Detenidos comen auyama sancochada, pan o patas de pollo apenas una o dos veces al día, pues a sus familiares no les alcanza el dinero para cubrir los tres platos diarios. Quienes no reciben visita se alimentan de lo que le llevan a los demás.
Caracas. Con un trozo de botella de refresco que convirtieron en abanico se echan aire. Da la impresión de que hubiesen utilizado una tijera para cortar el plástico de forma cuadrada pero fueron sus manos, o probablemente sus dientes, los que hicieron el trabajo. Es la única alternativa que tienen los detenidos para luchar contra el desesperante calor de Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda.
Normalmente pasan el día en ropa interior y descalzos para tratar de estar frescos, aunque es casi imposible. Son 50 hombres en un espacio diseñado para 20 que esperan cupo en una cárcel, que continúe su juicio o al menos que se inicie. Mientras deben sobrevivir hacinados en un centro de detención preventiva con condiciones sanitarias extremadamente mínimas.
Entre la oscuridad, el mal olor, los insectos y el silencio pasan sus horas. Se turnan para dormir en el piso, sin sábanas ni almohadas. Y así como adoptaron estas formas de convivencia también se acostumbraron a ser solidarios a la hora de comer.
Pese a que los funcionarios de la Policía del estado Miranda (Polimiranda) tienen horarios para que los familiares lleven las tres comidas diarias, en los cinco Centros de Coordinación Preventiva en funcionamiento —son seis pero uno está en remodelación en Los Teques—, no todos la reciben, pues algunos parientes viajan desde Los Teques a los Valles del Tuy, o son de muy bajos recursos y no tienen para comprar tanto.
Uno de los privados de libertad del Centro de Coordinación Preventiva Número 5, en Santa Teresa del Tuy, lleva cuatro meses tras las rejas por hurtar dos cartones de huevos. Su mamá no dispone de suficiente dinero para enviarle alimento constante y por eso pasa hambre, a menos que sus compañeros de celda compartan con él.
“Mire, señorita, yo le voy a hablar serio, yo tenía hambre y sí hurté esos huevos, porque no le voy a caer a mentiras, pero no solo por mí sino porque en mi casa tengo seis sobrinos que necesitan comer y 15 días antes de ese hecho saqué a dos convulsionando”, dijo el joven, que hablaba fluidamente tras los barrotes, gesticulando con sus manos a través de ellos.
La mayoría de estos 50 reclusos comentaron que comen auyama sancochada, arroz o pan, debido a que para sus madres, esposas y hermanas resulta cada vez más difícil comprarles alimentos por los altos precios y la escasez. Por esa razón ya es común que compartan lo que reciben, sobre todo con quienes dejaron de recibir visita porque se desentendieron de ellos.
Por motivos de seguridad, cada centro de reclusión tiene su normativa en cuanto a lo que se puede ingresar. El pollo o carne no puede ir con huesos, por ejemplo, los refrescos deben ser claros, no todos los jugos —como naranja, parchita o piña— pueden entrar y no se permiten lácteos ni dulces.
Las instrucciones para el acceso de la comida figuran en la entrada del comando de Santa Teresa, entre las que también destaca que los detenidos solo pueden recibir los alimentos en envases de anime desechables.
“A mí no me traen comida todo el tiempo, mi familia no tiene recursos, los compañeros en lo que pueden me ayudan. A veces me traen auyama sancochada o arroz. Le pido a mi mamá que me traiga galletas y catalinas porque con esta hambre si comemos dulces aguantamos pero aquí no nos dejan pasar eso”, manifestó un recluso que tiene dos años en los calabozos en período de juicio.
El director de Polimiranda, comisario Elisio Guzmán, indicó que no hay disponibilidad presupuestaria para alimentar a los reclusos y, de tenerla, sería muy difícil conseguir productos regulados al precio legal para los 237 detenidos que hay en la entidad.
