Bs. 5,4 millardos destinará la Vicepresidencia a “sistema” para fijar precios y fiscalizar

El presupuesto de 2017 revela que tanto la Vicepresidencia como el Ministerio de Finanzas tienen como lineamientos el control de los precios, pero la aceleración sigue.

Caracas. La Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas tienen como lineamiento para este año desacelerar los precios, sin embargo, las acciones oficiales que se ejecutan van en sentido contrario.

La Ley de Presupuesto de 2017 detalla los objetivos de los entes oficiales y el despacho de las finanzas públicas tiene entre sus prioridades la conformación de un plan antiinflacionario sobre el cual no da detalles, solamente menciona que a lo largo de este ejercicio habrá un “programa de origen fiscal, para coadyuvar a la estabilidad de los precios, con metas macroeconómicas y presupuestarias, que garanticen la credibilidad de la política económica”

Esa línea de Finanzas es complementada por la Vicepresidencia, que dispondrá de 5,1 millardos de bolívares para crear “el sistema integral de evaluación y fijación de precios para contribuir a la desaceleración de la inflación”, sin ofrecer mayores precisiones.

El Gobierno asegura que la inflación es “inducida”, no obstante, los precios se disparan por la política oficial.

Frente a una baja oferta de bienes, por la caída de la producción, el Banco Central de Venezuela (BCV) imprime bolívares para atender el déficit de las empresas públicas y ese dinero que se inyecta a la economía presiona los precios. Los datos del instituto emisor muestran que en solo cuatro semanas ese financiamiento del BCV subió 35 %.

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Hasta la fecha, no se ha divulgado la variación de la inflación de 2016, pero según datos extraoficiales, superó el 400 %, la más alta desde que se miden los precios.

Adicional al sistema para desacelerar la inflación, se contemplan más inspecciones a los comercios. Este año, la Superintendencia de Precios Justos contará con 373,5 millones de bolívares para fiscalizar los establecimientos en alianza con el denominado poder popular.

La Ley señala que el organismo deberá “garantizar y regular los patrones de consumo, la estructura de costos de bienes y servicios y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, en acción conjunta entre Gobierno y el poder popular”.

Se añade que la superintendencia “continuará fijando criterios técnicos y normas para la determinación de los precios de los bienes y servicios, dando prioridad a los establecidos por la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”.

Foto referencial: Mariana Mendoza


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