de dirigentes sindicales de Sitraenseñanza y el Colegio de Profesores, consignó ante el jefe de la Zona educativa de la región, Leonardo Alvarado, un documento con una serie de peticiones y reclamos.
Entre ellos también denuncian los educadores, las deudas pendientes en relación con los tres últimos aumentos que a la fecha no se les han cancelado.
De manera progresiva nos vienen robando el 40 % de aumento correspondiente a octubre de 2018, el 60 % de aumento de 2019 y el 40 % de aumento de abril de este año. Con este robo que le hacen a los docentes, se afecta a 516 educadores de todo el país, además de 180.000 empleados y obreros”, denuncia Aguilar.
En Aragua, unos 30.000 maestros pensionados y jubilados resultan afectados con el incumplimiento contractual.
Los docentes jubilados, que dedicaron muchos años de servicio al magisterio, hoy aseguran que lo que ganan no les alcanza ni para comer, mucho menos para cubrir la compra de medicamentos.
“Yo solo cobro 78.000 bolívares al mes –resiente Esther Carballo, con más de 30 años de servicio en el Ministerio de Educación–, o compro comida o compro medicinas, aunque para ninguna de las dos necesidades me alcanza”.
Otros docentes también denuncian que el Ministerio de Educación les niega el pago de una serie de primas, tales como las de profesionalización.
Carmen Ochoa, docente adscrita a la Gobernación de Aragua, con 32 años de servicio, reclama que la Zona Educativa no le reconoce ni les cancela lo concerniente a postgrados y especializaciones que realizó en el Pedagógico de Maracay.
“Pero el gobierno –concluye Aguilar– prefiere montar una fábrica de armas que dotar a las escuelas, que alimentar a los estudiantes, que ofrecer buenas infraestructuras educativas y pagar bien a los docentes”.
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