El Ministerio Público en manos de Tarek William Saab y el TSJ dirigido por Maikel Moreno señalan a los parlamentarios por la presunta comisión de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra de Maduro, homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de frustración en contra de 7 militares heridos, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
Caracas. Conforme a la Constitución venezolana vigente, las asambleas constituyentes tienen tres tareas: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Pero este miércoles, la ilegítima ANC —así calificada por la Unión Europea— fue mucho más allá y basada en su autoendiglado “carácter supraconstitucional”, acordó levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores Juan Requesens y Julio Borges, de Primero Justicia, y señalarlos de haber participado en el presunto atentado contra Nicolás Maduro, registrado el sábado durante un acto en la avenida Bolívar de Caracas.
Los constituyentes en funciones desde agosto de 2017, también avalaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía General en manos de Tarek William Saab, de omitir el procedimiento de antejuicio de mérito que conforme a la Constitución les correspondería; declarar que a Borges y Requesens les es aplicable el principio de flagrancia; y remitir sus expedientes a la justicia ordinaria.
De acuerdo con la denuncia la junta directiva de la Asamblea Nacional, las decisiones adoptadas la tarde de este miércoles por el ente dirigido por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se oponen a lo establecido en los artículos 187-20 y 200 constitucionales, según los cuales es potestad exclusiva de la AN calificar a sus miembros y autorizar el desafuero parlamentario. Así como al principio de flagrancia descrito en el Código Procesal Penal, según el cual, el sospechoso debe ser capturado durante la comisión del delito o a poco tiempo de haberlo cometido.
El debate de los constituyentes pesuvistas se produjo a menos de 24 horas de la captura de Requesens en Caracas por parte del Sebin, luego de que Maduro mostrara en cadena nacional testimonios que involucraban al parlamentario del estado Táchira en el presunto intento de magnicidio.
Al inicio de la reunión, pasadas las 2 de la tarde, Cabello leyó dos comunicaciones remitidas por el presidente del TSJ, el abogado Maikel Moreno, en las que se explica que los diputados están implicados en la presunta comisión de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra de Maduro.
[irp posts=”103635″ name=”Comisión de la AN sesionó en el Helicoide por desaparición forzososa” de Juan Requesens”]También se les señala por el presunto delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración en contra del capitán José Del Valle Núñez Martínez, el primer teniente Benny Ortíz, el teniente Luis Molina, el sargento primero Darwin Moreno, el sargento segundo Jesús Gómez, el cadete de la GNB, Víctor Hernández, y la cadete de la Armada, Lizneidy Guerrero. De acuerdo con la versión oficial divulgada el mismo sábado 4 de agosto, estas personas resultaron heridas tras la interceptación y explosión de dos drones en el acto realizado en la avenida Bolívar.
Borges y Requesens también son señalados por la presunta comisión de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
En el caso de Borges —que se encuentra exiliado en Bogotá desde febrero de este año— los constituyentes oficialistas acordaron declarar procedente su detención, tal como lo solicitan Saab y Moreno. En el caso de Requesens, ordenan su custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Las intervenciones
En la discusión intervinieron Pedro Carreño, Gladys Requena, Elvis Amoroso, María Alejandra Díaz, Hermann Escarrá y Cabello, todos para apoyar las solicitudes del TSJ y la Fiscalía General.
Amoroso sostuvo que “no se contempla el antejuicio porque está comprobado que estos parlamentarios son parte del equipo que cometió el homicidio en grado de frustración contra el Presidente Maduro“.
Díaz, por su parte, dijo que la decisión se justifica porque el primer mandato de ese organismo creado por convocatoria de Maduro —aunque la Constitución dice que debe ser convocado por los electores— es garantizar la paz.
Escarrá dio una disertación sobre el principio de la inmunidad parlamentaria en otros países del mundo y opinó que “la inmunidad se refiere a la comisión de los hechos punibles, no a la libertad del diputado de expresarse o actuar“.
Cabello condenó a la oposición por “tratar de minimizar un hecho tan grave”. Y reiteró que la oposición no tiene la competencia moral para gobernar: “A mis hermanos militares les digo que ellos [la oposición] atentaron contra unos cadetes que son lo más sagrado para nosotros ¿cómo van a gobernar este país?“.
Asimismo, el vicepresidente del PSUV advirtió que podrían venir nuevas acciones similares contra dirigentes de la oposición: “No me extraña que estos diputados estén involucrados en un intento de magnicidio contra el Presidente. Eso pudo evitarse si aquí la justicia hubiese actuado cuando tenía que actuar. Hemos aprendido a identificar a ese adversario que ya no cree en elecciones y ahora cree en magnicidios. Cortaron cualquier vestigio de legalidad y le abrieron la puerta a la justicia“.
Instó al TSJ y al MP a continuar las investigaciones “porque estos son los dos primeros que aparecen señalados, pero todo aquel que esté señalado irá ante la justicia“.
Finalmente, Cabello vaticinó nuevos hechos de violencia: “La derecha no se va a rendir y no cree en la vía electoral, entonces preparémonos para su violencia y para responder a más violencia con más revolución“.
Foto: cortesía @ANC_ve
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