La ONG Cecodap mostró en su último informe que uno de cada tres centros educativos tiene áreas clausuradas por peligro inminente. A esta realidad se suma la paralización de los servicios básicos. Educadores insisten a las autoridades en brindar información sobre las inspecciones técnicas y reparaciones para garantizar la habitabilidad de las escuelas antes del regreso a clases.
Caracas. El eco de los terremotos que sacudieron la costa centro-occidental hace dos meses aún retumba en los colegios de Caracas, La Guaira y Miranda. Mientras el calendario oficial marca el 14 de septiembre como la fecha para el regreso a clases, la realidad en las zonas afectadas muestra aulas reducidas a escombros o convertidas en refugios temporales.
El Centro Comunitario de Aprendizaje(Cecodap), organización no gubernamental dedicada a defender los derechos de la infancia, advirtió que, tras la tragedia que cobró la vida de más de 600 niñas, niños y adolescentres, reabrir las puertas sin garantías de seguridad, dignidad ni apoyo emocional solo profundizaría la crisis del sistema educativo.
En la rueda de prensa realizada este martes, 25 de agosto, la organización mostró datos que dan cuenta sobre la dura situación que atraviesa la educación venezolana como consecuencia de los terremotos. Las cifras fueron recabadas en un levantamiento realizado entre el 27 de junio y el 4 de agosto en 26 centros educativos de Caracas, La Guaira y Miranda.
Del total de trabajadores de la educación y miembros directivos consultados, 27,3 % reportó daños estructurales graves con fallas en vigas, columnas y desprendimiento de techos. Adicionalmente, 65,7 % señaló deterioros leves que requieren inspección profesional para descartar riesgos mayores.
Carla Serrano, secretaria general o adjunta en la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Redhnna), coalición de instituciones enfocadas en la protección infantil, enfatizó en que la infraestructura escolar debe constituir un entorno de protección y no una fuente de peligro.
Serrano remarcó que la convocatoria oficial al nuevo año escolar se emitió a solo 81 días de la tragedia y sin publicar avales técnicos detallados sobre las condiciones reales de las instituciones.
Escuelas en riesgo
La investigación también arrojó que uno de cada tres centros educativos evaluados tiene áreas clausuradas por peligro inminente. A esta realidad se suma la paralización o falla de los servicios básicos.
El informe precisa que 56,6 % de la población escolar enfrenta interrupciones en la telefonía e internet. Mientras que 43 % sufre por la falta de agua potable por tuberías, además de presentar severos problemas en el suministro de electricidad, gas para comedores y transporte.
Las secuelas dejadas por la tragedia también abarcan cifras de pérdidas humanas y desplazamientos. Conteos recientes de organizaciones como La Vida de Nos y Monitor de Víctimas, revelan que la cifra de niños, niñas y adolescentes fallecidos a causa de los sismos se elevó a 603, lo que representa casi el triple respecto a los reportes de semanas anteriores.
Serrano indicó que este balance contrasta con el registro contabilizado un mes atrás por la Cecodap. Entonces, se contabilizaron 221 decesos de niños, niñas y adolescentes verificados a través de distintas fuentes.
En aquel momento, la organización también documentó un total de 1.405 menores de edad impactados por el desastre. El conteo incluye a desaparecidos y familias desplazadas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares por encontrarse en zonas de alto riesgo.
“El equipo de comunicaciones de Cecodap logró mapear al menos 900 escuelas afectadas. Estos datos son importantes, no estamos ante cualquier regreso a clases. Además de que estamos en un país donde sabemos que el sistema educativo viene con una crisis sostenida, una crisis agravada en distintas variables y en distintas dimensiones”,
indicó Serrano.
Según la información recopilada por la organización, la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) reportó daños estructurales severos en 28 planteles, lo que afectó de forma directa a 4000 estudiantes. Por su parte, la red Fe y Alegría contabilizó 84 centros con daños sobre un total de 93 evaluados en todo el país.
Entre los casos expuestos destaca la situación en la parroquia Caraballeda. En esa zona del estado La Guaira la matrícula de un plantel disminuyó de 809 a 399 alumnos a causa de la devastación y el desplazamiento forzado.
Otros datos extraídos de la consulta ciudadana arrojaron que 51 % de los encuestados reporta fallecidos en su entorno cercano, 58,6 % tiene familiares damnificados y 45,5 % cuenta con allegados en condición de desaparición.
Aulas en pausa y refugios improvisados
En el ámbito logístico, el informe identificó que 17% de las escuelas funciona actualmente como refugio temporal para familias que perdieron sus hogares. Esta ocupación implica la necesidad de elaborar planes de transición, reubicación y saneamiento profundo antes de reabrir las aulas para el uso pedagógico habitual.
Gloriana Faría, abogada y coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, expuso que las solicitudes prioritarias de la comunidad escolar abarcan primeros auxilios psicológicos (61 %); talleres de prevención ante réplicas sísmicas (62 %) y soporte emocional para los docentes (58 %).
El informe resaltó además la sobrecarga laboral y de cuidados que recae sobre las mujeres y adolescentes en los campamentos transitorios. Asimismo, exige que la reconstrucción del sistema educativo no ocurra sobre la base de la precariedad salarial del magisterio.
Noelbys Aguilar, directora nacional del programa Escuelas de Fe y Alegría, señaló que tan solo en su red de planteles hay más de 30.000 alumnos afectados. Ante este panorama, la institución contempla iniciar las actividades bajo la modalidad virtual mientras avanzan las inspecciones y los trabajos de reparación.
Aguilar subrayó que no basta con realizar los arreglos físicos, sino que resulta indispensable obtener certificados oficiales de habitabilidad antes de abrir las puertas a la comunidad escolar.
“ Necesitamos tener escuelas seguras, protectoras y dignas para garantizar un derecho a la educación, una formación integral para todos nuestros niños, niñas y jóvenes venezolanos. Eso no se negocia, eso debe darse por derecho y por política de Estado”,
dijo Aguilar
Más allá del deterioro físico de los edificios, las secuelas emocionales también representan un desafío. Regresar a espacios con grietas visibles reaviva el trauma en niños y docentes que perdieron familiares o viviendas durante los terremotos.
Condiciones para el retorno
Por esta razón, Aguilar recalcó la importancia de promover un plan de “escuelas restaurativas”. Esto debe incluir atención psicoemocional, programas de mitigación de riesgos y la entrega de apoyo prioritario como útiles escolares y alimentación para garantizar que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo.
La especialista también recalcó que la dignificación de los educadores figura como otro pilar para la recuperación del sector.
Aguilar señaló que la labor de losdocentes sostiene actualmente la educación en el país y exige un reconocimiento público a su esfuerzo a través de salarios dignos y el pago oportuno de los bonos vacacionales y de profesionalización, sin necesidad de largas negociaciones.
Finalmente, Fernando Pereira, educador y fundador de Cecodap, destacó la resiliencia y el compromiso de los maestros ante la contingencia.
Pereira destacó que los docentes no esperan soluciones de forma pasiva, sino que se movilizan de manera activa para atender a sus comunidades. No obstante, exhortó a las autoridades para que brinden información clara sobre las inspecciones y la ayuda psicológica, pues la falta de certezas genera mayor ansiedad en las familias afectadas.
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