Organizaciones internacionales sostienen que el decreto no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia.
Redacción Espacio Público
Caracas. Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil consideran que la comunidad internacional debería ejercer presión sobre Venezuela para que revoque el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió al gobierno facultades para restringir derechos, suspender la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil —incluidas aquellas dedicadas a proteger derechos humanos— y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
En un comunicado 125 organizaciones indicaron que estos poderes podrían ser usados para perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores de derechos humanos, y señalaron asimismo que las medidas son incompatibles con la obligación internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”. Las organizaciones instaron a los Estados a plantear estas consideraciones durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en junio de 2016, y a los gobiernos de las Américas a efectuar una evaluación seria sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El 13 de mayo de 2016, el Presidente Nicolás Maduro adoptó un decreto de emergencia que declaró el estado de excepción en el país durante 60 días, y concedió a su gobierno la facultad de restringir derechos humanos. Venezuela atraviesa una grave crisis económica, que ha redundado en severos desabastecimientos de medicamentos y otros artículos de primera necesidad, así como en cortes en el suministro de energía eléctrica. El decreto indica que tiene como propósito abordar esta situación.
Las organizaciones sostuvieron que el decreto no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero únicamente ante emergencias públicas que “pongan en peligro la vida de la nación”. Incluso en esos supuestos, los gobiernos solamente podrán dejar en suspenso el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos en la medida “estrictamente limitada a las exigencias de la situación”. En cambio, el amplio decreto del Presidente Maduro podría permitir que el gobierno continúe cercenando derechos fundamentales que ya son objeto de constantes embestidas en Venezuela, incluidos los derechos de libertad de asociación, reunión y expresión.
El decreto también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores suspender todos los convenios de cooperación internacional que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor.
Asimismo, el decreto de emergencia permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus facultades constitucionales para sancionar a funcionaros. La Constitución venezolana concede a la Asamblea Nacional facultades de control sobre el poder ejecutivo, incluida la facultad de las comisiones legislativas de citar a funcionarios para interpelarlos con respecto a sus políticas y prácticas y —en el caso del vicepresidente y los ministros— destituirlos a través de un voto de falta de confianza.
La Constitución de Venezuela exige que la Asamblea Nacional apruebe los decretos mediante los cuales se dicta un estado de emergencia. La Asamblea Nacional rechazó el nuevo decreto de emergencia el 17 de mayo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso en una sentencia de febrero de 2016 que el rechazo por la Asamblea Nacional de decretos que declaren el estado de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.
Desde el copamiento político del Tribunal Supremo por el gobierno en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como rama independiente de gobierno, y ha validado sistemáticamente políticas y prácticas gubernamentales que incumplen normas internacionales de derechos humanos.
La sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un momento oportuno y necesario para exigir a Venezuela que revoque este decreto arbitrario e innecesario.
FIRMANTES
Organizaciones internacionales
| APT, Asociación para la Prevención de la Tortura | ||
| Artículo 19 | ||
| CCPR, Centro para los Derechos Civiles y Políticos | ||
| CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana | ||
| DPLF, Fundación para el Debido Proceso | ||
| HRW, Human Rights Watch | ||
| ICJ, Comisión Internacional de Juristas | ||
| ISHR, Servicio Internacional de Derechos Humanos | ||
| OMCT, Organización Mundial Contra la Tortura | ||
| PIDHDD, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo | ||
| CPD, Cooperation for Peace and Development | Afganistán | |
| ADC, Asociación por los Derechos Civiles | Argentina | |
| CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales | Argentina | |
| Rainbow Warriors Core Foundation | Aruba | |
| University of New South Wales | Australia | |
| Aid Organization | Bangladesh | |
| UDDYOG Foundation | Bangladesh | |
| Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia | Bolivia | |
| Fundación Construir | Bolivia | |
| LACCASO, Consejo Latinoamericano de Organizaciones con Trabajo en SIDA | Brasil | |
