Consultarán a comunas de Miranda si quieren asignación directa de recursos

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La Consulta Popular Miranda 2019 se realizará el 1° de diciembre en las 295 comunas del estado. La pregunta será si sus habitantes están de acuerdo o no con que la gobernación les transfiera directamente –saltando el control del Consejo Legislativo y otros entes– los fondos recaudados por la imposición de multas de la Ley de Convivencia estadal para desarrollar sus proyectos.

Caracas. Si la Consulta Popular Miranda 2019, que adelanta la gobernación encabezada por Héctor Rodríguez, da los resultados esperados (que gane el Sí), las comunas de la entidad podrán pasar por “go y cobrar 200”.

En otras palabras, cada comuna comenzará a recibir fondos de manera directa a través del banco comunal, que mediante el órgano de dirección y planificación comunal lo asignará a los proyectos seleccionados.

La consulta, que se realizará el próximo 1° de diciembre, la anunció el propio Rodríguez a comienzos de noviembre. El mandatario regional explicó que se trata de una sugerencia planteada durante el Congreso Nacional de Comunas los días 16, 17 y 18 de octubre.

La idea es que todos los residentes de cualquiera de las 295 comunas del estado Miranda, mayores de 15 años, digan si están o no de acuerdo con que la gobernación transfiera a las comunas los fondos recabados por la aplicación de las multas establecidas en la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana de Miranda (Ley de Convivencia).

La consulta está siendo organizada por la gobernación, Fundacomunal y el Consejo Nacional Electoral, que habilitará 824 centros de votación en todo el territorio mirandino.

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El gobernador ha pedido a su equipo promotor visitar casa por casa en las comunas para explicar las ventajas de recibir fondos sin burocracia. Foto cortesía @HectoRodriguez

En la actualidad, los fondos producto de las multas por la aplicación de la Ley de Convivencia son recaudados por la Gobernación de Miranda y transferidos a la policía del estado, de acuerdo con las siguientes proporciones (artículo 65 de la ley): 30 % para el funcionario policial que impuso la multa; 20 % se distribuye entre todos los funcionarios de Polimiranda activos; y 50 % se destina a la dotación de los cuerpos de seguridad y prevención del estado Miranda.

Entretanto, los recursos que reciben las comunas para el desarrollo de sus proyectos provienen, por una parte, del Fondo de Compensación Interterritorial (que tienen que ser aprobados por el Consejo Federal de Gobierno) de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica de las Comunas; y, por la otra, de las gobernaciones, previo control del Consejo de Planificación Comunal, el Consejo Estadal de Planificación y el Consejo Legislativo del respectivo estado.

“Un procedimiento burocrático”, ha dicho Héctor Rodríguez.

La propuesta del gobernador, a sugerencia del Congreso de Comunas de octubre, consiste en que el pago de las multas por infringir la Ley de Convivencia se haga directamente en el banco de la comuna, sin mayor burocracia ni filtros. Y que sea la propia comuna la que decida a cuál proyecto destinará el dinero.

“Los recursos normalmente van a un fondo que necesita de un procedimiento burocrático, que al desconcentrarlo y entregarlo a las comunas se hará más transparente, porque los vecinos harán contraloría”, ha dicho Rodríguez en días pasados.

De momento no está claro si el pago de la multa se haría en el banco de la comuna donde reside el infractor o donde se cometió la infracción.

Convivir a punta de multas
La quema de basura o la obstaculización del tráfico son multadas de acuerdo con la Ley de Convivencia de Miranda. Foto archivo abril 2017, Francisco Bruzco, Crónica.Uno

La referida ley establece multas que van de 700 a 6500 unidades tributarias (35.000 a 325.000 bolívares), y se cobran por infracciones de distinta naturaleza.

Por ejemplo, el artículo 15 de la ley dice que “toda persona que incite a otros a protestar, mediante la obstaculización del libre tránsito y circulación en las vías públicas, será sancionada con multa de 1400 U. T.”.

También serán sancionados los ciudadanos que afecten el funcionamiento de cualquier servicio público, fabriquen pirotécnicos, quemen desechos en la vía pública o hagan ruidos molestos.

Lo mismo serán multados quienes irrespeten a la autoridad, impidan la función policial, se resistan a un proceso de identificación policial, impidan que una embarazada o un anciano se suba a un autobús de manera prioritaria o conduzcan una moto sin casco.

Los responsables de comercios que permitan el ingreso o la permanencia en el lugar de personas que porten cualquier tipo de armas deberán pagar 6500 U. T.

Vale recordar que esta ley, en la que la palabra multa aparece 29 veces y convivencia 34, fue sancionada por el Consejo Legislativo de Miranda en diciembre de 2017. Un mes antes la Constituyente había aprobado el acto normativo denominado “Ley contra el Odio”. Ambos instrumentos surgieron en respuesta a las protestas de la oposición en ese mismo año.


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