CNE considera “razonable” que comisión del PSUV revise firmas

Tibisay Lucena calificó de “respetable” el señalamiento de Diosdado Cabello de que los empleados públicos que apoyaron el revocatorio no deben “seguir en sus cargos”.

Caracas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, calificó como “razonable” la propuesta hecha por el presidente Maduro de que una comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), comandada por Jorge Rodríguez, revise “una a una”, las 1.850.000 firmas que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó al Poder Electoral para activar un referéndum revocatorio en contra del Jefe de Estado.

“Me parece razonable, porque tu como elector quiere saber si aparece tu nombre o no, que no ha habido una utilización indebida del nombre de la persona. Se trata de un derecho humano y no tienes que modificar la normativa (…) vamos a evaluarla”, indicó.

La publicación de las firmas en el referendo contra Chávez en 2004, a través de la llamada “lista Tascón”, generó denuncias por discriminación política (despidos de dependencias públicas y exclusión en el otorgamiento de beneficios sociales) que incluso llegaron a instancias internacionales. Cuando se le consultó a la rectora su opinión sobre las declaraciones del diputado y vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, quien aseveró que los directivos de instituciones públicas que firmen en apoyo al referéndum revocatorio “no deberían seguir en sus cargos” consideró que esta es “una opinión política que este poder respeta. El diputado Cabello tiene derechos a tener sus opiniones y estas son respetables”.

Los artículos 19, 21 y 89 de la Constitución prohíben la discriminación por razones políticas, incluyendo el derecho al trabajo, consagrado también en pactos internacionales. A través de su cuenta de twitter el rector Luis Emilio Rondón indicó que “los funcionarios públicos no deben aceptar amedrentamiento por el ejercicio de sus derechos políticos…La Constitución se los garantiza”.

Lapsos difusos

Lucena no especificó cuanto demorará la constatación de las rúbricas para “no generar falsas expectativas”. Se limitó a decir que “entre el lunes y el martes” que viene terminarán el proceso de contar las firmas y que luego analizarán la “consistencia” de cada una de las manifestaciones de voluntad entregadas. “Si quisiéramos hacer una operación Morrocoy solo pondríamos 2 mesas a revisar las firmas, estamos poniendo a revisar 24”, señaló, al tiempo que acotó que los días no laborables, decretados para la administración pública, no afectarán la inspección.

De acuerdo con el reglamento del CNE la oposición debe entregar 195.721 firmas, equivalentes al 1% del Registro Electoral (RE), como requisito previo para el proceso de activación de referéndum. Esta normativa también obliga a los que apoyaron la solicitud, en esta etapa, a validar su firma a través de su huella digital en los puntos que el CNE disponga para ello. Posteriormente la MUD debe recoger casi 4 millones de rúbricas, que representan 20% del RE.

Presiones y chantajes

La máxima autoridad del Poder Electoral denunció la existencia de una campaña en contra del ente que dirige que ha ido “mutando” y convirtiéndose en ataques en contra de su persona. Como prueba de ellos colocó varias etiquetas de twitter en donde se le exigía la planilla para las firmas o se pedía cárcel para la funcionaria. También colocó tuits de Henrique Capriles, Jesús “Chúo” Torrealba, Liliana Hernández y César Miguel Rondón. “Esto no lo tomo a nivel personal, es un ataque contra la República”.

También consideró parte de esta campaña las convocatorias de manifestaciones a la sede del CNE hechas por la oposición y el encadenamiento de varios diputados en la sede del organismo para exigir la entrega de la planilla para la recolección del 1% de las rúbricas. “Esto ha sido una agresión y un chantaje indebido y me reservo el derecho de actuar penal o civilmente”, advirtió.

En horas de la tarde el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, asisitió a la sede del organismo. El dirigente aseveró que Lucena se negó a recibirlo para hablar del referéndum. “La reunión no se dio porque a la señora Lucena no le dieron permiso en Miraflores para reunirse con la MUID”. Torrealba consideró como “inaceptables” las palabras de la presidenta del ente comicial y le advirtió que si viola la ley “tendrá que responder ahorita o poco después”. Aseveró que los tiempos legales dan para que la consulta se haga en el último trimestre del año.

La MUD está en una carrera contra el tiempo para lograr la activación del revocatorio. Este debe realizarse y ganarse antes del próximo 10 de enero. Si Maduro es revocado luego de esa fecha su periodo constitucional, que dura hasta enero de 2019, será culminado por la persona que ocupe la vicepresidencia de la República y no habría adelanto de las elecciones presidenciales.

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