Comunidad colombiana exige respeto y que no les violen sus derechos

Hay quienes tienen más de 10 años en el país, formaron familia con venezolanos, crearon negocios, empresas y son generadores de empleos para muchos criollitos

Mabel Sarmiento Garmendia/@mabelsarmiento

Caracas. “Es muy feo que nos estén acusando de traer pobreza y violencia a Venezuela. Nosotros llegamos a trabajar. Me pasó que estaba en una cola allá en el barrio donde vivo (en Nuevo Horizonte) y  la gente comenzó a decir cosas en contra de los colombianos. Y eso no es justo, porque aquí todo el tiempo ha habido inseguridad. Y no coloques mi nombre, porque ahora no sé qué puede pasar”.

Así se expresó una joven vendedora que tiene cuatro años residenciada en Venezuela. Su mamá la trajo, pero desde hace más de 30 años su abuelo vivía en Nuevo Horizonte. “Él siempre me contó de los asesinatos que en el barrio ocurrían, de las bandas, de los tiroteos. Eso no es nuevo, ahora no sé por qué Maduro nos culpa de traer la violencia a este país”, dijo.

La chica al expresar su opinión usó un tono enérgico y hasta hizo un gesto de sentirse triste, mientras su jefa -otra colombiana- comentó que “no estoy pensando en irme de Venezuela, porque mi hijo nació aquí. Además, si vendo el local y todo lo que tengo, con eso no hago mucho en Colombia. Es lamentable, pero aquí llegamos en busca de un mejor futuro y ahora nos están atacando de esta forma”, añadió Alexaida Aristizala.

Según cifras dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el país hay cinco millones 600 mil colombianos. Este año llegaron 124 mil, en 2014 149 mil, en 2013 280 mil y en 2012 180 mil.

En Caracas hay comunidades grandes de colombianos. Petare y Catia son las zonas en las cuales están asentados y aunque muchos dicen no haber escuchado con detenimiento los discurso de Maduro del pasado jueves y viernes, las frases corrieron como pólvora.

“Pero no a todos pueden meternos en el mismo saco. Yo llegué aquí hace 15 años. Desde entonces he trabajado y procuré tener un negocio próspero. Pero ahora mis paisanos se están yendo porque aquí el bolívar no vale nada. Aún así sigo como quien dice echándole pichón. Tengo 20 venezolanos empleados en mi negocio y ahora vemos que nos atacan indiscriminadamente. A uno le da miedo hablar porque no se sabe”, expresó David Gómez.

“No puede ser que diga que trajimos la violencia y la pobreza. Si más bien muchos de los que llegaron hace 10 años conmigo ya se están regresando. Antes aquí había mejores condiciones y más ofertas de trabajo, pero ahora mis familiares están mejor del otro lado de la frontera”, señaló Luis Carvajal, quien tiene un negocio de comida en el centro y todos sus trabajadores son venezolanos.

Luis Carvajal tiene un restaurante en el Centro. Le da empleo a 20 venezolanos. Cristian Hernández/CU
Luis Carvajal tiene un restaurante en el Centro. Le da empleo a 20 venezolanos. Cristian Hernández/CU

Xenofobia desatada

Inti Rodríguez, coordinador de medios de la ONG Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro desató una campaña xenofóbica, y que, además, mantienenuna actitud abiertamente reaccionaria, que lamentablemente tiene  influencia en el desarrollo de lad políticas de Estado.

Con relación a las violaciones concretas a los derechos humanos, tal como están ocurriendo en distintas regiones del país y más recientemente en cinco municipios fronterizos del Táchira, explicó que el Gobierno basado en el despliegue de las Operalación de Liberación del Pueblo (OLP), está haciendo deportaciones masivas, marcaje de viviendas y desarrollando una peligrosísima política represiva.

Rodríguez señaló que solo en la capital tienen registro de 30 ciudadanos colombianos que con papeles en regla y a los cuales no se les abrió un procedimiento administrativo ante el Saime, fueron deportados luego de 15 días de arresto en comisarías del Distrito Capital.

Con el agravante, dijo, que eran personas con trabajo aquí y jefes de familia. “Y si bien algunos quizás no tenían la documentación en regla, debieron ser sometidos a  un expediente administrativo y llevados al Ministerio Público, pues repito, muchos eran sostén de hogar, y eso no fue tomado en cuenta. Se está desmembrando al grupo familiar”.

Según el defensor de DDHH el Gobierno está sustentando su doctrina con medidas represivas y su enemigo ahora es la población colombiana. “Con este procedimiento le pusieron rosto al enemigo interno”.

Mencionó que en Lara, en Carabobo, en Zulia, en Caracas y ahora en Táchira están ocurriendo deportaciones ilegales. Las 30 que registraron en la Capital ocurrieron desde que se implementó la primera OLP el pasado 13 de junio. “Esos casos ya son del conocimiento de la Defensoría del Pueblo y conocemos que ya visitaron a alguno de los afectados. Nosotros pedimos una acción enérgica de parte de este organismo”.

Fotos: Cristian Hernández


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