“Hay una profundización del patrón de persecución contra las expresiones de la sociedad civil organizada en Venezuela”, dijo Liliana Ortega, de Cofavic. La situación se traduce en cierre y restricciones del espacio democrático y de trabajo para los defensores de derechos humanos.
Caracas. Hasta octubre de 2020 se registraron 216 ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. El mayor número (137) de casos fue contra organizaciones de derechos humanos. Estos datos son el resultado de un monitoreo independiente que hicieron la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y Cofavic durante el contexto de la pandemia por la COVID-19.
La cifra de ataques contra personas y organizaciones evidencia un aumento de 157 % en el número de ataques registrados con respecto a 2019, cuando contabilizaron 84: “Hay una profundización del patrón de persecución contra las expresiones de la sociedad civil organizada en Venezuela”, dijo Liliana Ortega, de Cofavic. La situación se traduce en cierre y restricciones del espacio democrático y de trabajo para los defensores de derechos humanos.
“Es una política de Estado que apuntala a los defensores como enemigos. Hemos encontrado el estado de excepción para restringir derechos y este marco ha sido propicio para la persecución, el hostigamiento”, agregó Ortega. 60 % de los casos registrados ocurrieron durante el estado de alarma por la COVID-19, indicó.
Los tipos de ataques están relacionados con actos de difamación y estigmatización, hostigamientos e intimidación, detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos a sedes de ONG, entre otras. Desde octubre de 2018 hasta octubre de 2020 Cofavic ha documentado 338 casos de ataques contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos.
Este informe, Enemigos internos: defender derechos humanos en Venezuela en contexto de pandemia, también fue elaborado en alianza con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Para Miguel Martín, director de la OMCT, en Venezuela se pretende frenar las voces de la sociedad civil: “En el contexto de la crisis, el patrón se ha visto reforzado, la situación de derechos humanos es un mal endémico”. Mencionó que Distrito Capital, Lara y Táchira son los estados con el mayor número de casos registrados.
La detención de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo, que ocurrió el 12 de enero en Zulia tras un allanamiento a sus oficinas por parte de la policía militar, “es un ejemplo emblemático de las políticas de ataque que aplica el Estado”, dijo Martín.
Ortega considera que la intención del gobierno de Nicolás Maduro está puesta en socavar y minimizar la capacidad institucional de las ONG. Señaló que 82 % de los ataques fueron cometidos por actores estatales y funcionarios públicos, quienes hicieron detenciones arbitrarias, incautaron materiales y suministros de manera ilegal, ejecutaron allanamientos ilegales, todo esto, en el campo de la acción humanitaria y los derechos humanos.
Foto referencial: Luis Morillo
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