Se desconoce cómo será el traslado de las víctimas hacia la frontera colombo-venezolana, la agenda que sostendrá la CIDH en Cúcuta y el lugar donde se realizarán las entrevistas.
Caracas. A la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se le impidió abordar el avión de la aerolínea Copa en Panamá rumbo a Caracas. Con el boleto en la mano, en la entrada del puente del avión, se les comunicó que no podían embarcar.
El comisionado para los derechos humanos de Juan Guaidó, Humberto Prado, informó que se trató de un “chantaje hacia la línea aérea del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil”. “Después que toda la delegación estaba chequeada, que había pasado por migración, no los dejaron pasar en vista que tenían esas instrucciones por parte del gobierno de facto”. Prado lo calificó como “un abuso de autoridad”.
La delegación encabezada por la presidenta de la CIDH y relatora para Venezuela, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão; el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y especialistas de la Secretaría Ejecutiva, se trasladaron a Colombia para despechar desde Cúcuta.
En un comunicado la CIDH ratificó que tras el impedimento de la visita se encontrarán con las víctimas y familiares en la frontera entre Colombia y Venezuela. Prado señaló que ya tenían organizado un “plan B” para que la CIDH pueda levantar y documentar en un informe la situación de Venezuela en materia de derechos humanos.
Seguimos con el objetivo de encontrarse con las víctimas, para lo cual desplazaremos inmediatamente a la frontera entre Colombia y #Venezuela. Agradecemos a #Colombia, que ofreció las condiciones necesarias para permitir a la delegación de la CIDH dirigirse a Cúcuta. #CIDHenVzla https://t.co/Ww6L5AOrIC
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) February 4, 2020
Hasta el momento se desconoce cómo será el traslado de las víctimas hacia la frontera, la agenda que sostendrá la CIDH en Cúcuta y ni el lugar donde se realizarán las entrevistas.
La CIDH es una organización autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA). En abril de 2019, Nicolás Maduro formalizó la salida de Venezuela de la OEA tras enviar a la Secretaría General la notificación de denuncia en 2017. Sin embargo, el organismo internacional, con la mayoría mínima, reconoció al enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, como embajador permanente de Venezuela.
Guaidó invitó en julio del año pasado a la CIDH a Venezuela. A través de Twitter escribió que al negarles la entrada, “la dictadura se reconoce como violadora de derechos humanos”.
Las ONG y la organización civil también levantaron sus notas de protestas en contra del bloqueo al ingreso de la delegación. “Impedir la entrada de la CIDH es un golpe a las víctimas y la justicia”, escribió en un comunicado la coalición de organizaciones no gubernamentales, Foro Por la Vida, dedicada a la promoción, investigación y defensa de los derechos humanos.
La CIDH arribaría al país durante cinco días para reunirse con los oficiales de la agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitar hospitales y cárceles, entrevistarse con las víctimas y autoridades de la Asamblea Nacional.
El 3 de febrero, el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, dijo que no les daba “ni frío ni calor” que viniera la CIDH a Caracas. En un comunicado del 31 de enero, Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, comunicó a la CIDH que “la visita anunciada en medios no está autorizada”.
Gustavo Tarre, representante especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), también condenó “la de régimen de impedir la entrada de la CIDH”.
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