Aunque ya se conocen las posiciones de varias fracciones y partidos sobre la continuidad del mandato de la Asamblea Nacional más allá del 4 de enero de 2021, el Poder Legislativo no ha fijado aún una posición oficial al respecto. En las próximas semanas debería producirse un acuerdo que avale o refute dicha tesis.
Caracas. A partir de hoy 15 de septiembre la legislatura de la Asamblea Nacional que inició el 5 de enero de 2016 entra en su último período ordinario de sesiones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219 constitucional.
Desde esa fecha, con el diputado Henry Ramos Allup (AD) a la cabeza como el primer presidente de este ciclo de cinco años, el Parlamento de mayoría opositora ha propuesto, liderado y emprendido distintas acciones para lograr el cambio de modelo de gobierno.
Independientemente de que el 4 de enero de 2021 la oposición venezolana en su conjunto haya logrado el consenso sobre la continuidad del mandato de la Asamblea Nacional (prolongarlo hasta lograr unas elecciones competitivas o darlo por culminado e iniciar otra fase de lucha), ese debate y la decisión a la que conlleve será el reto central del Parlamento en las próximas semanas.
Otro de los retos, sin duda, será mantener el liderazgo de la acción política y la confianza de una ciudadanía atribulada por la crisis, golpeada por el coronavirus y decepcionada por la imposibilidad de lograr el cambio político.
De aquí al 4 de enero próximo, la bancada opositora también deberá luchar por mantener su integridad frente a posibles nuevas operaciones de soborno y extorsión como la que mermó su composición entre diciembre de 2019 y enero de este año, denominada Operación Alacrán.
Consultarán con partidos y otros actores
El diputado Carlos Prosperi, jefe de la fracción parlamentaria de la unidad que incluye a AD, UNT, PJ, VP, LCR y Concertación por Venezuela (partidos minoritarios), sostuvo que el reto central de la AN, luego de cuatro años y medio de gestión, sigue siendo “la restitución del hilo constitucional”.
Para ese objetivo, explicó Prosperi, es necesario lograr una convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias justas, creíbles y verificables, convocadas por un Consejo Nacional Electoral nombrado por la Asamblea Nacional conforme al artículo 296 constitucional, que permitan la conformación de un Poder Ejecutivo legal y la renovación del Poder Legislativo.
Prosperi señaló que si la elección legislativa no es convocada por un CNE legítimo, el resultado que arroje ese proceso no tendrá validez y lo correspondiente sería la continuación del mandato de los diputados legítimamente elegidos en diciembre de 2015.
Aseguró que en los próximos días se iniciará una discusión con todos los partidos representados en la AN para tomar una posición de consenso respecto a esa tesis. Esa discusión podría incluir también a los partidos que, habiendo firmado el Pacto Unitario la semana pasada, no tienen representación en el Parlamento.
En AD no tenemos una decisión oficial. El Parlamento tampoco ha tomado una decisión oficial al respecto. Pero la decisión que se tome no será unilateral, sino que vamos a abrir el debate. Tiene que reunirse el CEN del partido, la fracción parlamentaria de AD, las fracciones parlamentarias de la unidad, otros sectores de la sociedad civil, como gremios, sindicatos y otros partidos que no están en la AN pero que apoyan el Pacto Unitario”, dijo.
La Causa R avala la continuidad
El diputado Américo de Grazia (LCR) coincide con Prosperi: “Nuestro mayor reto y compromiso es reponer el hilo constitucional”.
Para La Causa R no hay dudas de que el mandato parlamentario debe extenderse hasta lograr una elección legítima, conforme a lo establecido en el artículo 333 constitucional, que ordena a todo ciudadano investido o no de autoridad a contribuir a reponer la vigencia de la Constitución.
Si un ciudadano sin autoridad está llamado a cumplir esa tarea, con más razón tiene que hacerlo la única institución y poder legítimamente constituido y aceptado en los países libres del mundo, como lo es la Asamblea Nacional. La continuidad implica que después del 5 de enero pasaríamos del gobierno interino a constituir el gobierno de emergencia nacional”, dijo De Grazia.
Agregó que, en su opinión, esa continuidad del mandato también pasa por ratificar el liderazgo de Juan Guaidó: “Es indispensable contar con Guaidó, la única figura legitimada nacional e internacionalmente. Sustituirlo es desensillar el caballo y sería una jugada incomprensible y estratégicamente equivocada”.
Catedráticos y académicos fijaron posición
La decisión sobre la continuidad del mandato no es poca cosa, pues la raíz del apoyo popular y del reconocimiento internacional a la actual Asamblea Nacional es su legitimidad de origen, enraizada en el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015.
