A más de una semana del asesinato de cuatro yanomamis en Amazonas, lejos de haber una investigación imparcial, las acciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones indígenas están limitadas. En Parima B el conflicto no termina, ya que los indígenas esperan justicia por sus hermanos.

Puerto Ordaz. El conflicto en Parima B por el asesinato de cuatro indígenas de la etnia yanomami en Amazonas no termina, y todavía esperan justicia. Más de una semana ha transcurrido desde que una disputa por un equipo de internet, entre funcionarios de la Aviación Armada e indígenas, terminara con el asesinato de cuatro de estos últimos.

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, designó en Amazonas al fiscal 91 en materia indigenista y la Fiscal Cuarta de Derechos Humanos, para investigar con expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo ocurrido el pasado 20 de marzo.

Sin embargo, aunque la Defensoría del Pueblo en Amazonas abrió un expediente, sus acciones están limitadas. Al menos es la denuncia que hacen desde las comunidades, donde exigen pronta justicia y procesamiento para los responsables de la muerte de tres hombres y una mujer, indígenas yanomamis de Parima B en Amazonas, donde se dieron los hechos.

Los aborígenes impiden la salida de los uniformados, como garantía de que las autoridades actúen en la resolución del conflicto. Solo permitieron la salida de dos de ellos, quienes resultaron heridos en el enfrentamiento.

Solo llegaron al acuerdo de dejar salir a los heridos, pero aún se mantienen más de 20 efectivos militares en la base de Parima. De acuerdo con las versiones de pobladores de La Esmeralda, los yanomamis exigen la presencia la vicepresidenta de la República», informó Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal.

Agregó que a los militares heridos los trasladaron al hospital José Gregorio Hernández, en Puerto Ayacucho. Estos están identificados como Eduar José Evans Seijas (25), primer teniente de la Aviación; y el soldado Jefferson Jesús Sebastián Garrido (18).

Comunicado indígena

Diferentes organizaciones indígenas emitieron un comunicado donde rechazaron el abuso de poder y la arbitrariedad en contra de la comunidad de Parima B. Roberto Yavinape, coordinador general de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, COIBA, recordó que es el tercer caso que vive el pueblo Yanomami.  

Solicitamos el apoyo de todas la organizaciones públicas bajo su competencia de justicia, que esto se haga realidad y que salgan procesados los que deben salir procesados, después de una investigación de fondo”, refirieron.

En el comunicado del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, solicitan ante la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, la designación de una Comisión Especial Mixta integrada por la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional, para investigar los hechos.

Los hechos

El 20 de marzo hubo un conflicto entre indígenas y con funcionarios de la Fuerza Aérea Venezolana. Según dijo el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez: «Hubo un enfrentamiento entre yanomamis y compañeros del componente Aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet».

Esta versión también la obtuvo la ONG Kapé Kapé, con información del hermano de un yanomami de 16 años que resultó herido en el brazo..

«El indígena yanomami confirmó que el suceso ocurrió el día domingo (20 de marzo), con el saldo de cuatro yanomamis fallecidos, y que todo ocurrió porque los militares les negaron el uso del WIFI de Internet que tienen en la instalación militar. Además, de decirles que el equipo iba a ser enviado a Puerto Ayacucho, lo cual, de acuerdo con el testimonio del yanomami, enfureció a los indígenas», señaló Kapé Kapé.

En 2020, distintos grupos indígenas de Amazonas denunciaron a militares por proteger a estos grupos armados que se asientan en territorio indígena para, en parte, ejercer la minería ilegal y someterlos.

De acuerdo con la ONG Provea, al menos 12 indígenas de los pueblos Pemón, Warao, Jivi y Yanomami han sido asesinados desde 2017 por policías y militares.

Relación indígenas y militares

Amazonas es un punto ciego en la justicia venezolana. Algunos detalles que explican el conflicto en estos territorios es el Alto Orinoco, municipio fronterizo con Brasil.

En ese punto nace el río Orinoco. Lo único que se observa es selva por todos lados. No hay carreteras ni hospitales ni otro tipo de infraestructuras. Para ir a Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas, son dos horas en avioneta o varios días en lancha. En ese territorio queda el Parque Nacional Yapacana, actualmente destruido por la minería. Ahí se encuentra una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo», destaca el portal de Fe y Alegría Noticias.

Estas comunidades indígenas llevan años denunciando la presencia de garimpeiros y grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, así como los llamados sindicatos mineros. La presencia de ellos se da ante la inoperancia de las instituciones públicas y los cuerpos de seguridad del Estado encargados del resguardo de estas zonas.

Además, la relación entre las comunidades indígenas y militares que hacen vida en sus zonas siempre ha sido irregular, destaca Ortiz.

«La relación entre los militares y los indígenas siempre ha sido muy particular. Eso va a depender de la persona que llegue a la comunidad donde están esos puestos militares y pueda entender la parte cultural de los pueblos indígenas. Son 21 pueblos indígenas en Amazonas y no todos son iguales. Unos son más arraigados a su cultura que otros. Particularmente, el pueblo Yanomami es el que tiene su cultura más arraigada. Y es por ello que ellos se mantienen en sus territorios, que es bastante extenso», explicó.

Masacre de Haximú 

A propósito de los sucesos del pasado 20 de marzo, se recordó la masacre de Haximú en 1993.

Fue un ataque de garimpeiros contra yanomamis. Para entonces. el Estado venezolano llegó a un acuerdo bilateral con Brasil para atender a los yanomamis de ambos países. En 2012, Venezuela hizo un acuerdo amistoso aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Qué ocurrió en Haximú? «Entre los meses de junio y julio de 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjeron dos ataques que propiciaron el asesinato de 16 indígenas Yanomamis Amazonas, ocho de ellos niños y niñas, incluyendo un niño de menos de un año», detalló Provea.

La masacre fue perpetrada por 22 mineros brasileños que ejercían la minería ilegal en territorios indígenas.

«Luego de los hechos, el Estado venezolano se comprometió a suscribir un acuerdo con el gobierno de Brasil, para establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto, para monitorear y controlar la minería ilegal en territorios Yanomami». Acuerdo que en la actualidad se incumple.


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