Llegar al poblado de Caño de Los Becerros es ver no solo la tragedia de un pueblo sino una radiografía de la crisis que vive el país. Aunque sus habitantes dicen que nunca ha sido un pueblo muy alegre, la tristeza tomó sin contemplación la localidad que sufrió la pérdida de nueve de sus hijos debido a la explosión de más de 100 cilindros de gas en diciembre pasado. Las carencias aún continúan ante la indiferencia gubernamental.

Maturín. En Caño de Los Becerros no hace falta llorar, la tristeza se siente desde la entrada del pueblo donde todos se hacen llamar familia. No hay una señalización que anuncie la llegada al caserío que, desde el 28 de diciembre de 2020, cuando explotaron más de 100 cilindros en cadena, no ha sido el mismo. 

Diciembre de 2020 y enero 2021 han sido meses de amargas despedidas en la comunidad. El silencio recorre las calles del poblado, es domingo y todos están en el entierro de Rutselis Leonett, quien murió el sábado 6 de febrero y es la novena persona que despiden como consecuencia de la tragedia. 

Todos quieren acompañar el sepelio de Rutselis y dar el último adiós, pero la escasez de gasolina y transporte no lo permiten porque el cementerio Buena Vista, el más cercano, queda a 20 minutos del pueblo.

La calle principal del poblado luce desolada, y el olor a leña se traduce en una respuesta de un pueblo renuente a volver a usar cilindros de gas. El Caño, como le llaman sus habitantes, está ubicado a una hora 40 minutos de Maturín, capital de Monagas. Es una comunidad rural del municipio Piar que se ha convertido en una radiografía de un país en crisis.

A pocos metros de la entrada a la comunidad está la casa de Berenice Amundaray, representante de las UBCh en el sector y lugar donde estaban almacenados los cilindros que explotaron aquella fatídica tarde de diciembre en Caño de Los Becerros

La Gobernación de Monagas ha prometido reconstruir la casa, una pequeña valla ubicada dentro de la estructura de la vivienda es el único indicio de esa promesa; obreros tumbaron las paredes y han levantado apenas unos tubos con unas láminas de zinc, alrededor hay bloques y arena que, suponen, permitirá continuar con la construcción de la vivienda.  

A Amundaray le prometieron que su casa estaría nuevamente levantada en un mes y ya ha pasado mucho más del tiempo acordado.

En la carretera del poblado aún quedan vestigios de la explosión. Una marcas negras resaltan en el asfalto desgastado y en los pensamientos de los vecinos se repite con insistencia el momento del accidente.

Reconocen que el pueblo nunca ha sido muy alegre, pero ahora el dolor y la tristeza la llevan en el alma y basta con entrar a cada una de las viviendas, algunas de bahareque, para entender que la tragedia, para ellos, no ha terminado.

Abandonados a su suerte

No solo la tristeza reina en el caserío, la impotencia invade reiteradamente a los afectados. Se han topado con situaciones a lo largo de estos 45 días, que han calificado como injusticias, estas van desde falta de atención médica, hasta declaraciones de autoridades en las que se culpa a «colillas de cigarro» de un accidente que ha dejado pérdidas humanas, materiales y daños psicológicos.

“Aquí  todos somos familia”, repiten con insistencia los vecinos de El Caño y eso lo han demostrado desde que unieron sus fuerzas para apoyarse unos a otros, incluso compartiendo tratamientos, pues no todos recibieron las cremas y antibióticos por parte de la gobernación monaguense.

Caño
Heridos viven en situaciones precarias y no reciben los cuidados adecuados / Foto: Natacha Sánchez

Yamili Romero intenta disimular su llanto, pero no puede, el dolor vence su temple. Por la explosión, perdió a dos de sus cinco hijos, Genderson y Emily Leonett, de 9 y 13 años de edad, respectivamente. 

