La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalan que estos hechos contribuyen “con el ya vertiginoso cierre de los espacios democráticos en el país”.

Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado al Estado venezolano en un comunicado a “propiciar un entorno libre de hostilidades, y de respeto a las libertades fundamentales”, se lee en el texto.

El organismo internacional condenó los ataques contra periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Destacan que “estos acontecimientos contribuyen con el ya vertiginoso cierre de los espacios democráticos en el país”.

La CIDH y su RELE en las últimas semanas han recibido reportes sobre allanamientos a las sedes de varios medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria. La Comisión fue informada sobre el allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021. Tras el allanamiento a sus oficinas en Maracaibo, cinco integrantes de esta organización fueron detenidos y continúan privados de su libertad hasta la fecha.

La CIDH también cita el caso de VPItv, tras un allanamiento el 8 de enero, sin orden judicial, Conatel y el Senitat suspendieron sus operaciones. De igual manera, la sanción que interpuso el Seniat al diario Panorama, clausurado por cinco días.

La Comisión y su RELE también registraron una escalada de estigmatizaciones desde algunas páginas y cuentas oficiales en redes sociales tendientes a deslegitimar la labor que desempeñan los medios de comunicación, por recibir recursos de cooperación internacional.

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“La Comisión y su Relatoría Especial encuentran especialmente preocupantes los pronunciamientos que insinúan que las y los periodistas son ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’ por cuenta de su financiamiento extranjero”, se lee en el texto.

La CIDH también mostró preocupación por el anuncio hecho por la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, el 14 de diciembre de 2020, sobre el naufragio de una embarcación entre Venezuela y Trinidad y Tobago. “Se abrió una investigación contra los medios que difundieron información extremista, que curiosa y extrañamente precedieron a los resultados de la investigación”, dijo Meléndez.

Al respecto, la CIDH considera que, con este tipo de declaraciones, “se crea un doble efecto inhibitorio: por un lado, se amenaza con la utilización del derecho penal por difundir contenidos incómodos para el gobierno y, por el otro, se insinúa que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en lo sucedido por el mero hecho de informar oportunamente”.

Hasta octubre de 2020 se registraron 216 ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. El mayor número (137) de casos fue contra organizaciones de derechos humanos, según el monitoreo de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y Cofavic durante el contexto de la pandemia por la COVID-19.

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