Si, de acuerdo con la Constitución, el mandato de cada legislatura cesa el 4 de enero de cada cinco años y el nuevo Parlamento se instala el 5 de enero, la prolongación del mandato sería inconstitucional. Pero, por otro lado, el mandato de un Parlamento surge necesariamente de una elección y si esa elección no se produce o no es considerada legítima (como ocurrió, por ejemplo, con la de Nicolás Maduro en 2018, razón por la cual decenas de países no lo reconocen como presidente), entonces, ¿se queda el país sin Asamblea Nacional, sin diputados, sin Poder Legislativo?
La cátedra de Derecho Constitucional de la UCV emitió un documento de 12 páginas el pasado 27 de agosto de 2020 en el que ofrece una respuesta a esa pregunta. Luego de un detallado análisis de la situación institucional y jurídica de los poderes públicos en Venezuela, incluida la designación de unos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte de unos magistrados cuestionados ellos mismos en su idoneidad, los catedráticos señalan que cualquier elección que pretenda tener visos de legalidad y legitimidad democrática “debe ser consecuencia del cese de la usurpación y un régimen reglado de transitoriedad” avalado por instancias internacionales y Estados democráticos.
En tal sentido instan expresamente a la directiva de la Asamblea Nacional a “que defina anticipadamente que el proceso dirigido a un simulacro de elección, el 6 de diciembre de 2020, no produce efecto alguno y que, en consecuencia, con base en los valores democráticos y los principios constitucionales axiológicos de toda institucionalidad, la actual Asamblea Nacional continuará en el ejercicio de sus funciones constitucionales hasta tanto se produzca la restauración democrática y una elección que cumpla los parámetros que permitan su reconocimiento en todos los ámbitos, nacional e internacional”.
En tal sentido, la cátedra universitaria solicita a los organismos internacionales mantener su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por el CNE y que, en consecuencia, se abstengan de enviar misiones de observación electoral a un proceso “inexistente”.
También la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Acienpol, emitió un pronunciamiento el pasado 11 de agosto en que advierte: “Las inconstitucionales sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no tienen legitimidad ni efecto válido alguno, al estar viciadas de nulidad absoluta por usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional y por violación de los derechos constitucionales y humanos”.
Y agrega el documento: “Por lo cual, tampoco podrán tener efecto jurídico alguno ni legitimidad: ni la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral; ni la emisión por este de ‘normas electorales’ modificando la Ley Orgánica de Procesos Electorales; ni la fijación de fecha para elecciones parlamentarias; ni el secuestro de los partidos políticos; ni las falsas elecciones que así puedan realizarse”.
¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional en estos cuatro años y pico?
Por otra parte, las acciones y propuestas emprendidas por la Asamblea Nacional como poder legítimo de mayoría opositora para impulsar el cambio de gobierno desde 2016 han sido de distinta naturaleza y alcance. A continuación un resumen de las principales acciones políticas:
- 2016: propuesta de reforma constitucional para acortar el mandato presidencial, convocatoria a un referendo revocatorio presidencial y declaratoria del abandono de cargo de presidente de la República. Estas acciones fueron declaradas nulas o entorpecidas por el Poder Judicial. Ese año también se instaló una mesa de diálogo con veeduría del Vaticano, cuyos acuerdos no fueron honrados por el gobierno de Maduro.
- 2017: declaratoria de la ruptura del orden constitucional a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional que entregan las competencias de la AN al TSJ, e instalación de una mesa de negociaciones internacional a instancias de República Dominicana.
- 2018: continuación de las negociaciones en Dominicana hasta que el oficialismo intentó forzar la firma de acuerdos por la vía de la extorsión a integrantes de la delegación de la oposición; declaratoria de la usurpación de la Presidencia de la República como resultado de un proceso electoral forjado; declaratoria de la emergencia humanitaria compleja.
- 2019: juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado en aplicación del artículo 233 constitucional; aprobación del Estatuto para la Transición a la Democracia, consenso en torno a la ruta del cese de la usurpación; instalación de un gobierno de transición y convocatoria a elecciones libres; consolidación de un respaldo internacional a la lucha por restituir la democracia, e instalación de las negociaciones con mediación del Reino de Noruega hasta que el oficialismo saboteó el proceso e instaló una mesa de diálogo paralela.
- 2020: renovación del mandato a Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países como presidente encargado de Venezuela, y apoyo a la decisión de los partidos políticos de no participar en la votación del 6 de diciembre por no contar con garantías mínimas de transparencia y credibilidad.
Foto principal: Luis Miguel Cáceres, archivo Crónica.Uno
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