Cuatro razones del fiscal de la CPI para seguir investigando crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela

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Karim Khan, en un extenso documento de 62 páginas que envió a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal con sede en La Haya (Países Bajos), considera que la petición de suspensión que realizó el Gobierno de Nicolás Maduro no está “justificada”.

Caracas. “En Venezuela se persigue y se castigan las violaciones a los Derechos Humanos (…) no hace falta, no tiene razón ni motivo que algún organismo supranacional investigue en sustitución de las autoridades legítimamente constituidas”. Esto dijo el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el pasado 14 de octubre, cuando reveló que su despacho ha imputado a 533 funcionarios por incurrir abusos y vulneraciones a las garantías fundamentales.

Sin embargo, esta opinión no es compartida por el fiscal en Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, quien este martes solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) permiso para continuar sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.

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Sede de la Corte Penal Internacional. Foto: CPI

Pero ¿cuáles han sido los motivos que llevaron a Khan a dar este paso? Una revisión del documento de 62 páginas que el funcionario remitió a la Sala permitió identificar cuatro razones:

Falta de voluntad para investigar

Pese a que Saab ha asegurado que desde 2017 ha abierto investigaciones contra 1.403 agentes por su presunta implicación en detenciones arbitrarias, malos tratos o ejecuciones extrajudiciales, mientras que 1.546 han sido acusados y 769 han sido detenidos, Khan considera que “los procedimientos internos puestos en marcha no reflejan suficientemente voluntad de castigar los crímenes” ocurridos desde 2017.

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Foto: Twitter Ministerio Público

Para sustentar su señalamiento, Khan utilizó las propias cifras que le suministraron las autoridades. Así le explicó a la Sala que de los 893 casos que el Ministerio Público le informó que estaba investigando 606 (67,86%) se encuentran en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera había logrado determinar a los autores de los crímenes. Y apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena definitivamente firme dictada por un juez.

Por su parte, el Fiscal denunció que 238 casos han sido sobreseídos (cerrados) por el despacho de Saab, porque supuestamente los señalados no cometieron los delitos de los que se le señalaba o fueron archivados por falta de pruebas. Sin embargo, 140 han sido reabiertos, tras apelaciones de los fiscales investigadores o de las víctimas

“El fundamento para esta decisión jurídica no está clara y en muchos casos parece inadecuada”, apuntó Khan en su documento.

Otro argumento que dio el Fiscal de la CPI es que 611 los casos estaban siendo considerados como “delitos menores”. Esto, a pesar de que algunos de ellos podían implicar tratos crueles o detenciones arbitrarias.
Khan denunció que 30 casos en los que hay indicios que se cometieron delitos como la tortura este tipo penal no es mencionado, aunque “las víctimas fueron sometidas a diversas formas de tortura y otros actos inhumanos de carácter similar, incluyendo fuertes palizas con bates y objetos cortantes, asfixia
con bolsas de plástico, agua, gas u otras sustancias tóxicas, descargas eléctricas incluso en zonas sensibles partes del cuerpo, amenazas de muerte a las víctimas y sus familias, violencia sexual incluyendo desnudez forzada, violación y amenazas de violación, condiciones muy duras que incluyen iluminación constante, aislamiento en una habitación oscura durante días, sin acceso a baños y privación de alimentos y agua”.

Demoras injustificadas

Khan criticó el hecho de que el grueso de los casos continúe en fase preliminar, pese a que han transcurrido casi seis años desde que ocurrieron algunos de ellos.

“En muchos casos las investigaciones parecen haber estado en gran medida inactivas hasta 2021 o 2022, o se iniciaron en este período, coincidiendo con las solicitudes de información de la Fiscalía (de la CPI) (…) Estos prolongados retrasos apoyan la conclusión de que se llevaron a cabo con la intención de proteger a los sospechosos de enfrentar procesos criminales”, expuso el jurista británico.

La cadena de mando brilla por su ausencia

En su documento, el fiscal Khan no dejó pasar el hecho de que hasta ahora la totalidad de las investigaciones y las escasas condenas impuestas por la justicia han estado dirigidas contra los perpetradores de las violaciones a los Derechos Humanos; es decir funcionarios de bajo rango. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no ha investigado las posibles implicaciones de los altos mandos.

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“La información proporcionada demuestra que no se han tomado medidas para determinar la supuesta responsabilidad penal de los superiores en los centros de detención donde se alega que los subordinados han perpetrado presuntos delitos, o por personas que ocupan cargos de autoridad en las fuerzas de seguridad del Estado cuyos miembros son constantemente acusados de estar involucrados en la comisión de delitos”, se quejó.

La revolución judicial es insuficiente

Khan, en su documento, tomó nota de las reformas legales y administrativas aprobadas por la Asamblea Nacional en materia de justicia. Y aunque las saludó, las consideró “insuficientes”, porque no atacan los problemas más graves que afectan a este Poder Público: Su falta de independencia e imparcialidad.

El Fiscal recordó que en el país la inmensa mayoría de los jueces y la casi totalidad de los fiscales siguen siendo provisorios, por lo cual son designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fiscal General de la República, respectivamente; y también pueden ser removidos por ellos en cualquier momento y sin procedimiento previo que les garantice el debido proceso.

Asamblea Nacional autorizó designación de Félix Plasencia,
Foto cortesía prensa Asamblea Nacional

“Como resultado, su posición es precaria y el ejercicio de sus funciones es susceptible de influencias externas indebidas y lealtades personales o políticas”, alertó el jurista británico.

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Asimismo, el fiscal de la CPI denunció que algunas reformas son un saludo a la bandera. Así puso como ejemplo la modificación a los códigos orgánicos Procesal Penal y de Justicia Militar, a través de las cuales se cerró las puertas al enjuiciamiento a civiles en los juzgados castrenses, pero luego la Sala Constitucional del TSJ volvió a abrir mediante un fallo. También se quejó de que la Comisión de Reparación de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos ni siquiera se ha instalado.

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