Trabajadores de la salud en Carabobo exigen el pago de beneficios adeudados a 6000 empleados y advierten un grave riesgo asistencial. Sindicatos denuncian que varios Centros de Atención Integral (CDI) pasaron de 20 a solo tres trabajadores en una década, al tiempo que los quirófanos carecen hasta de insumos básicos de limpieza.
Valencia. El gremio de la salud en Carabobo ha convertido las puertas de las instituciones públicas en un escenario recurrente de sus reclamos. En las últimas semanas, los trabajadores han acudido a la sede del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), organismo rector de la gestión sanitaria en la entidad, para exigir el pago de beneficios pendientes y denunciar las precarias condiciones en las que funcionan hospitales, ambulatorios y demás centros de la red pública.
La más reciente manifestación, efectuada el jueves, 24 de septiembre, reunió a médicos, enfermeras, fisioterapeutas, personal administrativo y obreros del sistema sanitario.
Las organizaciones sindicales expusieron un conjunto de demandas que abarca desde deudas salariales hasta fallas severas de insumos, equipos e infraestructura, en un contexto donde el personal debe sobrellevar la escasez de recursos para mantener la atención asistencial.
La falta de personal se ha transformado en un problema estructural que compromete la operatividad de los recintos de salud. De acuerdo con Pedro González, representante del Sindicato Único Nacional de Médicos y Médicas de Venezuela (Sunamec), la emigración y la migración de profesionales hacia otras áreas económicas han mermado de forma crítica las plantillas asistenciales.
Pese a las constantes solicitudes planteadas ante los departamentos de recursos humanos en los distintos niveles de gestión, la incorporación de nuevo personal resulta insuficiente.
Esta realidad ocasiona situaciones críticas: centros como los de Diagnóstico Integral (CDI), que hace una década contaban con entre 20 y 30 trabajadores, operan actualmente con apenas dos o tres empleados para sostener los servicios, detalló González.
Crisis de personal médico
La escasez de profesionales abarca diversas especialidades. Médicos, fisioterapeutas y radiólogos se ven obligados a desplazarse constantemente entre diferentes centros asistenciales para cubrir las ausencias y atender a los pacientes.
Ante esta contingencia, González rechazó que se responsabilice al personal de las deficiencias del sistema. Al respecto, recordó que “los trabajadores de salud del estado Carabobo también somos pueblo, también tenemos necesidades”. El gremialista subrayó que la continuidad de los servicios depende del esfuerzo diario de quienes permanecen en sus puestos.
En Carabobo, entre 25.000 y 30.000 personas laboran en el sector público de la salud, de las cuales se calcula que unas 6000 esperan por el pago de beneficios acumulados. La exigencia salarial une a médicos, enfermeros, radiólogos, bioanalistas, fisioterapeutas, personal administrativo, obreros y vigilantes.
Entre las asignaciones adeudadas destacan el salario profesional y el bono vacacional. Los representantes sindicales cuestionan que el sueldo base se mantenga congelado en 130 bolívares, monto equivalente al salario mínimo nacional. Sobre esta suma se calculan conceptos fundamentales como vacaciones y aguinaldos.
Mientras, la mayor parte del ingreso real proviene de bonificaciones sin incidencia prestacional. Para el gremio, esta remuneración equivale a “el salario más bajo del mundo” y agudiza las dificultades socioeconómicas del personal.
Diálogo e intimidación
A estas demandas se suma la exigencia presentada por Jesús Salguero, médico y secretario general de Sunamec, para que el bono de responsabilidad profesional y académica, decretado el 30 de abril, se extienda a la totalidad de la nómina sanitaria. Salguero denunció que el decreto dejó excluidos a profesionales de nivel uno, categorías asistenciales y personal administrativo.
La propuesta fue entregada a Insalud para que su presidente, Alexander Leal, y las autoridades regionales la tramiten ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el Ministerio de Salud, sin establecer discriminaciones entre trabajadores con funciones equivalentes.
Tras las conversaciones sostenidas entre la representación sindical y los directivos de Insalud, se informaron avances en dos puntos clave. En primer lugar, sobre la bonificación especial de vacaciones, se indicó que los trabajadores de la nómina central ya la recibieron, mientras que el trámite para el personal regional se encuentra avanzado, a la espera de concretar el desembolso.
