Luego de la muerte violenta de Claudio Calzadilla en manos de un grupo integrado por indígenas y disidentes de grupos armados, los productores del estado Apure exigen a las autoridades justicia y castigo para quienes le quitaron la vida al ganadero de 31 años de edad.
San Cristóbal. Los productores agropecuarios del estado Apure se encuentran alarmados y consternados con el asesinato del joven ganadero apureño, Claudio Calzadilla, a manos de un grupo armado en los que estarían involucrados indígenas de la zona y disidentes de grupos armados de la región.
La información suministrada por ganaderos indican que Calzadilla, de 31 años de edad y dueño de la finca La Fortaleza, buscaba ocho caballos que le habían sido hurtados por este grupo armado.
Los asaltantes lo emboscaron e hirieron su caballo con una flecha, cuando Calzadilla cayó, los sujetos lo capturaron. Los ayudantes del ganadero lograron huir tras soltar las amarras de cinco caballos recuperados, de los ocho robados.
Chara Melgarejo, representante de la Federación Nacional de Ganaderos en el estado Apure, señaló que la última vez que los ayudantes de Calzadilla lo vieron estaba vivo. “Al muchacho lo mataron y lo descuartizaron. Después lanzaron los restos al río para que no lo encontraran. Solo una pierna fue lo que se logró recuperar”, dijo.
Explicó Melgarejo que los indígenas que integran este grupo armado pertenecen a las etnias Yaruyo y Sivi que viven en Capanaparo y Cinaruco en comunidades como Vuelta Mala, La Campana, El Rosario y Carapita, así como disidentes de grupos armados al margen de la ley que hacen vida en la zona fronteriza con Colombia. “Unas 40 personas conforman este grupo”, añadió.
Esta práctica sanguinaria de asesinar finqueros ya sería recurrente, de acuerdo con información suministrada por Melgarejo y otros productores, pues el año pasado, en una finca donde robaron unas 600 reses, mataron a cuatro obreros.
La inseguridad ha causado el abandono de unidades de producción enteras, porque los dueños, aterrados, prefieren dejar las tierras con tal de resguardarse y salvar parte de las reses, antes de quedarse sin nada.
En el caso del hato Santa Bárbara, donde había más de 1000 reses, entraron estos grupos armados. Tras 13 días de litigio entre cuerpos de seguridad y asociaciones indígenas, lograron recuperarla; sin embargo, se llevaron cerca de 300 reses del lugar. “Hay fincas que están ocupadas por los indígenas. Sus dueños las abandonaron y ellos se apropiaron de las tierras”, explicó Melgarejo.
En la finca La Fortaleza, el ganadero Calzadilla se había hecho cargo de las tierras luego de la muerte de su padre, por lo que se vio en la obligación de abandonar sus estudios de Veterinaria en la Universidad Central de Venezuela, los cuales estaba a punto de culminar.
Este lunes, representantes del gremio ganadero se reunieron con las autoridades de los diferentes cuerpos de seguridad del estado Apure para pedir que se tomen medidas con urgencia, pues ante la presencia de indígenas los policías no actúan con la rigurosidad debida.
Asimismo, se comunicaron con Tarek William Saab, fiscal designado por la Constituyente, a fin de ejercer presión pues la situación pone en riesgo a productores de la zona.
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