Desde enero el presidente Nicolás Maduro ha llamado a estos grupos de civiles armados a defender la patria. El 30 de abril tras la insurrección cívico-militar, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, les pidió proteger al pueblo. El resultado fueron cuatro asesinados por arma de fuego durante las protestas y al menos 239 heridos, en dos días, según el Observatorio de Conflictividad Social.
Caracas. Los colectivos paramilitares tomaron la batuta de la represión. El secreto a voces acerca de su participación con los cuerpos de seguridad, en el contexto de las manifestaciones, parece desvanecerse cada vez más rápido. Solo en su actuación durante las protestas del martes 30 de abril tienen –presuntamente– responsabilidad en la muerte de un joven en el estado Aragua y en las heridas de bala que recibieron 14 personas en Caracas.
Samuel Enrique Méndez, de 24 años, fue sometido por un grupo de hombres armados y funcionarios de la Policía del municipio Ribas de Aragua, mientras manifestaba en el sector La Mora. Testigos dijeron que le dieron una golpiza y cuando sus compañeros lo rescataron tenía un tiro en el tórax.
Según la información de la periodista Gregoria Díaz, los familiares del joven han recibido amenazas policiales para que no le realicen un velorio y lo entierren en una fosa común.
Con su muerte se elevó a 57 la cifra de fallecidos en el país en protestas de lo que va de año. 53 han muerto por impactos de bala, según Provea 80 % de las muertes son responsabilidad de policías, militares y colectivos paramilitares.
El 30 de abril también hubo 14 heridos de bala en Caracas, aparentemente a manos de colectivos armados. Fueron ingresados a Salud Chacao, la Clínica Ávila y la Policlínica Metropolitana. Milagros Rodríguez, de 32 años, fue una de las víctimas de estos grupos de choque gubernamentales. Recibió dos tiros en el abdomen cuando transitaba a la altura del Ministerio de Transporte de Chacao y testigos indicaron que quienes dispararon eran civiles.
“Ella iba pasando por ahí, iba a su casa, cuando estaban disparando en Chacao. Vimos a civiles en los edificios, tenían armas de fuego. Se estaban disparando con los Polimiranda”, contó un testigo.
Esta arremetida ocurrió horas después de la insurrección cívico-militar la madrugada del martes 30 de abril, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) e interino de la República (Art. 233) Juan Guaidó y el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, frente a la base aérea La Carlota.
Varias personas se acercaron hasta el distribuidor Altamira, en la autopista Francisco Fajardo, en apoyo a los dirigentes, que aseguraban era el inicio de la Operación Libertad. La represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y colectivos armados comenzó a esa altura y se dispersó hacia la plaza Altamira, Chacao y Chacaíto. Las acciones se prolongaron por 14 horas.
Los colectivos armados tuvieron carta blanca para actuar. Tras conocerse la rebelión, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, les pidió apoyo para la defensa del pueblo. También el líder de La Piedrita, en el 23 de Enero, Valentín Santana, difundió un video en las redes sociales llamando a estos grupos a defender al país con las armas.
Estos grupos han tenido presencia en la represión chavista desde 2002 de forma no tan directa con los círculos bolivarianos. En 2005 ganaron terreno con el personal de salud a quienes hostigaron en hospitales, también lo hicieron en comunidades con el dominio de la comida o la seguridad.
Ya en el año 2014 su práctica fue “abierta” con los cuerpos de seguridad, actuando libremente ante la vista indiferente del Gobierno. Y en 2017 Provea registró 3.500 casos de violaciones a la integridad de las personas y los colectivos paramilitares, y cuerpos de seguridad, tuvieron 28 % de responsabilidad. Este año ha sido más abierta su participación con los recursos del Estado, al igual que las FAES.
Muere el apoyo, nace el descontento
El gobierno de Maduro suena insistentemente con esta petición de apoyo a la defensa del país, sobre todo desde principios de 2019, cuando creció el descontento en las filas de los grupos de exterminio como la GNB y PNB a la par que en las comunidades.
