El organismo internacional mantiene a Venezuela en su lista negra sobre la situación de Derechos Humanos por décimo quinto año consecutivo, por considerar que las autoridades no resuelven la crisis política y humanitaria sino que solo buscar aferrarse al poder.
Caracas. Cada día que pasa las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) se convierten en un fardo más pesado para el gobierno de Nicolás Maduro, pues a medida que se producen más denuncias de abusos y excesos cometidos por sus miembros son más las voces que piden su disolución. La última ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual considera que esa unidad no es más que un riesgo para las garantías fundamentales de los venezolanos.
“Es fundamental adoptar una perspectiva de derechos humanos en las tareas de seguridad ciudadana, partiendo de que se trata de ciudadanos que hay que proteger y no de enemigos que hay que combatir. El uso de la fuerza debe dar estricto cumplimiento a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas. Igualmente, el Estado debe dar cumplimiento a la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, exigió la instancia en su informe anual correspondiente a 2019.
La CIDH se sumó a la petición que ya hiciera la alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, de “disolver las FAES”.
Apenas la semana pasada esta unidad fue señalada de detener, sin la respectiva orden judicial; al periodista Darwinson Rojas y luego trasladarlo a los tribunales fuera de la hora legal. Esto en represalia por exhibir contradicciones entre las informaciones suministradas por distintos funcionarios respecto a la pandemia del COVID-19.
La organización Proiuris, en un reciente informe, aseguró que agentes de las FAES habrían sido responsables de 1231 ejecuciones extrajudiciales en los últimos doce meses.
Sin democracia a la vista
Para la CIDH este tipo de crímenes se producen debido a la ausencia de democracia en el país. “Existe un claro quebrantamiento del principio de separación de poderes”, denunció la instancia en su informe.
En este sentido, agrega que “esto se evidencia en la falta de independencia judicial y en la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se observa en el hecho de que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios y haya prorrogado el Estado de Excepción al menos 20 veces desde 2016, sin la aprobación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución”.
Precisamente la falta de Estado de Derecho, aunado a la grave crisis humanitaria, fueron las razones esgrimidas por el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) para mantener por décimo octava vez desde 2002, y décimo quinta consecutiva desde 2005, al país en el capítulo IV.
El capítulo IV es considerado por muchos expertos como la “lista negra” en materia de garantías fundamentales, aunque desde la instancia rechazan este calificativo y recuerdan que en ella se hayan los países que necesitan una especial supervisión y vigilancia. En esta ocasión Venezuela vuelve a estar en esta lista con aliados como Cuba y Nicaragua.
La CIDH no solo expresó su “profunda preocupación” por la dramática situación en la que vive la mayoría de los venezolanos sino que se mostró alarmada porque “el Estado no parece estar tomando acciones efectivas para remediar tal situación. Por el contrario, persiste en valerse del uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos y así debilitar la ya de por sí crítica institucionalidad del país”.
La persecución en contra los diputados de la Asamblea Nacional, 22 de los cuales vieron como sus inmunidades eran irregularmente levantadas; el sometimiento de civiles ante tribunales militares o los 140 ataques que entre enero y mayo registró el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contra medios digitales son, para el organismo internacional, prueba de que a las autoridades chavistas lo único que les preocupa es seguir aferradas al poder.
Ni pan ni libertad
El informe de la CIDH achacó también la masiva migración de venezolanos que se viene registrando en los últimos años y que, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ya puede rondar los 4,5 millones de personas, al agravamiento de la crisis política y social, lo cual “ha tenido un impacto de extrema gravedad en el acceso a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales”.
Tras denunciar que en los últimos doce meses observó que persistía “un desabastecimiento de alimentos, agua potable y suministros médicos en el país”, el organismo tomó nota de datos alarmantes como el registrado por la Encuesta Nacional de Hospitales, la cual entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 registró 1557 muertes causadas por la falta de insumos médicos, y otras 79 muertes de pacientes por fallas del servicio eléctrico.
Por último, la instancia llamó tanto al Gobierno como la oposición a buscar una solución a la crisis institucional y humanitaria mediante cauces pacíficos y constitucionales.