Yamili no tiene cabeza para buscar culpables y dice que, de igual manera, ya nadie le devolverá a sus hijos. Al recordar el día del accidente irrumpe en lágrimas y exclama: “Si yo hubiese sabido que esto iba a pasar, no dejo a mis hijos salir”, ambos acompañaron a su papá a retirar el cilindro de gas. Yamili estaba trabajando para ese momento.

No sé qué decir sobre esto, es algo horrible. No sé cómo sentirme con estas dos perdidas, no me imaginé que mis hijos se me iban a ir. La última noche que hablé con Genderson yo creo que él ya sabía que se iba porque me dijo ‘mami abrázame, te quiero mucho, me estoy muriendo’ y yo lo abrace fuerte”, dice.

Yamili sostiene que sus dos hijos no están hoy junto a ella por la falta de atención médica. Ambos estuvieron seis días en el Hospital de Maturín sin recibir tratamiento. 

Emily fue una de los cuatro pacientes trasladados el 2 de enero al Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Yamili agradece la atención en este centro de salud, pero reconoce que el traslado de su hija, por tierra, complicó la evolución satisfactoria de su caso.

Si los tratan desde las primeras horas, no pasa esto. Se los llevaron en una ambulancia. Yo pensaba que el traslado lo harían en un helicóptero por tratarse de lo delicado que estaban y las quemaduras que tenían, pero se los llevaron en una ambulancia sin aire, y cuando mi niña llegó allá me dijo: ‘Mami, me duele todo’ ella desmejoró mucho después de ese viaje», dice.

Sin condiciones 

En Caño de Los Becerros la realidad golpea fuertemente. Los servicios públicos básicos no funcionan, pueden pasar hasta tres días sin luz, y de no ser por sus reclamos, se sumaría la falta de agua. Desde que los afectados han regresado a sus hogares han tenido que sortear las carencias, suele ser un cartón lo que alivia las incomodidades de las quemaduras cuando no hay electricidad.

En El Caño todos viven de la agricultura, pero después de esta tragedia han perdido sus cosechas. Entre viajes al hospital y preocupaciones no quedaba tiempo para atender el conuco, por lo que la mayoría de lo sembrado se perdió. Hoy las ayudas vienen de fundaciones y particulares, pero se definen como un pueblo desatendido por el gobierno regional.

caño
Residentes prefieren cocinar a leña ante el temor de una nueva explosión / Foto: Natacha Sánchez

Para Xabier Gil y Moisés Chacón, la vida ha dado un giro marcado de dolor. Ambos sostienen que hicieron lo que pudieron para salvar a sus familiares, pero la falta de cuidado y atención médica no lo permitió. Xabier Gil perdió a su esposa, Laura Figuera, y a su hija de 5 años, Xabielis Sofía.

 “Laura murió pidiendo oxígeno”, es la frase que repite Xabier, quien cuenta que desde el día antes de morir (31 de diciembre), su esposa presentaba dificultades para respirar, horas antes de su deceso (1° de enero) el padecimiento fue notificado a las enfermeras de guardia, pero no hubo atención.

Ella me decía que no podía respirar bien, que le pusieran oxígeno, le notificamos eso a las enfermeras y ellas se fueron a comer”, dice entre lágrimas Xabier.

Su hija, Xabieli, también fue trasladada, junto con Emily, al Hospital Central de Ciudad Bolívar, y así como Yamili, Xabier sostiene que el cansancio del viaje fue lo que ocasionó que su hija falleciera.

A Moisés Chacón revivir lo que sufrió en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar le genera impotencia: allí perdió a su hija de 17 años. Así como el resto de los afectados, Moisés culpa a la falta de atención médica de que hoy Meivys no esté a su lado.

“Estuvimos cuatro días en traumashock sin ningún tipo de atención médica, de no ser por un video que se grabó no nos hubiesen atendido, ese video fue pidiendo auxilio y recibimos amenazas por grabarlo. A mi hija Meivys la pasaron a cuidados intensivos y allí se fue la luz y estuvimos 48 horas sin luz. Se habló con los directores para arreglar la falla rápido pero qué va. Las ayudas fueron pura fachada”, afirma Chacón.