Además Guaidó reitera constantemente que las Fuerzas Armadas ya no apoyan a Maduro y las fracturas internas han crecido a tal punto que al Gobierno le tocó recurrir a los colectivos armados y a las FAES para mantener el control y respeto, especialmente en la joya de la corona para el chavismo: los barrios.
Inti Rodríguez, defensor de los derechos humanos e investigador de Provea, explicó que al Estado le tocó apelar a estos grupos para reprimir con más brutalidad a quienes no apoyen a Maduro. Es su manera de detener el descontento y recuperar el terreno en los barrios.
En el mes de enero Cotiza, La Pastora, Altavista y la carretera vieja Caracas-La Guaira fueron zonas populares que sorprendieron al gobierno de Maduro, demostrando su rechazo a la crisis económica y social que vive el país y, por lo tanto, a su responsable. A ellas se unieron El Valle, La Candelaria, la avenida Fuerzas Armadas, Antímano, La Vega, San Martín y José Félix Ribas en Petare, que ya habían demostrado poco a poco que ya no son tan chavistas.
Por eso el castigo no tardó en llegar. Las FAES y los colectivos intimidaron a quienes tuvieron el valor de reclamar en enero, febrero y marzo. Luego de las manifestaciones, reprimidas por la GNB y la PNB, se registraron allanamientos en zonas de Catia, La Pastora, El Valle y las Fuerzas Armadas. Durante dos días las FAES tomaron el barrio José Félix Ribas de Petare, buscando a las personas que armaron barricadas la noche anterior en Palo Verde, sumando asesinatos a su mala reputación.
Los vecinos denunciaron que entraron a viviendas y después de las 4:00 p. m. o 5:00 p. m. no podían entrar al barrio. La familia de Yoendry Enrique Fernández, de 27 años, fue asesinado el 24 de enero durante la toma y dijeron a su familia que se enfrentó, pero ellos lo desmienten. Los funcionarios encapuchados entraron a la fuerza a su casa luego de asesinarlo.
La mamá del joven, Isabel Pino, detalló que las FAES tenían un toque de queda en la comunidad y todos los comercios de la zona cerraron por temor a otros enfrentamientos.
“Las FAES y los colectivos dejan claro un mensaje y es que el descontento hacia Maduro debe ser aplastado de cualquier forma, deben recuperar el territorio porque el barrio es valioso para ellos. Buscan generar terror en la gente que protesta con la represión y después metiéndose al barrio a buscar a quienes protestaron. Es terrorismo de Estado”, dijo.
El empleo de colectivos paramilitares y las FAES durante y después de las protestas es el nuevo patrón que ha evidenciado Provea este 2019.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en el primer trimestre de 2019 hubo 51 muertos, 50 fueron por heridas de arma de fuego en las zonas populares de Caracas y 12 estados del país, donde hubo presencia de colectivos armados.
“La escalada de violencia y represión contra manifestantes pacíficos ha sido promovida por el propio Nicolás Maduro, a través de llamados públicos a grupos de civiles y funcionarios de los cuerpos de seguridad a la resistencia activa en la defensa de la revolución”, indica el OVCS en su informe del primer trimestre de 2019.
Desde comienzo de año Maduro ha pedido públicamente apoyo de los colectivos en la defensa del pueblo, en marzo lo reiteró en cadena nacional, al igual que en abril en el programa Con el Mazo Dando.
“Yo salgo en la defensa de los colectivos. Ya basta de tratar de demonizar, de desprestigiar a los colectivos. Adelante colectivos, a levantar la cara, levantar la moral. Y en un solo esfuerzo unitario garantizar la paz en todo el país”, dijo Maduro. |
El resultado fue de 109 heridos el martes 30 de abril. Entre el 30 de abril y 1° de mayo el total fue de 239 lesionados según el OVCS, presentaron impactos de bala, perdigonazos y bombas lacrimógenas.
“Al hacer un llamado público Maduro tiene responsabilidad directa. El Gobierno tiene responsabilidad directa con la violación de derechos humanos que cometen colectivos armados y queda clara la coordinación de ellos con las policías”, comentó Inti Rodríguez.
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