Respecto al bono de responsabilidad profesional, los cálculos financieros habrían sido procesados por el Ministerio de Salud, por lo que están a la espera de los lineamientos de la Onapre.
En segundo lugar, las partes acordaron la activación de la denominada “cláusula 4”. Este mecanismo consiste en la instalación de una mesa de trabajo permanente orientada a solventar los problemas cotidianos de los centros de salud, antes de que escalen a conflictos laborales mayores que afecten el ambiente de trabajo o la atención al paciente.
Durante la jornada de protesta, los voceros gremiales denunciaron la existencia de presiones y amenazas contra algunos trabajadores para impedir su asistencia a la manifestación. Frente a esto, recordaron que el personal de la salud ampara sus acciones en el derecho constitucional a la reunión pacífica, la protesta y la elevación de peticiones ante las autoridades.
Deterioro de la infraestructura
Las carencias operativas se manifiestan de forma directa en el funcionamiento cotidiano de las unidades de atención. En la sala de rehabilitación de la Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Bejuma, el fisioterapeuta Alí Enrique Rodríguez denunció la exclusión de los gremios de fisioterapia y radiología del bono de profesionalización. Del mismo modo, expuso las fallas de climatización en las áreas de medios físicos.
En este centro, el personal labora hasta horas de la tarde sin aire acondicionado. Esta carencia les ha ocasionado afecciones de salud asociadas a las altas temperaturas. A pesar de atender entre 60 y 70 pacientes diarios, el servicio ha tenido que ser mantenido mediante recursos propios y autogestión de los trabajadores.
Solo así lograron recuperar instalaciones y equipos que estaban inoperativos, como las barras paralelas y el suministro de agua. Actualmente, el único equipo fuera de servicio es uno de diatermia, un aparato que genera calor profundo en los tejidos y se usa en tratamientos de rehabilitación.
Por su parte, Carlos Viloria, presidente del Sindicato de la Salud, alertó sobre la falta de insumos básicos de limpieza en hospitales y ambulatorios. La ausencia de cloro, desinfectantes y bolsas compromete las condiciones sanitarias de áreas neurálgicas.
“Un quirófano sin limpiar no es funcional”, enfatizó Viloria. Asimismo, cuestionó además la retención indebida de materiales en depósitos centrales y la práctica recurrente de trasladar a los pacientes la compra de insumos de primera necesidad.
El vocero sindical también planteó la necesidad de sustituir la estructura del hospital de Morón por una edificación moderna acorde a la demanda de la zona. En ese sentido, puntualizó que varios centros de salud en la entidad arrastran daños de infraestructura derivados del terremoto del 24 de junio.
Sin luz ni salubridad
La situación de precariedad se extiende a los establecimientos del eje occidental de Carabobo. Luis Parra, integrante del equipo occidental de Sultas Salud, denunció la presencia de chinches en los colchones del ambulatorio de Miranda.
Según Parra, aunque se realizó una fumigación preventiva, la solución definitiva requiere la sustitución de mobiliario, lockers y colchones, además de la intervención de las autoridades epidemiológicas para prevenir riesgos en el personal y sus familias.
Parra denunció asimismo la falta de plantas eléctricas en recintos asistenciales de los municipios Miranda, Bejuma y Montalbán, una falla crítica que afecta de forma directa la atención de partos durante los cortes de energía, en un contexto de racionamientos de hasta seis horas diarias y un auge reciente, luego de los terremotos del 24 de junio.
A esto se suma el desabastecimiento recurrente de insumos, que en reiteradas ocasiones impide brindar la atención médica oportuna a los usuarios que acuden a las instalaciones.
El deterioro sostenido del sistema de salud en Carabobo plantea un desafío urgente para las autoridades sanitarias nacionales y regionales. Para los trabajadores, la superación de esta crisis asistencial exige salarios dignos para el personal y una dotación presupuestaria constante en los centros hospitalarios. Por ello, garantizar la atención de miles de carabobeños requiere dotación inmediata, salarios justos e infraestructura limpia.
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