En cada aula del Instituto Nacional de Educación Especial, en Caricuao, debería haber siete u ocho niños, pero la profesora Yanet Matos solo recibe a dos en su salón, cuando mucho a cuatro. La falta de atención médica a personas con discapacidad y la renuncia constante de docentes de educación especial excluyen a la población más vulnerable de su derecho a la escolarización.
Caracas. Detrás de un portón rojo a medio pintar, hay una escuela amarilla con un patio amplio y vacío. Los salones del Instituto Nacional de Educación Especial (I.N.E.E) de Caricuao están equipados con carteleras, pizarrones y juguetes, pero están cerrados. A las 10:00 a. m. de un jueves, las sillas sobre las mesas indican que nadie ha llegado para sentarse.
En esta escuela está matriculado Aarón, pero él no fue hoy. Desde hace unas semanas se queda en su casa, porque empezó a pegarle a los niños y a las maestras. Su mamá no consigue un psiquiatra infantil para ayudarlo a mejorar su comportamiento y no puede llevarlo a clases ni a otro lado donde reciba educación.
El I.N.E.E de Caricuao fue la primera escuela bolivariana que se fundó para niños especiales. Cuenta con 17 salones que alojaban a 127 estudiantes. Actualmente solo están habilitados nueve salones para 70 alumnos. En cada aula debería haber siete u ocho niños, pero la profesora Yanet Matos solo recibe a dos niños, cuando mucho a cuatro.
Razones de fondo
Los estudiantes tienen diversas justificaciones para no acudir a clases. “Hay uno que no ha venido desde que inició la pandemia porque tiene autismo y le da miedo salir de casa”.
Otros alumnos, además de su discapacidad cognitiva, padecen de condiciones de salud que les impiden asistir de manera constante a clases. De los 70 niños y niñas inscritos, solo 14 están vacunados contra la COVID-19 porque sus representantes temen que la vacuna afecte su medicación.
Aarón, sus compañeros y toda persona con discapacidad “tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación”, dice el artículo 16 de la Ley para Personas con Discapacidad. La misma ley establece en su artículo 18 que el Estado es quien debe brindar las condiciones.
Aunque en Distrito Capital hay 20 institutos especializados para esta población, en muchos casos la falta de atención médica es un factor de exclusión. En otras ocasiones, la renuncia de docentes impide que los niños y adolescentes con diversidad funcional cumplan con la normalización del regreso a clases de manera presencial, que anunció hace el mandatario Nicolás Maduro el pasado 25 de marzo.
En el I.N.E.E Caricuao de 17 maestras de educación especial solo quedan 10.
Sin personal
Desde que los niños nacen con alguna discapacidad, empiezan a competir por acceder a los pocos recursos que asigna el Estado Venezolano. Yanis Arteaga(*) es la directora encargada de un Centro de Desarrollo Infantil, que atiende a niños menores de seis años. La labor de esta institución es prestar apoyo a las familias y recomendaciones a las escuelas a las que asisten los pequeños. Para eso cuentan con especialistas como psicopedagogos y docentes de educación especial, pero son cada vez menos.
Pocos años antes de la pandemia el centro le podía prestar servicio hasta 170 niños. En la actualidad, atienden a 59.
“No bajó la demanda. La demanda sigue y se incrementa día a día, de verdad. Solo que en este momento no tenemos el suficiente personal para atenderlos”, aclaró.
La educadora especializada explicó que el docente es el que fija la cantidad de matrícula que pueden atender. Ese número de niños es directamente proporcional a la cantidad de docentes disponibles.
Los maestros renuncian por la precarización salarial de la educación pública. De acuerdo con su escalafón, un docente puede ganar al mes entre 160 y 360 bolívares, mientras que en consulta privada pueden ganar ese mismo monto en una sola sesión, puntualizó Arteaga.
“El equipo de trabajo es maravilloso y súper comprometido, pero en la medida que ellos encuentren otras vías para tener mejor calidad de vida, seguramente también van a renunciar al centro”, dice.
A Arteaga la mantiene una inquietud: “¿quién va a atender a estos niños que nosotros no estamos atendiendo?”
Educación vs alimentación
En el Taller de Educación Nacional de Caricuao, la plantilla de docentes también ha bajado porque el salario que reciben estos profesionales es insuficiente para garantizar su alimentación. Junto al éxodo de maetros ha aumentado la deserción escolar. En los últimos tres años la matrícula bajó de 120 a 78 alumnos.
Según las docentes entrevistadas en un recorrido de Crónica.Uno por las instalaciones, muchos padres no envían a sus hijos porque no tienen comida ni pasaje. Esta es otra condición que el Estado debería garantizar, pero desde hace un año se dañó la nevera que está en la cocina del Taller de Educación Nacional. En lugar de repararla el ministerio suspendió el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La finalidad de los talleres es preparar a las personas con discapacidad para la inserción laboral a partir de los 15 años, de manera que puedan depender en menor medida del sustento de sus familiares. Otro camino para las personas con diversidad funcional con una capacidad óptima de aprendizaje es graduarse del bachillerato para acceder a estudios superiores.
Sin embargo, Brunymar Pucciarelli, coordinadora de control de estudios del Instituto Nacional de Educación Especial Miriam Ohep de Veliz para personas con discapacidad auditiva, aclaró que “solo 10 % va a la universidad. La mayoría está ahí para sacar el requisito para trabajar”.
Resiliencia
Este fenómeno se agudizó a partir de la pandemia, algunos de sus participantes empezaron a trabajar para aportar a los ingresos de su hogar y eso les impidió asistir a clases. “Ahora venden chucherías, trabajan en construcción o en negocios familiares, y las niñas están preparadas para hacer la manicura”.
“En el semestre marzo-julio se inscribieron 15 participantes. Ahora tenemos 39 estudiantes y tuvimos que agrupar seis períodos para nivelarlos”.
Para evitar que los estudiantes abandonen las aulas, los directivos del liceo Miriam Ohep habilitaron tutorías semanales y mantuvieron un soporte pedagógico que se habilitó en pandemia: el canal de YouTube.
Cuatro veces a la semana visita al plantel un intérprete avalado por el Ministerio de Educación. Solo este profesional traduce el contenido oral a lenguaje de señas para seis salones de jóvenes sordos e hipoacúsicos.
Cuando Pucciarelli solicita que envíen más intérpretes al centro educativo, la zona educativa contesta que no disponen de otros en nómina. La coordinadora expuso que la mayoría de los intérpretes ahora trabajan para medios de comunicación, porque el salario que ofrecen es mejor.
(*) Nombre ficticio asignado a una fuente que prefirió mantener su identidad bajo reserva
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