“El Estado debe suministrar la alimentación. Si la Gobernación de Miranda nos diera partida presupuestaria la usaríamos para la alimentación, pero tampoco ellos tienen. Cada quien debe ocuparse de lo que debe, esa partida le corresponde a Iris Varela, se supone que cualquier privado de libertad corresponde al Ministerio para el Servicio Penitenciario”, explicó.
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Se pasa hambre en los calabozos del país
La Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad expuso el grave problema de la alimentación en una investigación denominada “Centros de Detención Preventiva en Venezuela: un diagnóstico preliminar”, cuya muestra se encontraba en la Gran Caracas, Barquisimeto, Coro, Maracaibo, Maturín y Valencia, las ciudades con más población penal.
El hacinamiento, las condiciones de salubridad y poca alimentación violan los derechos humanos de los reos, de acuerdo con el informe, en estos espacios diseñados para albergar a reclusos por al menos 48 horas.
Destacaron la muerte de un reo en Polichacao, en Caracas, el pasado 15 de septiembre de 2016, por desnutrición y tuberculosis. Carlos Enrique Hernández estaba detenido desde el 10 de septiembre de 2015 y nadie lo visitaba, por ende, no recibía comida y sobrevivía de la caridad de los demás.
También los familiares de Fermín José Rondón, de 52 años, declararon a Crónica.Uno que falleció en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en zona 7 de Boleíta, el domingo 6 de noviembre.
Luis Rodríguez, su hermano, acotó que estaba detenido desde hace seis meses y no le pasaban comida desde hace semanas pues no se lo permitían por el hacinamiento. Presume que estaba desnutrido y al no darle atención medica inmediata empeoró.
El hambre también ha provocado otros hechos de violencia, como sucedió en la Comandancia General de la Policía del estado Lara, el 11 de septiembre, donde decapitaron a Edickson Chirinos, de 25 años, y Miguel Gutiérrez, de 20, por robar la comida a otros reos.
Asimismo, en los centros de detención preventiva de Maturín, según la investigación de la ONG, los alimentos terminan en manos de los pranes —líderes negativos— o de lo policías y no llegan al estómago de los detenidos.
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En el estado Falcón también murió un recluso por desnutrición, el domingo 20 de noviembre, identificado como Henry Jesús Zambrano Hernández, de 32 años, recluido desde el pasado 26 de julio cuando le dictaron medida privativa de libertad por delito de robo génerico.
Según Una Ventana a la Libertad es el tercero que muere por este motivo en un centro de detención preventiva de Polifalcón; los otros decesos se registraron en septiembre y octubre en las celdas de este cuerpo policial ubicadas en Coro y Punto Fijo, municipio Carirubana.
El estudio de la ONG explica que en Maturín, dentro de la Policía del estado Monagas, solo pasan la comida una vez al día y los familiares se ven obligados a llevar la cena a la hora del almuerzo. Tampoco se permite el envío de raciones grandes a los reclusos y estos han bajado de peso porque no comen como antes. Incluso en una celda ingeniaron una cocina para resolver con lo que pueden comprarles sus parientes.
En el retén de menores Francisco Bermúdez, en espacios de Polimonagas, no les entregan las viandas con comida, al igual que en la Unidad Socioeducativa Jesús María Rengel, donde una vez al mes donan alimentos pero en poca cantidad, como una paca de arroz o pasta y 18 pollos, para una cantidad de privados de libertad que varía y pasa de los 18. Tras esta situación, los parientes deben llevarles los platos diarios con los ingredientes que logren encontrar.
En la Policía del estado Carabobo, los familiares contaron a Una Ventana a la Libertad que les cuesta obtener comida y por si fuera poco deben llevarles demás para que la compartan con otros presos.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo en rueda de prensa el lunes 7 de noviembre que ha otorgado 26.000 cupos para trasladados a cárceles pero deben cumplir con los requisitos. Y destacó que el problema en los calabozos se debe, principalmente, a la corrupción de los funcionarios.
Alegó que los encargados de manejar detenidos deben garantizar los derechos humanos, porque esos centros siempre van a existir y por lo tanto deben prever una logística.