| Movimento Ficha Verde | Brasil | |
| Cambodian Development and Research Institute | Camboya | |
| FAPEFE, Fondation des femmes actives pour la promotion de l´education de la femme et de l´enfant | Camerún | |
| Voice of Grace Foundation | Camerún | |
| Gigascope | Canadá | |
| Universidad de Ottawa | Canadá | |
| Corporación Humanas | Chile | |
| Observatorio Ciudadano | Chile | |
| Comisión Colombiana de Juristas | Colombia | |
| Dejusticia | Colombia | |
| IPLEX, Instituto de prensa y libertad de expresión | Costa Rica | |
| Action et Humanisme | Costa de Marfil | |
| Climate Reality Project Cote d´Ivoire | Costa de Marfil | |
| Revolution Congolaise | República Democrática del Congo | |
| CSMM, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” | Ecuador | |
| INREDH, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos | Ecuador | |
| Action for Solidarity | Estados Unidos | |
| WOLA, Washington Office on Latin America | Estados Unidos | |
| Mekelle University | Etiopía | |
| Kepa | Finlandia | |
| International Institute for Child Protection | Gambia | |
| Tamale International Folk High School | Ghana | |
| SEDEM, Seguridad en Democracia | Guatemala | |
| Association for Promotion Sustainable Development | India | |
| Humanity Welfare Forum | India | |
| India Media Centre | India | |
| Tata Cummins | India | |
| Nchekoua Business Consulting Club | Italia | |
| Women Empowerment Group | Kenia | |
| SHIBL Movement | Libia | |
| Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos | México | |
| Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez, A.C. | México | |
| Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. | México | |
| Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. | México | |
| JOINT, Liga de ONG de Mozambique | Mozambique | |
| YPDSN, Young Professional Development Society Nepal | Nepal | |
| Centro Nicaragüense de Derechos Humanos | Nicaragua | |
| ARIJ, Applied Research Institute – Jerusalem | Palestina | |
| Consumo Ético | Panamá | |
| Ágora Espacio Civil Paraguay | Paraguay | |
| Asociación Pro Derechos Humanos | Peru | |
| Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote | Perú | |
| Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz | Perú | |
| Instituto de Defensa Legal | Perú | |
| IPYS | Perú | |
| Movimiento Manuela Ramos | Perú | |
| Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión | Perú | |
| Paz y Esperanza | Perú | |
| SAHDCG, Social and Humanitarian Development Consultative Group | Sudán | |
| ALEJO Community Support Project | Zambia | |
Organizaciones venezolanas
| Acceso a la Justicia |
| Acción Solidaria en VIH/Sida |
| ACCSI, Acción Ciudadana Contra el SIDA |
| Amigos Trasplantados de Venezuela |
| Asociación Civil Movimiento Vinotinto |
| AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa |
| CECODAP |
| Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello |
| Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana |
| Centro para la Paz y los DDHH – UCV |
| CEPAZ, Centro Justicia y Paz |
| CISFEM, Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer |
| CIVILIS Derechos Humanos |
| CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida |
| COFAVIC, Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 |
| Colegio Nacional de Periodistas |
| Comisión De Justicia y Paz |
| Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela |
| CONVITE |
| Espacio Público |
| EXCUBITUS A.C. |
| Expresión Libre |
| Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES) |
| FEPAP, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente |
| Funcamama |
| Fundación Aguaclara |
| Fundación Ecodiversa |
| FUNPAZ, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz |
| ININCO, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela |
| INVESP, Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos |
| IPYS Venezuela |
| Justicia y Paz Los Teques |
| Laboratorio de Paz |
| María Estrella de la Mañana |
| Observatorio de Derechos Humanos de La Universidad de Los Andes |
| Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres |
| Observatorio Venezolano de Prisiones |
| Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho |
| Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello |
| ProIuris |
| PROVEA, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos |
| Red ARA |
| Red Rosa |
| REDAC, Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos |
| REDSOC, Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social |
| Revista SIC |
| RTSP, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público |
| Ser, Comunicación e Investigación |
| Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil |
| SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa |
| SOHI, Sociedad Hominis Iura |
| Transparencia Venezuela |
| Un Mundo Sin Mordaza |
| Unión Vecinal para la Participación Ciudadana |
| Venezuela Diversa Asociación Civil |
Foto. Cristian Hernández