Moisés cuenta con indignación que un día antes de que su hija muriera le había manifestado que tenía dolores en el oído, esto se lo informaron  a los médicos de guardia, quienes decidieron quitar la venda de su cabeza y revisar. Se conoció por un reporte preliminar y extraoficial que Meivys sufrió de septicemia.

Yo le pedí a los doctores y enfermeras que la revisarán porque ella tenía la cabeza vendada. Cuando le quitan las vendas y la revisan, se dan cuenta de que tenía un gusano en el oído. Dos gusanos le sacaron a mi hija, y quién sabe cuántos días tendría con eso. Allí en el hospital hay negligencia médica”, relata.

El infortunio continúa 

El pueblo de Caño de Los Becerros no solamente ha sufrido por la tragedia que desencadenó la explosión, sino también por la falta de atención gubernamental. Vecinos denuncian amenazas que buscan silenciarlos. 

De 45 heridos ocasionados por la explosión del 28 de diciembre en El Caño, solo cuatro permanecen recluidos en centros de salud, dos en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar y dos en el Hospital Central de Maturín, nueve han fallecido y 32 han sido dados de alta.

Los 32 heridos que recibieron el alta médica aún necesitan tratamiento para sanar las heridas, el cual se les dificulta costear. Cremas hidratantes, protectores solares y vitaminas están lejos de su alcance. A algunos se los han suministrado desde gobernación, mientras que otros no han recibido la misma ayuda.

“Ni Gasmaca, ni Pdvsa han traído nada para acá. Venían a tomarse fotos. Pero los representantes de Gasmaca no nos han dado la cara, dicen en la radio que todo está bien y eso es mentira. La ayuda que nosotros hemos recibido es a través de Cáritas y del padre Gerónimo. La gobernación trajo hace días unos colchones que los tenemos por ahí porque eso es puro alambre, ¿qué enfermo se acuesta ahí?”, sentencia José González.  

Los reclamos continúan, y la vida de los habitantes de El Caño ha sido marcada por el dolor y las pérdidas tanto humanas como materiales. Los daños psicológicos han sido casi irremediables y se recrean a través de pesadillas y la renuencia de volver a usar bombonas de gas. 

“Yo le dije a mi hijo que vendiera esas bombonas, yo no quiero saber nada de eso”, dice una residente del lugar.

Algo de ayuda llega a mes y medio de la tragedia

El pasado sábado 13 de febrero la gobernadora de la entidad, Yelitza Santaella, finalmente se acercó a la población afectada por la explosión el pasado 28 de diciembre, para hacer «un abordaje social en El Caño de Los Becerros de la parroquia Chaguaramal del municipio Piar, favoreciendo a 126 familias y con mayor ahínco, a las personas que se vieron afectadas con la explosión de cilindros en un centro de acopio de esta comunidad», dice un boletín de prensa oficial.

El alcalde de la jurisdicción Miguel “Micky” Fuentes, junto a los responsables de los entes gubernamentales de Gasmaca, entregó medicamentos, ayudas técnicas, herramientas agrícolas, aires acondicionados, uniformes y útiles escolares, combos alimenticios, entre otros.

“Les entregamos equipos climatizadores a las siguientes personas que resultaron heridas en el suceso referido: Ailin Díaz, Alejandra Rivas, Graciela Gil, José Díaz y Rossanys Brito; así también donamos andaderas, ventiladores y colchones”, apuntó.

Ppor su parte, Gladys Barreto, presidenta del Servim, informó que vieron los terrenos en los que construirán 14 nuevas viviendas a igual número de familias de El Caño de Los Becerros y evaluaron las labores de rehabilitación y mejoras a otras 13 casas, que pertenecen a las víctimas del incidente.

Asimismo, la funcionaria mencionó que la vivienda que fungía como centro de acopio en la que ocurrió la explosión de las bombonas, ya cuenta con 60 % de avance, con la que favorecerán al núcleo familiar que encabeza Benilde Amundaraín.


Participa en la conversación