“No voy a recibir en una cárcel a una persona que no esté en juicio, tiene que estar en juicio y tener su tribunal asignado. A los penados los esconden porque les cobran para trasladarlos, por ejemplo”, sostuvo.
Familiares sufren más que los presos
Cerca del mediodía, las mujeres comienzan a agruparse a pocos metros de la sede de Santa Lucía, también perteneciente al Centro de Coordinación Policial Número 5 pero con población adolescente. Ahí esperan pacientemente el momento de cumplir la visita, que es solo los miércoles y domingos, aunque a diario deben ir a entregarles el desayuno, almuerzo y cena a los reclusos.
Todas llegan cargadas de bolsas de tela con comida, ropa o artículos de uso personal y se sientan a esperar debajo de un árbol que las protege del inclemente sol tuyero.
Los platos resueltos como milanesa o carne con arroz se acabaron. Lo más barato que podían darles de comer era sardinas “y ni eso porque están bien caras”. Cada vez tratan de ajustarse más a la crisis y ahora les llevan patas de pollo guisadas que, dentro de lo caro, es lo más económico que consiguen.
“A veces le traigo auyama sancochada con queso y mantequilla, o lechosa sancochada. Antes le daba sardina con arroz que era lo más barato y sé que lo llenaba, pero ya ni eso puedo comprar. Cada vez le traigo menos”, contó una de las madres que esperaba su turno para poder entrar a la visita, sentada en un muro muy pegada a un poste.
El comisionado agregado del Centro de Coordinación Policial Número 5, Ernesto Rengifo, explicó que antes eran más estrictos con el ingreso de alimentos que tenían alto contenido de azúcar porque los detenidos se ponían muy activos.
Sin embargo, han tratado de flexibilizar estas normas para ayudarlos y llegaron a acuerdos con los parientes: ahora llevan pocas porciones de tortas, galletas o lácteos. Las comidas más comunes son arepas, pan y pasta.
“70 % de los detenidos que son de Los Teques no reciben cena. Los familiares no vienen con frecuencia y cuando vienen traen poca comida. Aunque los detenidos suelen ser solidarios con los que no tienen qué comer, esa solidaridad se está perdiendo por lo poco que les dan”, comentó el funcionario.
Una de las señoras va solo los días de visita a ver a su hijo porque la familia vive en Caracas y gasta 1.300 bolívares solamente en pasaje. Esos dos días trata de llevarle buenas cantidades de alimento para que las distribuya en la semana. Otra de las madres aseguró que solo va cada 15 días porque es único sustento de su hogar a pesar de que no trabaja, y como puede busca los alimentos.
“Le traigo pan con cambur a veces, hago lo que puedo. Ellos adentro pasan hambre y nosotras afuera sufrimos más para conseguirles las cosas y porque están presos”, expresó la mujer.
En los calabozos de Santa Lucía hay varios mayores de edad, entre ellos un señor que estaba en situación de calle y fue detenido por robar cauchos. A penas vio al equipo de prensa de Cónica.Uno arrancó a llorar pidiendo aunque sea un pan, ya que no tiene familia y por ende nadie le da nada.
Los funcionarios que custodian comentaron que a veces reciben visitas de grupos de cristianos que hacen donaciones y él aprovecha para comer, de resto se rebusca con las sobras de sus compañeros de celda.
“Ayúdenme por favor, yo no tengo comida, no tengo nadie que me ayude aquí, me estoy muriendo de hambre, por favor regálenme un pan”, lloraba detrás de las rejas, con su aspecto decaído y en delgadez tan extrema que se marcaban sus costillas.
El comisario Guzmán apuntó que hay que estar más pendientes de su salud, ya que no se están alimentando bien. Por su aspecto pueden darse cuenta, así como por las ojeras, ojos demacrados, falta de ánimo o mareos.
Por ello sus defensas no están altas y son más propensos a enfermarse. “Mi miedo es que en los calabozos pase algo irreversible por la falta de alimentación”, subrayó Guzmán.
Fotos: Miguel González y Cheché Díaz
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