La alta comisionada mencionó “las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, e instó a garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras, la presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente.
Durante la 47° sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que el espacio cívico en Venezuela sigue reduciéndose con casos de estigmatización, criminalización y amenazas contra miembros de la sociedad civil, medios de comunicación y de la oposición política.
Bachelet hizo mención del arresto arbitrario de tres miembros de la ONG Fundaredes llevado a cabo el pasado viernes, y lo calificó como “ejemplo preocupante” de las restricciones que sigue imponiendo el Estado al espacio cívico.
Haciendo alusión al más reciente informe de su Oficina, la alta comisionada señaló que, entre los 97 incidentes de estigmatización y criminalización relacionados con personas defensoras de derechos humanos, buena parte son “acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica”.
De igual forma, llamó a las autoridades a revisar el actual marco legal en aspectos como la “fiscalización desproporcionada” a la sociedad civil y vinculación de la misma y sus actividades humanitarias y de derechos humanos con delitos como el terrorismo.
Según el último informe de Acnudh, entre junio de 2020 y abril de este año hubo dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de intimidación, todos relacionados con defensores de derechos humanos o personas vinculadas al espacio cívico y su ejercicio, como periodistas, líderes sindicales, activistas y ONG.
Sobre el caso de los activistas de Fundaredes, quienes fueron imputados este sábado de presunta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, Bachelet solicitó “el acceso urgente de abogados defensores de su elección”. Previamente, la alta comisionada mencionó “las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso” e instó a garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras, la presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente.
“Una sola muerte ya es demasiado”
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet dijo que, como se reflejó en el último informe de su Oficina, hubo una “tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad”, aunque “una sola muerte ya es demasiado”, por lo que instó a que la reforma policial que adelantan las autoridades venezolanas produzca un “cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos”.
Es una oportunidad para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo Bachelet, y añadió que “es urgente continuar avanzando” con los procesos judiciales que determinen las responsabilidades individuales y colectivas por las muertes en protestas en los últimos años.
“Los procedimientos judiciales sistemáticos en casos similares, incluyendo la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando, reflejarían la voluntad firme de llevar a los perpetradores ante la justicia”, dijo la alta comisionada.
Aplaudió el “inminente cierre” de los centros de detención gestionados por servicios de inteligencia y el plan para reducir el número de presos en los centros de detención preventiva, al tiempo que pidió que se garantice el acceso a alimentación, agua, saneamiento y atención sanitaria a todas las personas privadas de libertad y “se produzcan con prontitud los traslados a centros con mejores condiciones”.
Se agravan las desigualdades
Sobre la situación económica y social que afecta al país, sumido en una crisis humanitaria compleja desde 2015, Bachelet mencionó que “continúan las protestas sociales ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos”, y las desigualdades socioeconómicas prexistentes se han agravado por la pandemia y, a su juicio, las sanciones.
Destacó las reiteradas solicitudes y reclamos del personal sanitario en favor de mejores condiciones de trabajo en el contexto de la pandemia, situación que agravó la crisis hospitalaria que ya vivía el país desde años anteriores y que se mantiene con falta de insumos y equipos de protección, salarios insuficientes y condiciones insalubres en los hospitales.
En reacción a la declaración de Bachelet, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos señaló que este nuevo informe fue “más objetivo”, pero que sigue tomando como base “medidas desproporcionadas contra el país”. La posición del gobierno de Maduro fue respaldada por aliados políticos como Cuba, Irán, Nicaragua y China.
La Unión Europea, por su parte, expresó preocupación por la persecución política y restricciones a la libertad de expresión y de prensa, posición compartida también por Brasil, Ecuador, Australia y Luxemburgo. Japón y Uruguay hicieron mención de las denuncias de torturas y detenciones arbitrarias, mientras que Bélgica destacó la falta de separación de poderes en el país.
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