El Parlamento exigió al Gobierno incentivar la producción nacional y publicar las cifras oficiales de escasez, inflación, desnutrición y desabastecimiento de alimentos.
Caracas. Por segunda sesión consecutiva la Asamblea Nacional (AN) trató el tema económico. Esta vez la mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó un acuerdo en el que se exige el “cumplimiento de la Constitución” con la sustitución del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y permitir que la ayuda humanitaria ingrese al país. “El 80 % de los venezolanos pierden peso porque la nutrición en nuestro país está por el piso (…) lo que padecemos es una violación a un Derecho Humano fundamental, como lo es la seguridad alimentaria”, dijo la diputada de la oposición María Beatriz Martínez.
En el documento aprobado por el Poder Legislativo se indica que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) solo llegan a 10 % de la población y no cubren a los 2,5 millones de hogares más pobres. Además se exige al Gobierno la publicación de cifras como la escasez, inflación, desnutrición y desabastecimiento de productos y ejecutar políticas que favorezcan la producción nacional. También se insta al Ejecutivo a “abandonar el hostigamiento a los altos sectores productivos del país”.
El Parlamento también decidió la creación de una comisión especial que aporte ideas para solucionar la crisis agroalimentaria. La instancia está conformada por Carlos Paparoni (presidente), Luis Silva (vicepresidente), Alexis Paparaoni, María Beatriz Martínez y dos legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que deben ser designados por esa organización. “Pagamos más de 15 veces por productos importados, porque no se está produciendo nada en Venezuela”, indicó Carlos Paparoni.
[irp posts=”39053″ name=”AN exigió al Gobierno nuevo ajuste salarial y permitir la ayuda humanitaria”]Piden investigación contra el procurador
Los diputados también acordaron enviar un informe a la Fiscalía General de la República en el que solicitan investigar al actual procurador general, Reinaldo Muñoz, por supuesta “usurpación” de funciones al no cumplir con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo.
El diputado Oscar Ronderos presentó la propuesta y señaló que Muñoz se graduó en 2002 y no cumple con los 15 años de ejercicio del cargo que debe tener la persona que ocupe el puesto de Procurador General: “Pero el ciudadano que denunciamos por usurpar el cargo no ha sido nombrado por el Presidente, ni autorizado por la AN, ni cumple con los requisitos para ser designado miembro del TSJ”.
El diputado del PSUV, Francisco Torrealba, acusó al Parlamento de violar la Constitución señalando que Muñoz fue designado como procurador encargado por su antecesor, Manuel Galindo, luego de que este asumiera la Contraloría de la República y que por tanto había “continuidad administrativa”. “Usurpación es la de la AN que incorporó a personas que no tienen credenciales de diputados, como es el caso de Amazonas”, sostuvo.
La oposición argumentó que Galindo era el procurador encargado y que un procurador encargado no puede nombrar a un nuevo sustituto, pues este debe ser designado por el Presidente y contar con la aprobación del Parlamento. “No aprendimos nada de su intervención [diputado Torrealba]. Entonces hay continuidad administrativa de la ilegalidad, esperemos que los estudiantes de derecho no lo hayan escuchado”, expresó Delsa Solórzano (MUD).
Los diputados de la MUD agregaron que remitirán el informe a las representaciones diplomáticas en el país para indicar que las actuaciones de Muñoz, en representación de la República, son nulas. Las acusaciones contra el funcionario se dan un día luego de que este introdujera un recurso de amparo en contra de la AN en el que pide al máximo juzgado tomar las “acciones necesarias” para “evitar” que continúe el accionar del Parlamento, como el juicio político en contra de Maduro.
Foto: Miguel González
Participa en la conversación