Víctor Hugo Quero fue detenido el 1° de enero de 2025 y desde entonces se desconoce su paradero y su estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también extendió las medidas a su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años. El OVP documenta cinco casos de desapariciones entre 2015 y 2025.
Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Víctor Hugo Quero Navas, quien se encuentra en desaparición forzada desde el 1° de enero de 2025, y su mamá, Carmen Teresa Navas, tras considerar que la integridad personal y la salud están en riesgo de daño irreparable.
Víctor tiene más de 15 meses desaparecido, luego de que fuera detenido. Desde entonces su madre ha recorrido distintos centros penitenciarios, en los cuales le niegan la presencia de su hijo.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de las Naciones Unidas, una desaparición forzada ocurre cuando se arresta, se detiene o se traslada contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales, o por grupos organizados que actúan en nombre del Gobierno, y luego se niegan a indicar su paradero o a confirmar que está detenida.
Las denuncias públicas de Carmen Teresa ocasionaron que funcionarios del Estado venezolano le hagan “advertencias” e intimidaciones, de acuerdo con la CIDH.
Rodeo I
A través del Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) se publicaron videos de excarcelados quienes aseguran que Víctor estuvo recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, pero presuntamente fue trasladado por su condición de salud. Sin embargo, las autoridades no brindan información sobre él.
En una entrevista para NTN24, el 4 de marzo, Carmen Teresa Navas explicó que en el Rodeo I le han negado su presencia y además ha sido víctima de agresiones verbales.
“Un funcionario me dijo: señora usted vino ayer, se le dijo que no estaba, por qué insiste en venir hoy, pero me gritó horriblemente”.
En esta misma entrevista, Carmen Teresa cuenta que su hijo padece de problemas en el colon y por esto tiene una alimentación especial por orden médica. Además él es quien la ayuda con sus gastos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Clippve denuncian que en Rodeo I, presuntamente, se comenten torturas, tratos crueles e inhumanos contra los presos políticos.
“La Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo del beneficiario”, indica la CIDH en su publicación oficial.
La CIDH solicitó a Venezuela lo siguiente:
- Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Víctor Hugo Quero Navas y Carmen Teresa Navas.
- Confirmar la ubicación actual y las circunstancias de la detención de Víctor Hugo Quero Navas.
- Implementar las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Víctor Hugo Quero Navas sean compatibles con los estándares internacionales, como facilitar la comunicación con sus familiares y abogados de confianza, acceso al expediente judicial y que indique si se le han imputado delitos.
- Realizar una valoración médica sobre su situación de salud y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado.
- Cesar el hostigamiento contra Carmen Teresa Navas.
Sin información oficial
“El tribunal nos informó que no lo podían recibir porque ya se había hecho la audiencia preliminar y ya estaba para la firma para distribuirlo a un tribunal de juicio, sin embargo, Carmen fue a hablar con el defensor público y no obtuvo información acerca de la audiencia preliminar”, dijo Stefanía Migliorini, abogada del Foro Penal.
La madre, así como distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, mantienen la exigencia al Gobierno de conocer dónde se encuentra Víctor, así como su estado de salud.
Según el OVP al menos cinco personas se encuentran en desaparición forzada, entre el 2015 y el 2025. La organización recuerda que este es un crimen de lesa humanidad “cuando se comete de forma sistemática o generalizada, tal como lo establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, tratado adoptado en 1998 y vigente desde 2002, que rige la actuación de la Corte Penal Internacional”.
Añaden que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
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